La Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada a inicios de febrero por parte de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) contra el presupuesto ordinario 2023 para educación.
Esta acción fue presentada por el Sindicato por incumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitucional Política, que obliga asignar al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública.
“No es si se quiere, es que la Constitución obliga, y se han hecho los de oídos sordos porque no han cumplido desde ya hace muchos años”, mencionó la presidenta de la APSE, Ana Doris González, el pasado 7 de febrero cuando acudió a la Sala IV a interponer la acción.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, el presupuesto del sector educativo para 2023 es de ¢2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0% respecto al PIB. Ese monto representa un decrecimiento de 1,2% respecto al presupuesto inicial del 2022, cuando la cifra ascendió a ¢2.857.977 millones.
Del total del presupuesto destinado al sector educación para este 2023, un 70,3% corresponde al Ministerio de Educación Pública, el 24,3% a las universidades públicas, el 4,7% al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el 0,7% restante al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y a los Colegios Universitarios de Cartago (CUC) y Limón (Cunlimon).
La APSE informó que para el año 2016, también gestionó una acción similar. En esa ocasión la Sala falló a favor.
Tras ser admitido, la Procuraduría General de la República, la Ministra de Educación Pública y al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, tendrán quince días para referirse a las objeciones planteadas
