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Sinart recorta pago de 20 empleados con trayectoria por “austeridad”, al tiempo que crea nuevos y costosos puestos de confianza

Solo 2 de los nuevos puestos consumen el 60% de lo que la institución planteó ahorrarse al dejar de pagarle dedicación exclusiva a un grupo de 20 empleados.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión recortó los ingresos de más de 20 de sus trabajadores, que acumulan décadas de trabajo en la entidad, argumentando razones financieras, al tiempo que creó al menos dos nuevos “puestos de confianza” con salarios que representan entre el 150% y el 250% del promedio salarial de la institución.

Así lo denunciaron a UNIVERSIDAD varias personas funcionarias que fueron afectadas por la medida y cuyos salarios se redujeron entre ₡100.000 y ₡300.000 mensuales, cuyas identidades se protegen en este reportaje para evitar que en su contra se tomen represalias.

Según contaron los trabajadores y pudo constatar este Semanario, el Consejo Ejecutivo del Sinart decidió, en su sesión ordinaria 019-2023 del 11 de julio de este año, poner “en regla” los contratos por dedicación exclusiva y dejar de pagar este monto a quienes antes, por años, lo recibían.

Varias personas entrevistadas, así como la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en el Sinart, informaron que esa decisión fue unilateral, no se consultó o dialogó con el personal para aplicarla.

Según cuentan, el recorte se comunicó a los empleados un mes después del acuerdo (a mediados de agosto) y comenzó a aplicarse en setiembre, alegando que era una medida para sanear las finanzas de la entidad.

Sin embargo, la institución admite que en febrero creó la plaza de “Director de Estrategia de Negocios” que tiene un salario de ₡2.000.000 y que, aunque es una dirección, “no tiene personal a cargo pero sí está contemplado que lo tenga según el Manual Descriptivo del Puesto”.

Ese puesto lo ocupa, desde su creación y hasta la fecha, Oscar Ramírez Berrocal, quien también se promociona como director de la agencia Signos de Mercadeo S.A.

A la vez, Sinart informó que el 28 de marzo pasado “se acordó la creación y contratación de la

plaza de Jefatura de Planificación y Análisis de Medios” con un salario de poco más de ₡1.200.000.

Para crear el cargo se alegó que este era “urgente” para la Dirección de la Agencia RTN (Dirección Comercial), pues “algunos clientes del SINART exigen dicha figura para poder contratar los servicios que otorga la institución”.

Además, en la sesión ordinaria No 008-2023 del Consejo Ejecutivo (28 de marzo pasado), se nombró a David Tencio en el cargo de manera “temporal (por tres meses)” mientras se realiza el concurso. 

A la fecha, el funcionario mencionado sigue ejerciendo el cargo y —aunque es una jefatura—, según cuentan otros trabajadores, no tiene personal a cargo. Esto se consultó al Sinart cuando se preguntaron los detalles de su contratación, pero sobre ese particular no dieron respuesta.

Tijera para unos, piñata para otros

El salario de Ramírez representa el 247,4% del promedio institucional (₡808.000) y el de Tencio es el 156,8% de esa media, además de que de la suma de solamente de estos dos nuevos puestos, equivale al 60% del monto que —cuando se decidió recortar el ingreso al personal de planta— se alegó que se ahorraría la institución.

“El reconocimiento y pago que realiza el SINART, S.A. a las veinte personas trabajadoras que perciben el plus salarial de la dedicación exclusiva representa una erogación mensual de cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta colones, añadiéndole las cargas sociales el monto asciende a siete millones seiscientos ochenta y cuatro colones mensuales”, se lee en el sustento del acuerdo.

Los funcionarios afectados por el no pago del rubro de la dedicación exclusiva —quienes además llevan años de tener el salario congelado mientras el costo de la vida sube— consideran que esas contrataciones evidencian contradicciones, pues a quienes le han dado años de su vida a la institución se les pide ajustarse, pero sí hay recursos para pagar puestos costosos sin personal o con poco personal a cargo.

“La mayoría de compañeros estamos evidentemente dispuestos a ayudar a las finanzas de la institución, pero que se haga de manera correcta y legal, porque que te quiten de ₡100.000 a ₡300.000 mensuales de un momento a otro, cuando lo has recibido siempre es un daño, económico y moral”, dijo una de las personas afectadas.

Según detallaron, el grupo considera que lo justo es que se les hubiera notificado con tiempo, se les hubiera liquidado para ajustar las condiciones de sus contratos. Por eso, adelantaron que emprenderán diversas acciones legales para “hacer valer sus derechos”.

Gerardo Sequeira, presidente de la seccional ANEP-Sinart, detalló que la medida de recorte viene posponiéndose desde la presidencia de Lorna Chacón (durante el gobierno anterior), cuando, para ajustarse a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se hizo una primera adenda a los contratos, prorrogando el pago del mencionado rubro por un año.

Desde entonces, se aprobaron dos prórrogas más, la última de las cuales venció el 31 de julio de 2023. Justamente, días antes, el Consejo decidió no ampliar más los contratos existentes y solamente dar un “plazo de gracia” al 31 de agosto “para que las personas trabajadoras que mantienen un contrato de dedicación exclusiva con el SINART, S.A. tengan un espacio para tomar las previsiones que correspondan previo a la eliminación de dicho beneficio salarial”.

Sequeira dijo que la seccional se opone a “este tipo de prácticas que atentan contra la salud económica de las personas”. 

Aunque a los trabajadores afectados se les ha dicho que ahora “podrán liberar su práctica y trabajar en otros proyectos por servicios profesionales”, dice, es bien sabido que la exigencia laboral no lo permite y que entonces, no se está dando una solución real al problema que genera este recorte en los salarios de personas que ya de por sí “tienen ocho años de tener los salarios congelados”.

“Nosotros estamos en pie de lucha por preservar los derechos que tienen las personas trabajadoras en esta y en cualquier institución, Costa Rica sigue siendo un Estado de derecho y no es porque a cualquier persona se le ocurrió o se le antojó algo que dictamina una cosa, que perjudica a todas las personas y nos vamos a quedar quietos, no”, concluyó Sequeira.

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