Mediante sentencia Nº 2023-033076 la Sala IV ratificó que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene la potestad de intervenir en la compra, venta y conservación de títulos valores del Gobierno Central, en el mercado secundario, siempre y cuando existan razones para proteger el orden público económico y la conservación del bien común.
Esta potestad del BCCR pasa por la intervención en la compra de títulos de Hacienda que estén en posesión de los fondos de capitalización laboral, y el fallo de la Sala le da, precisamente, una mayor claridad a esta función que puede jugar el banco en el mercado secundario.
La resolución de la Sala se dio en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra dicha potestad que fue otorgada al Banco Central en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 para salvaguardar los recursos vinculados con los fondos de capitalización laboral.
El magistrado Luis Fernando Salazar explicó que la Sala declaró -por unanimidad- sin lugar dicha acción de inconstitucionalidad ya que estimaron que juzgar el modo y los momentos en que el BCCR interviene en la economía nacional es de una naturaleza técnica compleja, y que mucho depende de las condiciones que existan dentro y fuera del país.
Cuando se trata de intervenir en el mercado secundario implica que se transa con compra o venta de valores financieros que han sido emitidos previamente en el mercado primario y con la autorización que se dio al Banco Central en el año 2020 (en medio de la pandemia) se buscaba garantizar la liquidez en momentos convulsos, en que podría darse una demanda por los fondos que manejaban las operadoras de pensiones, producto de la pérdida de empleos o cambios en contratos.
