La Sala Constitucional ordenó consultar el polémico Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca con la población indígena bribri del Territorio Keköldi y anulo la consulta previa realizada por la Municipalidad de Talamanca.
En la sentencia Nº 2023-031756 las personas magistradas determinaron que este territorio se ve directamente afectada al formar “una unidad con la línea costera que se busca regular” lo que tienen derecho a “consulta previa, libre e informada”, según establece el Convenio 169 de la OIT.
“(…) la exclusión de la consulta de la asociación actora es injustificable en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por nuestro país en esta materia” dice el comunicado de prensa.
La Sala ordenó al alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, y a la presidenta del Consejo, Yahaira Mora, llevar a cabo una nueva audiencia en un plazo máximo de tres meses en la que se convoque adecuadamente a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi (ADI Keköldi)
El fiscal de la ADI Keköldi, Edward Jackson, dijo la población dentro del territorio, así como los otros miembros de la asociación tienen muchas dudas respecto al pronunciamiento de la Sala IV, del cual fueron notificados hoy y para el que tienen un plazo de tres días para presentar objeción.
“Tenemos dudas del fallo de la Sala. La Sala menciona llamar a la Junta Directiva, pero si hablamos de consulta libre e informado, es una consulta al territorio. (En la ADI) somos administradores, no tomamos decisiones por el territorio, tenemos una instancia de consulta indígena que es la encargada de trabajar en esto. Eso no es una consulta, reunirse con la ADI, decir que estuvimos reunidos no es válido para decir que se hizo una consulta” dijo Jackson.
Jackson dijo también tienen dudas sobre si la resolución paraliza por completo el polémico plan regulador, ya que al ser notificados interpretaron que la resolución objeta solo la audiencia pública.
“(En la municipalidad) no saben donde es exactamente el área del territorio indígena en la parte de la costa y esto perjudica, porque ellos dicen que respetan el área del territorio, pero ¿quien dice cómo y donde? También hay muchos humedales dentro del territorio que tampoco están respetando, nos están amenazando con quitar la parte escénica que tenemos claro que usamos y fomentamos proyectos sostenibles” explicó Jackson.
La Sentencia también sentencia a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, mientras que se declaró sin lugar lo relacionado con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
El Plan Regulador impulsado por la Municipalidad de Talamanca enfrentó dos visiones de desarrollo turístico opuestas, de un lado la población local que busca mantenerse como destino sostenible y amigable con el ambiente y del otro la atracción de inversión comercialmente agresiva con mega proyectos hoteleros.
“Nosotros tememos que ellos vendan al mejor postor todas nuestras áreas del territorio en el cordón de la zona marítima y al hacer eso traer megaproyectos y va a hacer más complicado de lo que está para nosotros conservar y proteger el territorio” mencionó Jackson.
Los vecinos de Talamanca expresaron múltiples preocupaciones respecto a presión que este tipo de desarrollo tendrá en la cobertura boscosa, en los mantos acuíferos y en la disponibilidad de agua, que ya escasea en la zona.
