La Sala Constitucional resolvió este viernes que el Ministerio de Educación Pública (MEP) lesionó de forma grave el derecho a la intimidad de los estudiantes y sus familias mediante algunas preguntas contenidas en las pruebas FARO, aplicadas el pasado 12 de noviembre. el pasado 12 de noviembre.
La resolución de la Sala Constitucional se da luego de declarar con lugar un total de 15 recursos de amparo presentados por padres de familia contra el MEP.
De acuerdo con el departamento de prensa de la Sala Constitucional, de forma unánime, en la sesión de este viernes 17 de diciembre, el Tribunal concluyó que hubo “una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad”, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política. Además, los magistrados concluyeron que la aplicación de las pruebas para obtener datos personales se dio desde una posición de poder y en contra de una población vulnerable.
También señalaron que los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política.
En la parte dispositiva de las sentencias se ordena al Ministro de Educación Pública dictar las medidas correspondientes para evitar que se repita la lesión al orden constitucional demostrada en la aplicación de las pruebas FARO de noviembre.
“Se ordena a Steven González Cortés, en condición de ministro de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, dictar las medidas correspondientes a los efectos de evitar que se repita la lesión al orden constitucional constatado en el sub lite. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, se lee en el por tanto.
El 12 de noviembre anterior, el MEP aplicó a estudiantes de quinto grado de primaria junto a las pruebas FARO extensos cuestionarios de Factores Asociados que recolectaban datos sensibles relacionados con la condición socioeconómica de las personas menores de edad sin el consentimiento de los padres y madres de familia o encargados.
La polémica en torno a estos cuestionarios finalizó con la renuncia de la jerarca de Educación Pública, Guiselle Cruz; la viceministra académica, Melania Brenes; y el director de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, Pablo Mena.
