El gobierno de Rodrigo Chaves recurrió a la adopción de expedientes foráneos para maniobrar en la agenda legislativa: el protagonismo de iniciativas de ley con sello de su administración fue mínimo durante su primer año.
Según los datos del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, de mayo del 2022 al 21 de abril del 2023, el Primer Poder de la República aprobó 95 leyes y tramitó 616 proyectos.
De estas leyes, únicamente, siete fueron propuestas por el Poder Ejecutivo de Rodrigo Chaves (7,3%) y ninguna del oficialista Partido Progreso Social Democrático. (ver gráfico).
Y de estos siete proyectos, cinco eran aprobaciones presupuestarias, lo que limitó la cosecha fuera de esta área a la reforma para que el Ministerio de Planificación sea el rector de la modernización de la administración pública, y que cuando los diputados quieran hacer un cambio a la institucionalidad deban consultarle, y una reforma al convenio entre la Unión Europea y Centroamérica para incluir a Croacia.
En cuanto a los proyectos, 39 tenían la firma de Chaves (6,6% del total), y 41 de la fracción del PSD (6,7%); es decir, juntos los expedientes impulsados por el oficialismo apenas superaron el 13%. (ver gráfico).
Hay elementos que se deben considerar, entre ellos, el músculo reducido del oficialismo en la Asamblea (10 diputados de 57), y el tiempo que requiere una propuesta para madurar: de hecho, en este año se convirtieron en ley 20 expedientes heredados por el Poder Ejecutivo de Carlos Alvarado.
Empero, las cifras del primer año permiten identificar señales de las prioridades del Gobierno y su estrategia para la maniobra política.
Adoptar para maniobrar
Un primer elemento que salta a la vista es la ausencia de expedientes con el sello de Chaves en el protagonismo de la primera legislatura. Los eurobonos por los que apostó en esta primera legislatura, la reforma a las jornadas laborales de 12 horas que fue piedra angular en la negociación del primero de mayo e incluso la aplicación de Empleo Público que criticó pero luego abrazó, fueron legados del pasado.
Y no son suficientes para presumir, según el comentario de Norman Solórzano, director del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional. “Esta legislatura 2022-2023 que concluimos ha sido en realidad débil o raquítica en proyectos de ley sustantivos de parte del Poder Ejecutivo, hubo un desaprovechamiento de las oportunidades, lo vimos en las sesiones extraordinarias”, dijo.
Por su parte, Eugenia Aguirre, politóloga e investigadora del Observatorio de Política Nacional (OPNA), de la Universidad de Costa Rica, opinó que hay varios elementos que se deben considerar. “Hay que entender el contexto, hay que considerar el margen limitado de la fracción de gobierno, la labor del Ministerio de la Presidencia, y una agenda que todavía no termina de perfilarse”, manifestó.
Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, considera que se debe valorar la poca experiencia del equipo de Chaves en materia política y especialmente legislativa.
Ante esa realidad, Zapote habría adoptado por adoptar la agenda de la nueva derecha, con lo que pasa a un control de la Asamblea, mediante sus aliados. “Hay que considerar que Casa Presidencial puede haber confiado mucho en el poder de votos y las iniciativas de sus aliados ideológicos y programáticos, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) el Partido Nueva República (PNR), y el Partido Liberal Progresista (PLP)”, resaltó Rosales.
El sello chavista
Los tres analistas coinciden, asimismo, en que tras esta limitada producción de leyes puede encontrarse un enfoque en el que se priorizan los decretos por sobre la legislación. “Prefieren la vía del decreto, en la que pueden decir, este es el camino, que la vía legal”, dijo Solórzano. “La intención del Poder Ejecutivo se ha apegado a los decretos antes que a leyes, aunque los decretos tienen más limitaciones”, dijo Aguirre. “Marca el estilo de este gobierno, centralista y confrontativo, apostar por los decretos, para eludir la deliberación”, expresó Rosales.
Empero, hay ciertos caminos que solo se pueden transitar por la reforma legal. Y en esta encrucijada, los proyectos de ley presentados por el gobierno de Chaves evidencian sus prioridades: de sus 39 proyectos presentados, 9 se relacionaron con reformas de Estado, principalmente para concentrar poder en ministros, y 9 se relacionan con materia presupuestaria y de préstamos.
Es decir, la mitad de sus propuestas se han concentrado en estos campos (46%). El ámbito social quedó relegado, apenas 3 expedientes (7,7% del total). Y, de ellos, uno era la regulación al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), una iniciativa con más motivación de revancha, luego de la primera negociación del FEES.
“La agenda oscila mucho, primero privó la presentación de reforma de Estado, luego los temas de venta del BCR y de acciones del INS, y hace un mes, los proyectos para atender la crisis de seguridad”, manifestó Aguirre, quien resaltó que se perfila una temática económica y fiscal, a partir de urgencias como sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea, y poco contenido social.
La ruta del segundo año
El segundo año representa una coyuntura particular: luego del acomodo del primer año, es el momento propicio para que avancen los proyectos estrella del respectivo gobierno, antes de que el tercer año empiece a dificultar los acuerdos con los fuegos electorales, que en el cuarto año se complican más.
Ante este panorama, el gobierno deberá replantear su estrategia, si espera obtener mejores resultados. “Para el segundo año, debe entender que el proceso de impulsar una ley pasa por la negociación política, y no por la vía de la confrontación”, indicó Solórzano, quien considera que el aprendizaje será necesario si se quieren obtener mejores resultados.
Pero no es el único escenario que se debe considerar. Rosales subrayó que, aunque en el Plenario los resultados no han sido notorios, no se debe perder de vista el trabajo en tres comisiones legislativas: Educación, Energía y Reforma de Estado, en la cual las iniciativas de Gobierno y las fracciones del PUSC, PLP y PNR han logrado dictámenes afirmativos y siguen avanzando.
Estos proyectos claves para concentrar poder en los ministros y reducir niveles de autonomía en general deberán pasar al Plenario, pero en este campo, la alianza de nueva derecha que lidera el gobierno tiene 32 votos: ni siquiera necesitan del PLN para obtener mayoría. “Y muchos de estos proyectos interesan también a sectores del PLN. En realidad, lo que nos debería extrañar es que, con prácticamente 51 votos, hayan sido tan deficientes en aprobar tan poco”, comentó Rosales.
