Mientras unas 70 personas provenientes de comunidades como León Cortés o Frailes de Desamparados se manifestaban el miércoles 22 de junio ante la sede de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), a propósito de la presentación de recursos de revocatoria contra la viabilidad ambiental concedida a un proyecto de gasificación de residuos en la zona Los Santos, Ulises Álvarez, secretario general de la Setena, emitió una resolución en la que buscó enmendar un “error material” en la resolución previa que concedió la viabilidad ambiental.
La enmienda que Álvarez firmó “en representación de la Comisión Plenaria”, según se lee en el documento, no cuestiona la viabilidad, pero notoriamente corrige el considerando sétimo de la resolución de viabilidad, el cual originalmente estableció que “al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”.
La “corrección” de Álvarez señala que muy al contrario, al emitirse la viabilidad “hay apersonados y personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito: FECON/Federación Ecologista de Costa Rica Comunidades de Los Santos (34 firmantes, representados por Osvaldo Durán Castro), Cristopher Meza Sánchez, 2008 Vecinos y Vecinas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Desamparados (No firman, solo es una lista de nombres y cédulas, representados por Luis Andrés Arias Vargas), CATURSANTOS (representado por Silvia Vega Valverde). Sus cuestionamientos y observaciones fueron abordados en el oficio INF-TEC-DT-DEA-0548-2022”.
Otra corrección bastante llamativa es que el área del proyecto según diseño originalmente se consignó de 63.120 metros cuadrados (m²), mismo tamaño de la finca, pero ahora se corrigió a 8.760 m².
La última corrección que hizo el funcionario fue añadir la lista de correos de las personas representantes de la oposición para ser notificadas, la versión original sólo incluyó un correo de un representante de la empresa desarrolladora y de un representante de una empresa constructora.
Al respecto, el activista Oswaldo Durán, vecino de León Cortés e integrante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) observó que en efecto se reconoce la existencia de la oposición al proyecto, pero destacó que “todo lo demás queda incólume, no cambia absolutamente nada, es como un juego de tontitos, no pasa nada, seguimos igual”.
Tal como reportó UNIVERSIDAD, la iniciativa en cuestión se denomina “Proyecto de residuo a energía León Cortés”, fue gestionada por la empresa Agropecuaria Setenta Cuarenta y Ocho S.A. y pretende establecer una planta de gasificación de residuos, un proceso que consisten en calentarlos hasta generar unos gases que se pueden aprovechar para generar energía.
Indignación
Ninguna de las correcciones hechas por Álvarez aplacó la indignación de quienes el miércoles acompañaron a las personas que presentaron los recursos de revocatoria contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto.
Uno de esos recursos fue presentado por la alianza de organizaciones locales y nacionales que se organizó en oposición a la iniciativa, y la otra por el Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), pues se encuentra a menos de los mil metros de distancia que la ley impone como distancia mínima entre proyectos de este tipo y centros educativos.
Durante la manifestación se entrevistó a Marco Antonio Calderón, presidente de la Asada de Frailes de Desamparados quien aseveró que “en este momento podemos decir con toda certeza que si la empresa instala esa planta gasificadora, nuestra fuente de agua se va a ver afectada, porque los residuos que salgan de la incineración, llámense cenizas, tienen que recibir un tratamiento especial y no tenemos certeza de si ese tratamiento que se le va a dar a esos residuos va a ser efectivo”.
Añadió que en el sector donde se pretende construir la planta gasificadora “están la mayoría de fuentes de Santa Cruz de León Cortés, Frailes de Desamparados, L Cuesta de Tarrazú, San Antonio, La Angostura y San Pablo de León Cortés”.
Calderón dijo que no le sorprendió que la Setena concediera la viabilidad a la empresa, al tiempo que reclamó que “nunca hubo audiencias públicas ni visitas de los empresarios a las comunidades”.
“Creo que muchas veces estas instituciones se dejan influenciar por algunas otras cosas y toman las decisiones sin tomar el parecer de las comunidades, lo cual es muy importante, no se puede omitir la opinión de las comunidades”.
Por otra parte, el diputado del Frente Amplio Andrés Robles se hizo presente y se dirigió a los manifestantes para criticar el proyecto de gasificación, pues “no es nuevo, esto no es nueva tecnología ni nada de eso, son proyectos que ya están obsoletos en la mayoría de países del mundo, ya no se hacen, ya no debe realizarse, esto es de otra época”.
“No lo vamos a permitir -aseveró- en la zona de Los Santos ni en ninguna zona de este país, porque deberíamos prohibir que se de la gasificación de residuos en nuestro país”.
Tras anunciar que el martes en Comisión de Ambiente, por iniciativa del diputado Gilberth Jiménez del PLN y del Frente Amplio, se convocó al Secretario General de Setena para que “rinda cuentas de lo que aquí está sucediendo”, afirmó que “las luchas se ganan en los espacios oficiales, en los procesos judiciales, se ganan en la calle, por eso hay que seguir en la calle, hay que seguir denunciando porque es un derecho que tenemos, hay que venir de donde se tenga que venir a decir que las montañas de Costa Rica, que a las zonas rurales de este país no se lleva la basura, ahí no se queman montañas, ahí no se contamina agua”.
El activista Cristopher Meza, quien formó parte de la comitiva que entró a las oficinas de Setena a entregar los recursos de revocatoria, anunció a las personas manifestantes que “ésta es la inauguración de otro proceso de lucha: Vamos a audiencia pública ante el Concejo Municipal de León Cortés, ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa”, para lo cual según dijo desde ya se hacen análisis jurídicos de “todo el expediente administrativo municipal, de todo el expediente digital de Setena y de todo el expediente administrativo en el Ministerio de Salud y de otras instancias del Minae”.
Criticó a la Setena por otorgar la viabilidad a un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental ni siquiera menciona el problema de “muchos contaminantes” que se han relacionado con este tipo de de industrias.
“Venimos de años y años siendo atropellados por la misma institucionalidad pública ambiental. Todo lo pasan sin fundamentaciones técnico científicas, pero cuando se analiza cada resolución administrativa se da uno cuenta de todas las omisiones, de todas la violaciones, en este país nos jactamos del derecho ambiental y del derecho administrativo y va siendo que las instituciones ni eso respetan”, concluyó.
Por su parte Oswaldo Durán, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), también se dirigió a la manifestación para enfatizar que inicia una nueva etapa, “estamos recuperando el entendido de que estas luchas no son de una zona en específico del país, sino que estas luchas son nacionales y de alcance internacional”.
Criticó que “Costa Rica es un país falaz, mentiroso, que tiene una institucionalidad que no actúa acorde con las leyes que tenemos y que se permite sacar resoluciones nefastas como la que acabamos de ver aquí, aduciendo que están haciendo revisiones técnicas cuando en realidad no están haciendo el trabajo que tienen que hacer”.
Insistió en que “Setena no hace el trabajo que tiene que hacer y no lo hace como tiene que hacerlo porque tiene una gran cantidad de técnicos y de gente que no se dónde tiene la cabeza”.
“Eso no se debe permitir ni con esta gasificadora, ni con la piña, ni con la minería ni con la pesca de arrastre”, acotó.
“Muchísimas veces las resoluciones de Setena y de otras instituciones están basadas en puro antojo, como ésta, no tiene fundamento científico ni técnico, no tiene ninguna viabilidad social. La Setena le dio a la empresa un plazo de seis meses y sin haberse cumplido ese plazo le dio uno adicional de 90 días”, criticó.
Durán indicó que permitir el funcionamiento de la planta gasificadora “sería la puerta más nefasta que se abra a este tipo de incineración en Costa Rica para que montones de municipalidades vagas y negligentes le empiecen a vender la basura a esta empresa”.
Tras destacar que ya fueron convocados a la Asamblea Legislativa, “a discutir este proyecto con el secretario general de Setena”, informó que el Ministerio de Salud “está preocupado por esta situación” y añadió que “se está moviendo la institucionalidad de este país porque estamos presionando, estamos ejerciendo los derechos de una manera clara, directa, responsable, documentada científica y técnicamente, pero sobre todo con la movilización de las comunidades”.
