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Sindicatos de Salud refutan a Presidencia de CCSS: revisión de acuerdo aprobado para ajuste salarial carece de fundamento legal

Lenín Hernández, de SINAE afirmó que en Gobierno hay un desconocimiento de la legalidad y de la autonomía de la CCSS; Mario Quesada de SINAME calificó de "desafortunadas" declaraciones de presidenta Marta Esquivel; consideran que hay un acuerdo en firme que no se puede ignorar

La cruzada de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra el acuerdo para un ajuste salarial de los trabajadores, fue cuestionada desde su fundamento legal por sindicatos del sector de salud.

Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE), refutó la justificación de Esquivel, quien hoy difundió un video en el que procura matizar su oposición al aumento, al indicar que su propuesta ante la Junta Directiva del pasado 26 de setiembre fue mantener el aumento, pero «relegar o delegar el pago efectivo», alegando que una nota del Ministerio de Hacienda indicaba que la CCSS debía cumplir con la ley 9635, en la que se establece la regla fiscal.

Hernández aseguró que el criterio técnico que presentó Esquivel fue «poco más de una cuartilla, sin fundamento legal». Agregó que lo indicado en la nota firmada por Nogui Acosta, ministro de Hacienda, no sustenta la oposición al aumento salarial.

Por su parte Mario Quesada, Presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME), calificó de «desafortunadas», las declaraciones de Esquivel, resaltando que como jueza, es una persona que tiene un conocimiento profundo de las leyes. «Es un acuerdo tomado en firme por la Junta Directiva, que no tuvo vicios de legalidad. No es de recibo decir que se mantiene el acuerdo, pero que no se paga», manifestó.

Quesada destacó que los sindicatos de salud, organizados en la Alianza de Sindicatos del Sector Salud (ASIPROS) coinciden en que el acuerdo ya se convirtió en un derecho de los trabajadores de la CCSS, por lo que legalmente debe respetarse. «Hay que recordar que se trató de una remuneración que se planteó previo a la ley 9635, y que se suspendió por la epidemia del COVID-19. Pero el propio presidente Rodrigo Chaves ha insistido en que ya no hay estado de emergencia, por lo que procede poner al día los procesos detenidos por la pandemia», dijo.

Hernández también considera que el marco legal no permite oponerse al acuerdo. «Estamos totalmente de acuerdo con relación a la ley 9635, la regla fiscal y la rectoría de Mideplan. Pero desde el 20 de abril, Mideplan, el rector de empleo público, determinó que el aumento salarial si es legal, en estricto apego a la ley 9635 y la regla fiscal», dijo.

Para Hernández, la oposición al aumento revela un profundo desconocimiento del presidente Rodrigo Chaves de la legalidad y la autonomía de la CCSS, y aseguró que hay departamentos legales de varios sindicatos preparando procesos legales en contra de la institución.

El presidente Rodrigo Chaves destituyó al anterior presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, por no coincidir con su visión sobre ese aumento, el pasado 17 de setiembre, y nombró en ese día a Marta Esquivel, quien se desempeñaba como Ministra de Trabajo. Esta destitución también ha sido cuestionada por organizaciones gremiales, ya que el presidente Chaves no tiene la potestad para hacerla unilateralmente: por mandato constitucional solo el Consejo de Gobierno podía realizarla. El Gobierno no ha entregado información que demuestre que ello fue así.

Posteriormente, a solo una semana de su juramentación, Esquivel incluyó el pasado 26 de setiembre el tema del acuerdo salarial, alegando que no su propuesta es mantenerlo, pero «relegando su pago efectivo», hasta que se cumplan con las condiciones de la regla fiscal.

Para los sindicatos, se trata de acciones que atentan contra la autonomía de la CCSS, dirigidas desde Presidencia por Chaves, y que procuran negar un derecho adquirido que se había acordado desde el 2020, para cumplir con obligaciones atrasadas, pero que se suspendió por la pandemia. «Si no hubo vicios de ilegalidad, y es una decisión que la Junta Directiva tomó en firme, ya se trata de una situación consolidada, es un derecho laboral y es irrenunciable», manifestó Quesada.

Por su parte Esquivel alegó que recibió una nota de Hacienda en la que se indica que no hay contradicciones con otros planteamientos en la materia. «Este despacho considera que no se presentó una contradicción en los oficios DM-1034-2019 y DM-1470-2019, sino que mas bien resultan complementarios para explicar la razón por la cual el presupuesto de la CCSS no ha sido objeto de la aplicación de la regla fiscal», dice la nota firmada por Acosta. Y en su video dejó claro que continuará la discusión en la Junta Directiva.

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