En un Estado en quiebra ningún derecho está garantizado. Así interpretó la Sala Constitucional el momento histórico y comprometedor que el país vive en la antesala de una crisis fiscal que solo se puede contener por una reforma que traiga nuevos ingresos.
La Sala Constitucional fue la última estrella de toda una constelación de fuerzas políticas que se alinearon para llevar a buen puerto la principal arma para combatir el elevado déficit y evitar el colapso de la economía nacional.
El mismo discurso del presidente de la Sala, Fernando Castillo, aludió al momento crítico de las finanzas del Estado y a la continuidad en la prestación de servicios sociales a personas vulnerables.
“Estamos en una crisis económica y no es cualquier crisis; es una que ronda el 7% del PIB. Esa crisis está documentada con estudios técnicos de la Contraloría, Banco Central y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR. La Sala entiende que hay una crisis severa de las finanzas nacionales. No es una crisis liviana, sino una crisis de una dimensión importante”, declaró Castillo, el viernes por la noche.
Castillo alegó que en el voto se hizo un balance entre el Estado social de derecho y la necesidad de darle sostenibilidad financiera para encontrar un equilibrio.
“La Sala entiende que estamos en una crisis importante; estamos hablando de un 7% del Producto Interno Bruto. La Sala no puede desconocer esa realidad, pero tampoco desconoce que somos un Estado democrático de derecho. No se puede dejar de lado que hay una serie de servicios sociales que el Estado tiene que seguir prestando, sobretodo a las personas más vulnerables”, agregó.
Para un grupo de especialistas del derecho no hay duda: el voto a favor de la reforma fiscal fue una decisión política en donde lo constitucional pasó a un segundo plano.
Se trata de una resolución que no encontró vicio alguno en los artículos cuestionados y no entró a ver un proceso, dado que se utilizó una especie de atajo que disminuyó los tiempos y evitó prolongar discusiones en el seno del Parlamento.
La Sala decidió no entrar a ver ese procedimiento porque existían firmas repetidas y porque esa consulta entró tarde al expediente. En 2012 la Sala ya había rechazado entrar a ver consultas extemporáneas, por lo que esta decisión fue vital para que el proyecto recibiera la bendición constitucional.
Este mismo atajo, denominado vía rápida o “208 bis”, no superó el filtro de la Sala Constitucional en 2006 y 2012. Sin embargo, de manera unánime, los magistrados se alinearon con las voluntades políticas y reconocieron un nuevo elemento que no estuvo en esos años: la crisis a la vuelta de la esquina.
Para el académico y exmagistrado Walter Antillón, el voto de la Sala fue “completamente político”. “En esta etapa de la pelea hay una clara fusión de los intereses y objetivos de los tres poderes y esto, pues, es muy preocupante. La Sala IV fue cultivada, fue sometida a una receta previa. El nombramiento de Jorge Araya es significativo (el magistrado fue nombrado durante la consulta facultativa)”, aseveró.
Antillón aseguró que el discurso de la Sala IV distó de enfocarse en criterios jurídicos y, más bien, se dedicó a usar términos técnicos ligados a la economía.
“Ahora usted ve que el discurso de la Sala Constitucional no gira alrededor de la interpretación de las reglas, sino versa acerca de situaciones políticas. Uno ve las declaraciones del presidente de la Sala, que habla del PIB, del déficit, utilizando el mismo discurso de la Asamblea Legislativa. La Sala no está para hacer discursos del PIB, sino para la interpretación”.
En una misma línea, el diputado frenteamplista y opositor del proyecto fiscal, José María Villalta, coincidió con su excompañero de candidatura presidencial.
“Era improbable que la Sala frenara el proyecto después de las fuertes presiones políticas y mediáticas a las que han sido sometidos los y las magistradas y el Poder Judicial durante las últimas semanas. De hecho, es una sentencia que se inscribe en ese clima enrarecido de amenazas y presiones políticas extraordinarias más que en el campo del análisis jurídico reposado”, reclamó Villalta en una publicación en sus redes sociales.
Consultada al respecto en el programa radial Hablando Claro, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, calificó el fallo de la Sala IV como una “lectura integral de la Constitución”.
“Es un voto realista. La Sala debe estar perfectamente clara en que hay un conjunto de derechos en la constitución que podrían verse vulnerados si no resolvemos la reforma fiscal. Es una lectura integral de la Constitución, más bien. Un Estado mal financiado no puede atender ese conjunto de derechos”, aseguró la jerarca.
Sobre esta visión, el exmagistrado constitucional, Gilbert Armijo, afirmó que los jueces deben analizar si lo que se somete es constitucionalmente válido. El abogado afirmó que esperará a ver la resolución completa para opinar con mayor propiedad; sin embargo, señaló algunos puntos que llamaron su atención.
Armijo se refirió a las aclaraciones que hizo la Sala en cada punto de las consultas de fondo, en donde declaró la constitucionalidad de varias normas “siempre y cuando” se apliquen una serie de condiciones.
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“Hay sentencias que han utilizado ese tipo de redacción. Se invoca la inconstitucionalidad de algo, pero no es así ‘siempre y cuando’. Eso es casi una inconstitucionalidad no declarada, en tanto el límite no esté; pero se deja la ley viva, pero es importante ver la decisión de fondo, pero ahí se puede tratar”, comentó Armijo.
¿Qué cambió esta vez?
Existen similitudes y diferencias que explican por qué este proyecto de reforma fiscal, que se tramitó con la misma vía rápida que las iniciativas de los expresidentes Abel Pacheco y Laura Chinchilla, sí superó el filtro de la Sala Constitucional.
Primero, a diferencia de los dos proyectos anteriores, en este caso la Sala no se pronunció sobre la consulta de procedimiento, al carecer de la cantidad mínima de firmas y al entrar tarde al expediente.
La Sala Constitucional se apegó a una decisión del pasado para negarse a ver la consulta de procedimiento. Este criterio no es poca cosa si se entiende que la única manera de haber puesto en riesgo el futuro de la reforma fiscal era estudiando la consulta de procedimiento.
Es decir, ya existía jurisprudencia que justifica el actuar de la Sala. Los magistrados del máximo tribunal constitucional en el país se basaron en el voto 04621-2012, justamente cuando se entró a conocer las consultas que se trajeron abajo el plan fiscal de la expresidenta Laura Chinchilla.
En aquella ocasión, los jueces descartaron ver dos consultas que entraron días después de la primera, tras argumentar que sería imposible resolver en el plazo de un mes si se añaden nuevas preguntas, especialmente cuando se agregan dudas que no se buscaron evacuar desde el inicio.
Este criterio dio pie para que los magistrados se negaran a ver la consulta que pudo poner en peligro el plan fiscal. Una decisión jurídica alineada al vaivén político y económico.
