Sala IV condenó a CCSS a pagar daños a trabajadores por insuficientes equipos de protección

Recurso fue presentado por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas desde marzo pasado y resuelto a inicios de junio, sin embargo, autoridades de la Caja presentaron nota de insatisfacción sobre resolución

La Sala IV emitió un fallo en el cual condena a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud al pago por daños y perjuicios a los trabajadores que se vieran afectados por COVID-19, producto de la falta de dotación de equipos de protección personal. Este fue el resultado de un recurso presentado por el Sindicado Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)

De acuerdo con Mario Quesada, secretario general de la organización gremial en marzo (cuando se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el país), iniciaron una serie de gestiones para que todo el personal de los centros de salud fuera dotado de equipo de protección personal, pues se veía un aumento importante en los contagios de funcionarios.

“Mientras nosotros comenzamos a recomendar el uso de mascarillas entre el personal de salud, se nos llamó la atención e indicaron que había directrices a los funcionarios para que no las usaran, aduciendo que esto podía generar pánico entre trabajadores y pacientes. Por esta razón, interpusimos el recurso ante la Sala el 27 de marzo, aportando documentación y estudios que mostraban la importancia del uso de estos equipos”, detalló Quesada.

Por su parte, indicó el representante de SINAME, las autoridades de la Caja aportaron otra documentación en la cual indicaban que sí estaban entregando equipos de protección, dado que luego de presentar el amparo, se dio un cambio en las directrices para el personal de salud.

Explicó que en abril se distribuyó en la Caja un oficio que establecía los lineamientos para el uso de equipo de protección personal ante el COVID-19 y anunciaron que iban a adquirir materiales en China, los cuales, por cierto, fueron traídos en un vuelo privado.

En la resolución emitida por la Sala IV ordenó a las autoridades de la Caja y del Ministerio de Salud a girar órdenes para el uso mascarillas para los trabajadores de la salud y que instauren medidas de fiscalización para asegurar que se cumpla la recomendación en todos los centros del país.

Además, condenó a la Institución al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que fueron denunciados, es decir, con las órdenes de no usar equipo de protección.

Según los datos suministrados por SINAME, de marzo a mayo de 2020 el país sumaba un total de 140 funcionarios positivos por COVID-19, además, 1.695 trabajadores han sido incapacitados por haber estado en contacto con una persona positiva y se otorgaron 1.943 boletas de incapacidad en 126 centros médicos.

José Antonio Barletta, asesor jurídico de la organización gremial indicó que este recurso de amparo fue presentado porque no se le estaba dando al personal de salud el equipo adecuado, incluso señaló que aún no se está entregando de la manera adecuada.

“Nosotros aportamos la documentación donde se demostraba que a nivel internacional ya se estaban usando los equipos de protección, pues en muchos países iban un par de meses adelante a nosotros en el tema de contagio y tratamiento. En la sentencia la Sala aplaude la labor que se ha realizado, pero considera que no es suficiente y que no sólo se debe distribuir el equipo, sino fiscalizar que se esté usando de la manera correcta y que se entregan a todos los funcionarios”, comentó Barletta.

El 5 de junio fue declarado con lugar el recurso y se emitió el fallo, no obstante, las autoridades de la Caja presentaron una solicitud de adición y aclaración, aduciendo que la sentencia estaba mal. Nuevamente, la Sala IV reiteró su resolución.

El secretario general de SINAME indicó que en conversaciones con sus agremiados para determinar si alguno sufrió daño o problemas porque no se les dio el equipamiento en el momento oportuno; también han recibido denuncias de personal en distintas partes del país, quienes indican los equipos de protección no están llegando al 100% del personal, que hay un problema de fiscalización y distribución.

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