Informe de seguimiento muestra una división según el tipo de asesinato, lo cual disfraza las cifras reales.
A simple vista, el informe de seguimiento de metas del Gobierno actual en el campo de la seguridad ciudadana muestra un escenario alentador: un check de color blanco dentro de un círculo verde asegura que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) logró su objetivo propuesto hace cuatro años y redujo la tasa de homicidios en el país durante la Administración que ya casi concluye.
Sin embargo, el supuesto cumplimiento de esa meta se contrapone a las noticias de cada día y el panorama no concuerda: homicidios múltiples, feminicidios, ajustes de cuentas y otros muchos términos acaparan los noticieros.
El check contradice también el incremento exponencial de la cantidad de asesinatos ocurridos en el país. Para el 2013, la tasa había logrado reducirse a 8,7 por cada 100.000 habitantes luego de que la administración de Laura Chinchilla arrancara en el 2010 con una tasa de 11,6. El Ministerio de Seguridad de esta Administración prometió reducirla a siete, pero al finalizar el 2017 ya llegaba a 12,1, un récord de homicidios dolosos en el país, con más de 600 crímenes.
Frente a esa realidad, el Ministerio de Seguridad (cuyo jerarca actualmente es Gustavo Mata) tomó una decisión que sorprende a los especialistas en la materia: segregó los homicidios “atribuibles a grupos delincuenciales”; es decir, diluyó la métrica que mide la violencia en el país.
Dejó por separado los homicidios relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico –que es la principal causa del incremento–, y de esa manera logró camuflar el incumplimiento de la meta.
Según el informe de seguimiento y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del 2017, el Ministerio de Seguridad presentó como uno de sus principales resultados, una reducción de tasa de los “homicidios dolosos no atribuibles a grupos delincuenciales”, que pasó de 5,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, a 4,7.
Seguridad incluso lo atribuye a “la creación del Centro de Información Policial (Cipol) e iniciativas de proyectos como el de “Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana” (Aisec)”, según el informe.
No obstante, cuando se planteó el PND, no se consideró una división de la tasa de homicidios.
La viceministra de Seguridad, Bernardita Marín (quien se encontraba como ministra a.í. el lunes cuando se realizó la entrevista), lo justificó con que, posteriormente a que se fijó la meta, fueron “conscientes de que incidir en una tasa de homicidios no es una tarea únicamente del Ministerio de Seguridad Pública; aunque se hacían los esfuerzos de acuerdo a las competencias que le daba la ley, era muy difícil incidir”.
“Entonces se analiza la posibilidad de que, bueno, ¿en qué incidimos o podemos incidir? Bueno, en toda la parte de homicidios que no corresponde a crimen organizado, con vigilancia, monitoreo, estrategias para atender comunidades, estrategias para atender robos; entonces se decide dividir esa tasa, limpiarla, para ver qué cosas con nuestro trabajo y nuestras estrategias y equipo realmente podemos incidir”, argumentó Marín.
La viceministra adujo que, cuando se trata de crimen organizado, si los criminales pretenden asesinar a una persona lo harán aunque la víctima “esté rodeada de policías”. “Ya al tipo que quieren matar no les importa dónde está, si está solito, acompañado, en un carro o a pie, no les importa”, afirmó.
Marín consideró que el Ministerio de Seguridad sí tiene responsabilidad pero que esta no es exclusiva, sino que deben intervenir otras instituciones que atienden el ámbito social y que, aunque esta coordinación se ha realizado, “siempre se puede mejorar”.
A pesar de estos argumentos, otras personas que se desenvuelven en el ámbito de la seguridad del país desconocen la razón por la cual se realiza una segmentación de la estadística de acuerdo con el tipo de homicidio, que es totalmente inusual en los estándares internacionales.
El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura (quien se jubiló en mayo del 2015), manifestó que “no se pueden hacer esas divisiones en el camino porque resulta ahora muy fácil decir que los homicidios que no son de crimen organizado sí bajaron y los otros no. Pero no hay un parámetro para medir eso, los homicidios son homicidios en un universo”.
Segura indició que, si bien a Seguridad le corresponde realizar acciones con propósitos preventivos y al OIJ la represión (investigación del hecho una vez cometido), las estrategias de Seguridad pueden prevenir todo tipo de delito.
“Por ejemplo, el caso que se dio el otro día, donde el MSP detuvo a unas personas y dentro del carro iban unos cuerpos, si los hubiesen detenido diez minutos antes y hubiesen encontrado a esas personas con vida, hubiesen prevenido homicidios de crimen organizado. La prevención se hace en una totalidad”, señaló.
El actual jerarca de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, también explicó que la tasa de homicidios es una sola.
“Utilizamos el factor tasa como indicador porque es el método que se utiliza mundialmente para medir violencia, de manera tal que, cuando se cuantifican los homicidios, únicamente se alude a la cantidad de homicidios intencionales o dolosos en determinada área geográfica o Estado, sin distingos de ninguna naturaleza. Porque lo que se pretende es que usted pueda hacer comparaciones más o menos válidas y que representen situaciones relativamente semejantes. Cuando usted secciona la tasa, el factor de interés de existencia de ese indicador pierde sentido”, apuntó el director del OIJ.
Espinoza consideró que se puede desagregar el dato para “ir comprendiendo la realidad y hacer políticas públicas”, pero que la tasa corresponde a la cantidad total de los asesinatos.
Desde la semana pasada UNIVERSIDAD intentó conversar con el ministro Mata, pero al cierre de la edición no fue posible concertar la entrevista. Inicialmente el jerarca alegó que estaba fuera del país y luego que se encontraba enfermo.
Cambios y crímenes en aumento
Concluida la gestión del exministro de Seguridad, Mario Zamora, en el 2014, asumió la cartera quien entonces era el viceministro, el entonces mediático abogado Celso Gamboa.
No obstante, Gamboa terminó su gestión como ministro apenas un año después para regresar al Poder Judicial, donde había laborado anteriormente. El abogado tomó el cargo de subjefe del Ministerio Público y, posteriormente, saltó a la magistratura en medio de una carrera cuestionada por sus vínculos con el empresario cementero, Juan Carlos Bolaños, que culminó con su destitución el pasado 10 de abril.
En febrero del 2015, cuando Gamboa salió de Seguridad, el liderazgo del ministerio fue asumido por quien era su segundo a bordo y quien anteriormente fue subdirector del OIJ, Gustavo Mata.
A pesar de la renuncia de Gamboa al Poder Ejecutivo, la cercanía con el ministerio pareció mantenerse al punto de que, durante una huelga de empleados judiciales, en julio del año pasado, el entonces magistrado se atribuyó la potestad de ordenar a Seguridad “intervenir” en la morgue judicial. Ante ello, el ministro Mata y el jefe de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, anunciaron en sus redes sociales que hicieron una “toma de control” de la sede judicial por solicitud de su exjefe.
Al tiempo que estos vaivenes políticos se daban, la seguridad del país fue decayendo, según revelan las estadísticas recopiladas por el OIJ hasta el año pasado. Aumentaron las tasas de asaltos, de robos a viviendas, de robos y tachas a vehículos y –como ya se ha dicho– los homicidios dolosos.
El ministerio se defiende alegando que sobrepasó la meta de disminuir la incidencia delictiva en 80 distritos del país pues lo logró en 159 distritos; sin embargo, Costa Rica tiene 484 distritos.
En cuanto a los homicidios, estos no solo aumentaron en cantidad, sino en violencia. De los ocurridos el año pasado, el 50% corresponden a “ajustes de cuentas o venganzas” (relacionado a crimen organizado) y la gran mayoría se cometieron con armas de fuego.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, explicó a UNIVERSIDAD que de la mitad de ese 50% ya se tiene certeza de que están relacionados con problemas por drogas. Indicó que la mayoría de estos crímenes se relacionan con grupos de tráfico interno de drogas debido a que ha aumentado el consumo y estas organizaciones se enfrentan por lograr establecerse en territorios.
Espinoza indició que si bien el trabajo que le corresponde a esta entidad es reprimir el delito, sus investigaciones también tienen un efecto preventivo. “En general manejamos una tasa de resolución de homicidios que anda por el 70%. Es una tasa alta en comparación con el resto de la región”, apuntó.
No obstante, enfatizó en que la reducción de los homicidios requiere de un “reforzamiento de la estructura social, que son trabajos a largo plazo que implican coordinación interinstitucional”.
“Como policía hacemos retenes, vigilancias, decomisos de armas de fuego, incursiones en vivienda, allanamientos, intervenir comunicaciones… Eso provoca que ingresemos mucha gente a la cárcel pero no necesariamente se va a manifestar en una reducción de homicidios. Más bien eventualmente podría provocar que se mantenga el mismo nivel o que haya enfrentamiento”.
“Lo que han dicho las experiencias en otros países es que el mejor recurso es tratar de reorganizar el sector social del país; o sea, brindar más oportunidades de trabajo a los jóvenes, garantizar que se mantengan vinculados a los esquemas educativos, mejorar el entorno donde se desarrollan las familias”.
“No puede pensar el Estado que solo el OIJ va a resolver el problema con la tasa de homicidios, porque nosotros somos el brazo armado y cuando, por ejemplo, hacemos un allanamiento, a veces quedan jóvenes, niños, adolescentes y ese grupo es el que debería abordar el Estado para evitar que sean absorbidos por la misma criminalidad”, señaló el jefe policial. Este además añadió que, actualmente, “no hay una articulación bien definida. El Poder Ejecutivo debe mejorar esa coordinación e integrar también a la policía”.
Los avances
Entre otras de las metas propuestas por Seguridad hace cuatro años, y que sí tuvieron un mejor desempeño, se encuentra incrementar en 56% las investigaciones exitosas en narcotráfico, realizadas por la Policía de Control de Drogas (PCD), pues ese objetivo casi se duplicó. En ese periodo, la PCD logró desarticular a más de 500 organizaciones dedicadas al negocio de las drogas.
También se incorporaron 16.004 funcionarios policiales “a procesos de formación, capacitación y especialización según oferta académica que brindó la Escuela Nacional de Policía”.
Además, la viceministra Marín mencionó que el año pasado se contrataron 1.500 policías y que este año se finalizará la contratación de 1.000 más.
La funcionaria resaltó, además, la construcción de 11 modernas delegaciones con dinero de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las que están finalizadas son las sedes de Liberia y Santa Cruz, Palmares, Alajuela, Pérez Zeledón, Guararí, Sarapiquí Carrandí y Esparza. Están en construcción las de Parrita y Puntarenas.
Además, destacó la construcción de la nueva Escuela Nacional de Policía, ubicada en Pococí de Limón, gracias a una donación del Gobierno de China.
Marín estimó, sin embargo, que todavía falta mucho por hacer, pues alrededor del 70% de las delegaciones requieren mejoras o construcciones nuevas, puntualizó.
Bernardita Marín
Viceministra de Seguridad: “Quizás no se fue muy consciente de que íbamos para una situación de hecatombe”
¿Por qué en el Ministerio de Seguridad consideraron que no pueden incidir en el ámbito del crimen organizado y a quién entonces le corresponde atender la situación?
–Cuando es por crimen organizado, cuando es por sicariato, si van a matar a Bernardita Marín, la pueden rodear de policías, que va a morir, porque ya está definido de esa manera. La mayoría (de homicidios) eran por sicariato, ajustes de cuentas y eso es muy difícil, lo hemos visto.
¿Eso significa que Costa Rica no puede hacer nada frente a ese tipo de delincuencia? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de tomar acciones?
–Recae sobre el Ministerio, pero no solo sobre el Ministerio. Este un trabajo conjunto del OIJ, del Ministerio de Seguridad Pública, de la Fiscalía, e incluso de las mismas instituciones que puedan estar relacionadas con comunidades o con sectores vulnerables. Entonces la intervención es de muchas instituciones. ¿Y eso se ha dejado de hacer? No se ha dejado de hacer. No por dividir la tasa, o por limpiar la tasa, dijimos que de lo otro no nos vamos a encargar, se va a seguir trabajando en eso. El asunto era la incidencia directa.
No es la primera vez que se dice que el abordaje a este problema debe ser integral o interinstitucional. Entonces, si eso se sabía desde hace cuatro años y tiene que ver con otras instituciones del Poder Ejecutivo, ¿fallaron en la articulación con otras instituciones? Porque si la medición no se hace conforme a como se planteó la meta, pareciera que es muy fácil cumplirla.
–Yo creo que en eso no se ha fallado. De que se puede mejorar siempre se puede mejorar, pero hay algunos factores externos que probablemente el país en aquel momento no consideró, por ejemplo, que se triplicó la cantidad de droga que está viniendo (…) Quizás no se fue muy consciente en ese momento de que íbamos para una situación de hecatombe, de que iba a estar pasando muchísima droga y de que esta droga trae muchísima violencia.
Foto de Bernardita: (Foto: Katya Alvarado).
