Pasadas las 11 de la mañana, la ministra Rocío Aguilar, se asomó por la ventana desde el sexto piso del edificio de Hacienda, en la avenida segunda de San José, frente al Hotel Costa Rica. Con la mano apoyada sobre la ventana y un gesto de tensión como seguro lo ha tenido desde que asumió la cartera, en mayo, veía pasar una muchedumbre de trabajadores en huelga contra lo que ella impulsa.
Acompañada de sus viceministros Nogui Acosta y Rodolfo Cordero, observada las pancartas contra el plan fiscal y los impulsos de recorte de gasto público que ella ha dirigido como uno de los recursos para sacar de las brasas las finanzas públicas. Lejos de los megáfonos y los cánticos, quizá pudo leer en los carteles el reclamo de los huelguistas: la propuesta es injusta porque no presiona igual a sectores que deber pagar más, dicen.
Era el lunes, día 1 de una huelga indefinida en el tiempo y quizá en los focos de la convocatoria. Era la marcha capitalina como intento de músculo sindical que pretendía impulsar una huelga nacional de trabajadores públicos que, al menos en su arranque, no alcanzó a paralizar el país como lo pretendían los dirigentes.
El movimiento convocado para un tiempo indefinido comenzó con efectos considerables en educación y salud, y trastornos esporádicos en transporte, pero lejos de la expectativa de hacer colapsar el funcionamiento del aparato público, al menos en sus dos primeros días. Las opciones de una negociación no estaban en el paisaje al cierre de esta edición.
La protesta, reflejada en la marcha de miles de funcionarios el lunes hacia el Congreso, chocó contra una estrategia de mano firme aplicada por el gobierno de Carlos Alvarado, que se anticipó a tomar los puertos y desde primeras horas del lunes aplicó el recurso de denunciar la ilegalidad de la huelga. Al final hasta la Asamblea Legislativa tomó esta medida.
Por miedo a consecuencias sobre su salario, por un poder de convocatoria insuficiente o simplemente porque no apoyan la difusa convocatoria de las cúpulas sindicales, miles de funcionarios prefirieron quedarse en sus tareas. Más de lo que esperaban los organizadores, aunque quizá menos de lo que pretendía el Gobierno.
Al cierre de esta edición, martes a las 8 p.m., la huelga cumplía sus dos primeras jornadas y el Ejecutivo reportaba datos sobre una afectación parcial y ninguna señal de ceder en su propósito de aprobar el plan fiscal en la Asamblea Legislativa.
Con ofrecimientos y demandas de diálogo desde ambas partes, pero sin indicios de un acercamiento real, los sindicatos continuaban al menos toda la semana en su pulso contra el Gobierno, contra su política fiscal “injusta” y contra las ideas “neoliberales” en el seno de un gabinete que escogió Alvarado desde antes de tomar el poder.
Con un protagonismo fuerte del veterano y criticado dirigente Albino Vargas, reforzado por la “albinización” desde grupos opositores, la huelga logró congregar a gremios fuertes del sector público y hasta a taxistas opuestos a la operación de Uber en Costa Rica.
También ha motivado fuertes críticas por la intención de los huelguistas de conservar beneficios salariales que superan en calidad y cantidad las condiciones del resto de los trabajadores del país.
Su bandera va entonces más allá del proyecto legislativo 20.580, llamado por el Gobierno “Ley de fortalecimiento de finanzas públicas”, aunque los organizadores de la huelga han utilizado el término “combo fiscal”, en clara evocación de las protestas que detuvieron en el 2000 el objetivo del Gobierno (Miguel Ángel Rodríguez) de abrir las telecomunicaciones del país a manos privadas.
Después de las protestas contra el Tratado de Libre Comercio (2007) y tras una década de dispersión, conflictos internos y agendas particulares, los principales sindicatos del sector público han vuelto a coincidir en una reivindicación generalista e ideológica. Acusan al gobierno de Alvarado de haber relegado su discurso progresista y haber entregado las llaves de la economía del país a sectores políticos que representan al poder económico, con un peso especial del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y la coordinadora del equipo económico, Edna Camacho.
Algunas de las consignas que se cantaban en la marcha del lunes aludían directamente a Camacho. Lo dice José María Villalta (Frente Amplio), único de 57 diputados que apoya la huelga: “Una cosa es un gobierno de unidad nacional y otra es que el PAC renuncie al control de la economía. Hay un temor de que ese sector venga por otras cosas y retomen la agenda de privatización y la agenda dura de reforma del Estado, viendo ya que el PAC es muy débil y cede posiciones fácilmente”, señala.
Alvarado, sin embargo, se mantiene tan firme como lo quiso reflejar en la cadena televisiva del domingo previo a la huelga. En el video grabado en su despacho presidencial, con gestos serios, el mandatario volvió a señalar la necesidad de un plan fiscal que contenga la crisis financiera del Gobierno y evite repercusiones en la economía y las prestaciones sociales, pero sobre todo dejó claro su rechazo a la huelga “injustificada e improcedente” y las previsiones policiales que había tomado para garantizar el control de los puertos de Limón, aeropuertos y expendio de combustible.
Alvarado insiste en haber abierto puertas de diálogo, aunque sus contrapartes le achacan estar indispuesto a negociar. La premisa del Ejecutivo es el alto sentido de urgencia sobre el proyecto fiscal, aunque en su trámite legislativo ha sufrido cambios que ha reducido su posible impacto a un 1,29% del PIB. No hay tiempo para mesas de discusión o comisiones con más actores que, encima, se niegan a ceder en la defensa de sus condiciones laborales, alegan las autoridades.
Los huelguistas van más allá. Alegan que el proyecto carga injustamente contra sectores con menos recursos y que afecta la operación de servicios que los benefician, como las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), como argumenta su rector, Henning Jensen, quien aboga por un plan fiscal diferente. Él fue el único rector de las cuatro universidades estatales en participar en la marcha del lunes.
La UCR tampoco se paralizó, ni ninguna de las instituciones estatales. “40 instituciones trabajan a toda máquina”, se leía en el título de un comunicado de prensa de la Presidencia de la República distribuido al final de la tarde del martes. Aludía a la mayoría de ministerios del Gobierno central y varias instituciones descentralizadas.
El reporte oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) indicaba que en el día 2 de la huelga regresaron a sus funciones la mitad de los trabajadores que se sumaron el lunes. Daba a entender que el movimiento de desinflaba, aunque el diputado Villalta advierte de que en Zapote lo podrían estar subestimando.
“El apoyo de regiones fuera de San José no se refleja en las estadísticas que publica el Gobierno. A pesar del desgaste de los sindicatos, de su mala imagen que sale en la prensa y de lo impopular que resulta tocar servicios públicos, cosa que a nadie le gusta, hay un respaldo fuerte porque hay un hartazgo que se ha venido acumulando”, decía Villalta este martes.
Según Luis Chavaría, secretario general de la Unión de Trabajadores de la CCSS (Undeca), el Gobierno distribuye información falsa y la prensa ha invisibilizado el movimiento. “No sé qué habrá pasado con Recope, pero en general hemos tenido mucho éxito con los bloqueos y la paralización de servicios”, contestó a la pregunta sobre las razones por las cuales no se cumplió el objetivo de “paralizar el país”, como habían anunciado.
Los líderes huelguistas también aseguraban este martes tener planes para toda la semana, con la incorporación de funcionarios que no se habían sumado en el día 1 y 2. “Es un ejercicio de resistencia. A ver quién aguanta más”, dijo una dirigente en Alajuela que pidió no se le identificara por no tener permiso de los voceros nacionales.
¿Qué hay más allá de una huelga indefinida? ¿Qué tácticas pueden aplicar más allá de los bloqueos intermitentes? ¿Es realista que crezca el apoyo a la huelga como ocurrió con el “combo del ICE” en el 2000? ¿Puede escalar a la violencia? Nadie se atreve a pronosticar los pasos siguientes de esta huelga o cómo acabará.
“Cuando no hay claridad en los objetivos de una huelga es difícil saber cómo acabará, y esta huelga no ha sido clara en sus propósitos, más allá de su comprensible llamado a que abra un diálogo social sobre la situación fiscal y cómo se van a repartir los sacrificios. El Gobierno ha sido firme y esto quizá ha tensado la cuerda”, dice un ministro de Gobierno que tampoco se siente autorizado para opinar en público.
El politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) Rotsay Rosales coincide en que la huelga no ha cumplido las expectativas sobre su alcance. “El Gobierno más bien pareciera haber logrado disuadir. Muchos empleados no sindicalizados no se sumaron y el movimiento no tuvo el arranque que se esperó; pero cuidado, que tampoco se puede decir que esto sea un fracaso”, comentó.
Uno de los resultados de la huelga podría ser posicionar la necesidad de un diálogo más amplio en este “gobierno tripartido”, como lo llama él, o “gobierno de unidad”, como lo dice Alvarado desde la campaña electoral.
“Se impone una inminente convocatoria de diálogo social más allá del sistema de partidos, tan erosionado como hemos visto en los últimos años”, señaló Rosales más allá del desenlace que pueda tener la huelga o de su duración.
Rosales recordó la debilidad del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la campaña electoral y la alianza del candidato Alvarado con Rodolfo Piza antes de la segunda ronda en la que triunfó contra el partido Restauración Nacional. Esto, gracias al apoyo de cientos de miles de costarricenses que votaron por él sin ser seguidores suyos, incluidos seguramente muchos de quienes protestaron este lunes y planean hacerlo en los días siguientes.
Colaboró el periodista de Radios UCR David Bolaños
