Con seis meses de vida se resquebraja la alianza opositora que controla el Directorio de la Asamblea Legislativa, tras rencillas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con Liberación Nacional (PLN), atizadas por los fuegos electorales anticipados que se agitan en las formaciones políticas de cara al 2018.
La campanada vino del PUSC con la denuncia pública de que el PLN, al apoyar con otros partidos la aprobación del impuesto a las sociedades anónimas, incumplió el documento suscrito el 1 de mayo por la alianza, denominado “Acuerdo de agenda de interés nacional, Legislatura 2016-2017”.
El pacto se firmó en torno a una agenda de proyectos que daban prioridad al recorte del gasto y mejora de la recaudación fiscal, por encima de la aprobación de impuestos que pretende el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
Esto implica que primero deben aprobarse, al menos en primer debate, los proyectos de ley del control del gasto público excesivo, para seguir así un orden lógico y lograr una solución integral al problema fiscal, apuntó en el plenario legislativo el jefe de la bancada socialcristiana, Gerardo Vargas Rojas.
Posteriormente, los socialcristianos anunciaron que retiran su apoyo al acuerdo fraguado con el PLN, el cual permitió que una mayoría de diputados aprobara recortes al proyecto de Presupuesto Nacional 2017, en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El plan incluye un recorte de gastos por un total de ¢23.000 millones, y una reasignación de ¢47.000 millones que se le quitaron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para trasladarlos a los Ministerios de Seguridad y de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Aunque lo votaron favorablemente en la Comisión de Hacendarios, los socialcristianos ahora dicen que no lo respaldarán en el plenario legislativo, donde se necesita una mayoría calificada de 38 votos para que pase.
Este choque entre las mayores fuerzas de la alianza opositora hace realidad los temores que en su momento externaron algunos legisladores liberacionistas respecto de que el 1 de mayo se estaría firmando improvisadamente una agenda que algunos, luego, no iban a respetar para evitar conflictos de cara a las elecciones del 2018.
Y es que faltando poco más de un año y dos meses para los próximos comicios, los afanes electorales ya empezaron a interferir en el trabajo de los diputados, clara señal de eso es un aumento de las ausencias en el plenario.
En el PLN un enjambre de precandidaturas agita las aguas, empezando por la del diputado Rolando González, y la de Antonio Álvarez Desanti, actual presidente del poder Legislativo, quien la semana pasada oficializó la suya rompiendo la promesa que había echo de no volver a postularse para el cargo presidencial.
Álvarez y González se verán las caras en la convención liberacionista, en abril próximo, con el expresidente José María Figueres, el abogado Enrique Rojas Franco y los exdiputados Sigifredo Aiza y Clinton Cruickshank, quienes también integran la lista de precandidatos.
En el PUSC las aspiraciones presidenciales de Rafael Ortiz, anterior presidente legislativo, y Rodolfo Piza, excandidato y actual secretario general de la agrupación, tienen confrontados desde hace varios meses a la dirigencia y a los diputados de la formación, en los esfuerzos por demostrar cuál tendencia tiene mayor apoyo popular.
A la puja abonó la semana pasada el exmandatario socialcristiano Abel Pacheco, quien anunció su apoyo a Ortíz describiéndolo como un genuino representante del legado socialcristiano del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, apartándose de su anterior promesa de mantenerse neutral en la contienda interna.
En la bancada, Ortíz es apoyado por los diputados Humberto Vargas y Jorge Rodríguez, mientras que la mayoría responde a Piza, quien no ha oficializado su precandidatura pero trabaja desde hace meses en ella; y a quien en la lucha interna la otra tendencia tacha de representar a la derecha neoliberal en contraposición con los principios socialcristianos que dice representar.
A la convención del PUSC, programada para junio del 2017, también acudirán como aspirantes a la candidatura Miguel Carabaguíaz, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), y el empresario Gerald Murray.
ALIANZA
Ante la pregunta de si el choque con el PLN significa la ruptura de la alianza opositora en el congreso, el jefe de bancada del PUSC, Gerardo Vargas, replicó que su alianza no es con Liberación Nacional, sino con la responsabilidad fiscal y con el pueblo de Costa Rica.
“Hemos denunciado que Liberación Nacional ha incumplido y seguiremos denunciando ante la opinión pública cada vez que alguien se salga de ese acuerdo e incumpla su palabra (…) Vamos a seguir manteniendo respeto hacia ese acuerdo que hicimos con el pueblo de Costa rica y vamos a demostrar a los costarricenses que el Partido Unidad sí cumple su palabra”, afirmó Vargas.
Mario Redondo, diputado de la Alianza Demócrata Cristiana y uno de los más duros críticos del Gobierno de Luis Guillermo Solís dentro de la alianza opositora, consideró que “no necesariamente” la alianza está acabada tras el desacuerdo entre el PUSC y el PLN en torno al impuesto a las sociedades, pero reprochó que los socialcristianos estén sacando provecho político del tema.
Su explicación de lo que sucede es que este impuesto “siempre fue un tema discutible”, porque era visto como algo en lo que había bastante consenso y tenía que tramitarse, y así lo interpreta el PLN.
“Lo que pasa es que la Unidad trata de aprovecharse políticamente del tema de manera muy anticipada e inconveniente”, apuntó Redondo.
“Hay temas en donde no se vale empezar a sacar espadas electoreras desde ahora, hay temas que son temas país y la seguridad (a la que se destinará el impuesto a las sociedades) es uno de estos”, señaló.
Si se está en la oposición y se es un partido con vocación de gobierno, se tiene que pensar en que no se vale ganar las elecciones sobre las cenizas de un país, de manera que este es un asunto de responsabilidad, añadió.
Además, el proyecto en su contenido actual está moderado, escalonado, resguarda a las mini y microempresas, no van a pagar lo mismo una sociedad de una empresa mediana y una que gana millones, y parece muy razonable, remarcó Redondo; coincidente con lo argumentado por los legisladores del PLN para darle luz verde al impuesto junto a diputados del Partido Acción Ciudadana (Gobierno) y del Frente Amplio.
“Alianza fue con Costa Rica, no con el PLN”
Gerardo Vargas Rojas, jefe de bancada del PUSC, sostuvo que la agrupación ha insistido en que primero hay que entrarle al gasto público y después valorar si hacen falta o no nuevos impuestos. Ese fue el espíritu del acuerdo del 1 de mayo que dio origen a la alianza opositora en el parlamento y ellos lo han cumplido, afirmó.
“Nosotros hemos denunciado que Liberación Nacional ha incumplido y seguiremos denunciando ante la opinión pública cada vez que alguien se salga de ese acuerdo e incumpla su palabra.”
“Vamos a seguir respetando el acuerdo porque la alianza no fue con Liberación Nacional, fue con el pueblo de Costa Rica, para poner orden en las finanzas públicas, no para que se nombrara a nadie en un puesto en el directorio legislativo. Vamos a seguir manteniendo respeto hacia ese acuerdo y vamos a demostrar a los costarricenses que el Partido Unidad sí cumple su palabra”, expresó.
¿Cree que él dio un giro por cálculo electoral?
-Sus cálculos electorales son problema de ellos, nosotros no vamos a guiarnos por cálculos electorales, vamos a guiarnos por los principios; los principios están planteados en el acuerdo del 1 de mayo y vamos a seguir respetando esos principios y ese acuerdo aunque otros incumplan.
