Es una recomendación de la OCDE

Sectores no quieren perder el secreto bancario pese a la crisis fiscal

Hoy solo el Ministerio de Hacienda debe pedir permiso a un juez cuando requiere investigar una posible evasión de impuestos.

Desde hace varios años la propuesta de levantar el secreto bancario en el mundo dejó de ser una bandera de la izquierda que era izada en el contexto de la “lucha de clases” contra la concentración de la riqueza que propiciaban los gobiernos “neoliberales”.

Ahora es promovida por una entidad como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países capitalistas más prósperos y a otros que no tanto, pero que están dispuestos a adoptar ciertas buenas prácticas de transparencia, eficiencia económica y justicia social.

Según un documento del 2016 de esta organización, “la evasión fiscal está generalizada en Costa Rica. Las pérdidas de ingresos tributarios como resultado de la evasión fiscal son muy altas, particularmente en cuanto al impuesto a la renta de las corporaciones… estas evaden el pago del 70% del impuesto a la renta cuando deben pagar la tarifa del 30%. El no pago del impuesto de ventas también es un asunto crítico. Dados los altos déficits fiscales, hacerles frente a esos altos niveles de elusión y evasión es crucial y debería ser un foco clave de cualquier reforma fiscal” (ver el cuadro).

Sin embargo, la propuesta de eliminar el secreto bancario en Costa Rica, planteada la semana pasada nada menos que por el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante su interpelación por la Asamblea Legislativa, como instrumento para combatir la evasión fiscal, ha puesto a la defensiva sobre todo a algunos de los sectores políticos y empresariales que se veían más interesados, hasta ahora, en acelerar el ingreso del país a la OCDE.

Empezando por el presidente de la comisión legislativa para el ingreso de Costa Rica a la OCDE, el independiente Jonathan Prendas, quien consideró que el ministro se había vuelto “loco” por hacer tal propuesta.

El levantamiento del secreto bancario parece ser, así, la “Línea Maginot” con la que Francia pretendió detener cualquier futura invasión alemana después de la Primera Guerra Mundial: sería el “hasta aquí, nomás”, no solo de los costarricenses más adinerados, sino también de los más o menos que no quieren que Hacienda conozca la magnitud exacta de sus ingresos y que les apliquen los impuestos correspondientes.

La polémica se asemeja a una comedia del absurdo cuando se toma en cuenta que el país ha firmado convenios de transparencia fiscal con más de 150 países los cuales, hoy mismo, pueden pedirle a cualquier banco en Costa Rica la información de las cuentas bancarias de un cliente sospechoso.

Sin embargo, el Código de Comercio sí obliga al Ministerio de Hacienda a solicitar a un juez el permiso para poder conocer la información bancaria de un contribuyente que se encuentre bajo investigación por sospecha de alguna clase de fraude fiscal.

“Tenemos la paradoja de que, si Estados Unidos o Nicaragua piden la información, los bancos de aquí les tienen que dar la información directamente, sin pasar por un juez, pero si nuestro propio Ministerio de Hacienda la pide para fiscalizar el pago de impuestos en Costa Rica, no se puede, porque la ley no lo permite”, dijo el diputado José María Villalta (ver también la entrevista).

Bernardo Alfaro, superintendente de Entidades Financieras: “La Sugef no se encuentra afecta al secreto bancario para el cumplimiento de sus funciones”. (Foto: Katia Alvarado).

No solo esto, el superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro, afirmó que este obstáculo del Código de Comercio “y del derecho constitucional a la intimidad previsto por el artículo 24 de la Carta Magna” para efectos de las investigaciones del Ministerio de Hacienda tampoco aplica en el caso de la entidad que dirige, pues su labor es de supervisión y no está asociada con el pago de impuestos.

“El secreto bancario en Costa Rica se encuentra establecido en el artículo 615 del Código de Comercio. De acuerdo con esa norma, la Superintendencia General de Entidades Financieras, por disposición expresa, no se encuentra afecta al mismo para el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, no existe afectación alguna a sus potestades supervisoras”, respondió a nuestra consulta.

Desde el año 2010, la OCDE urgió a Costa Rica aprobar legislación que elimine el secreto bancario para fines tributarios. Además, el país forma parte de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, de la OCDE, en la cual participan 129 países.

Y Costa Rica suma ya 20 acuerdos bilaterales que facilitan a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda intercambiar información de manera rápida con igual número de jurisdicciones, con el fin de evitar maniobras de elusión y evasión tributaria.

Complementariamente, desde el año pasado también entró en vigencia el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), cuyo objetivo es reducir la evasión fiscal, permitir el intercambio de información de carácter tributario con otros países con los que Costa Rica tenga convenios suscritos y combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Lo anterior, porque la reforma de varios artículos de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, ordena supervisar a profesionales en derecho, contaduría y otras profesiones que realicen transacciones para clientes dedicados a las siguientes actividades, que también serán supervisadas: casinos; compra y venta de bienes inmuebles; comercio de metales y piedras preciosas; organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo o que mantengan relaciones con matrices, sucursales o filiales extranjeras ubicadas en ellas; administración de dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente.

También las dedicadas a la operación, administración de la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, registro y administración de fideicomisos; las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando realicen esta actividad bajo los parámetros y definiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras; casas de empeño; y emisores y operadores de tarjetas de crédito.

Para la entrada en vigencia del RTBF el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas tuvieron que cumplir con las directrices de seguridad establecidas por el Banco Central de Costa Rica, entidad responsable de administrar el Registro y que funge como custodio de los datos, aunque no puede tener acceso a ellos.

Aun así, quienes resisten facilitar el acceso de Hacienda a las cuentas bancarias de contribuyentes bajo investigación, expresan el temor de que esa información pueda ser mal utilizada, a pesar de las garantías que ofrece el ministro Chaves.

Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que agrupa tanto a los bancos privados como a los públicos, argumentó que su representada “por razones de principio siempre ha defendido la posición de que medie la solicitud de un juez para levantar el secreto bancario. Es importante considerar que los datos son sumamente sensibles y por seguridad ese procedimiento se debe mantener”.

“La ABC considera que no es conveniente el levantamiento del secreto bancario en la forma en que se está planteando, dando acceso a toda la información, sin discriminación de ningún tipo, para que la procesen y saquen conclusiones, eso está prohibido en la gran mayoría de países desarrollados”, alegó.

Añadió que “el derecho a la privacidad es un derecho constitucional de los costarricenses y se cede ante casos específicos, siempre y cuando exista la intervención de un juez de garantía, figura que para la ABC es muy importante”.

También tratamos de conocer la opinión de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, pero al cierre de esta edición, no había respondido.


Diputado José María Villalta

“Es una cosa absurda”

 María Flórez-Estrada Pimentel

maria.florez-estrada@ucr.ac.cr

¿Qué plantean los proyectos para levantar el secreto bancario que actualmente se encuentran en la corriente legislativa?

—Hay dos proyectos de ley presentados sobre este tema. Uno fue presentado por la fracción del Frente Amplio del período anterior y tiene un dictamen afirmativo de minoría en el Plenario. El otro está en la Comisión de Asuntos Hacendarios y fue presentado por algunos diputados de la fracción del PAC.

Diputado José María Villalta: “Tenemos la paradoja de que, si Estados Unidos o Nicaragua piden la información, los bancos de aquí les tienen que dar la información directamente, sin pasar por un juez”. (Foto: Katia Alvarado).

Los dos son bastante similares y básicamente lo que buscan es autorizar al Ministerio de Hacienda el poder solicitar directamente a los bancos la información sobre cuentas bancarias de obligados tributarios, específicamente cuando estén en el marco de una investigación de lucha o de combate contra el fraude fiscal, para prevenir o para combatir la evasión de impuestos o alguna otra forma de fraude fiscal.

Hoy la ley permite que el Ministerio de Hacienda levante el secreto bancario, pero tiene que hacer un engorroso trámite ante el juez contencioso administrativo; es decir, tiene que hacer un trámite judicial.

Si Hacienda tiene sospecha de que alguien está evadiendo impuestos, para poder recibir información sobre las cuentas bancarias de esa persona tiene que hacer un trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo que no baja de tres a seis meses y eso lo que provoca es que, evidentemente, en ese tiempo, se facilita que la persona distraiga la plata, la mande para otro lado, para un paraíso fiscal o para otras cuentas que no están incluidas en  la solicitud; entonces, es un trámite muy engorroso.

 “Si Hacienda tiene sospecha de que alguien está evadiendo impuestos, para poder recibir información sobre las cuentas bancarias de esa persona, tiene que hacer un trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo que no baja de tres a seis meses y eso lo que provoca es que, evidentemente, en ese tiempo, se facilita que la persona distraiga la plata, la mande para otro lado, para un paraíso fiscal o para otras cuentas”.

Diputado José María Villalta.

Lo que pasa es que ya Costa Rica tiene convenios de intercambio de información tributaria con más de 100 países, incluidos todos los de la OCDE, pero también con muchos otros países latinoamericanos, incluso países de África y de Asia donde el país se obliga -cuando el Ministerio de Hacienda de estos otros países soliciten la información tributaria para fiscalizar deudas tributarias de sus ciudadanos o de costarricenses en esos países-, a enviarles la información directamente, sin pasar por la solicitud de un juez.

Entonces, tenemos la paradoja de que, si Estados Unidos o Nicaragua piden la información, los bancos de aquí les tienen que dar la información directamente, sin pasar por un juez, pero si nuestro propio Ministerio de Hacienda la pide para fiscalizar el pago de impuestos en Costa Rica, no se puede, porque la ley no lo permite.

Entonces, es una cosa absurda y eso desbarata, por supuesto, los argumentos de que se va la inversión, porque este mecanismo, como dice el Ministro de Hacienda, ya está en más de 150 países a nivel mundial, de todo tipo, no solo desarrollados sino también países mucho más desarrollados que nosotros.

¿La reforma fiscal del año pasado introdujo modificaciones de algún tipo al secreto bancario?

—No, definitivamente esta reforma no se incluyó en el plan fiscal. Esta reforma formaba parte del paquete de medidas recomendado por la Comisión de los Papeles de Panamá, pero no quisieron incluirla.

Nosotros lo planteamos vía mociones, pero fueron rechazadas esas mociones. Es un tema que la mayoría de partidos que apoyaron la reforma fiscal no quiso incluirlo, a pesar de que estaba en las recomendaciones muy fuertes, en el sentido de hacer este cambio.


 

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