La Sala Constitucional condenó al Estado por el cierre del Servicio Educativo para Sordos Adultos (SESA) anunciado para finales del 2023 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Pro Defensa Derechos Sordos CR.
“La forma intempestiva en que las autoridades del MEP clausuraron el SESA y dispusieron el traslado de los estudiantes activos -así como la matrícula de estudiantes nuevos- al CINDEA de Montes de Oca, violentó el derecho a la educación de la población estudiantil sorda” señala el comunicado de prensa emitido por el Poder Judicial.
En el recurso se reclamó el traslado de las personas sordas a aulas regulares sin tomar en cuenta sus necesidades. En octubre se anunció el cierre del programa, se realizaron manifestaciones por la comunidad sorda y se llegó a un acuerdo con la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Katharina Müller.
Müller justificó el cierre alegando que el servicio era ilegal desde 1975 cuando se inició porque nunca fue aprobado por el Consejo Superior de Educación y aseguró que su traslado al CINDEA les daría acceso a educación de calidad, así como becas, alimentación y transporte.
A pesar del acuerdo, la Asociación alegó que “el modelo propuesto no cubre las necesidades educativas de la población sorda”, por lo que las personas magistradas ordenaron a Müller garantizar educación de calidad para esta comunidad.
Para la sentencia, la Sala tomó en consideración que “no quedó demostrado categóricamente en el expediente que el cambio de modelo proteja plenamente los derechos” de las personas sordas.
Tampoco se consolidó un nuevo modelo que recibiera a las personas estudiantes sordas antes de que se diera el cierre del SESA, como se propuso en el acuerdo, señala el comunicado.
