La Sala Constitucional concedió a la Municipalidad de Santa Ana dos meses para que “resuelva en definitiva la situación denunciada” por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), respecto a la seria afectación que la tala y el desarrollo inmobiliario han causado en la Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE).
Se trata de un sitio importante de protección, sobre todo de fuentes de agua, que abarca seis cantones: Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita, Aserrí y Acosta.
Desde junio de 2020 Apreflofas presentó una denuncia ambiental ante esa Municipalidad, ya que en la ZPCE “existen construcciones de viviendas sin los permisos debidos, pues se perciben casas aglomeradas, sitios con deforestación total y actividades productivas desordenadas, como lo son la quema de charrales”, según se lee citada en la resolución de ese tribunal, que data del 22 de marzo.
La respuesta obtenida de parte de la Municipalidad pocos días después cuestionó “si en los sitios señalados por APREFLOFAS cuentan o no con los requerimientos técnicos correspondientes, y si las prácticas agrícolas son descontroladas”.
El documento añade que “la práctica de quema de charrales es competencia” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como “la afectación de la flora y fauna de competencia” del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
“El tema sobre el riesgo a la vida de los vecinos por prácticas de quema descontrolada, es competencia del Ministerio Público”, se lee en el oficio recibido por los ambientalistas, que agrega de forma llamativa que “en cada caso debe establecer sitio específico, fecha aproximada y norma legal afectada. Lo anterior le ayudará a fundamentar sus argumentos cuando sea convocado a testificar en el proceso judicial correspondiente”.
Sentenció, además, que “la gran mayoría de los actos señalados en su denuncia ambiental”, son “propias de la regulación urbanística y no ambiental”.
Otro documento interno de la Municipalidad aportado al expediente data de junio de 2021 y señala que se logró ubicar con exactitud las edificaciones denunciadas originalmente por Apreflofas, que estaban clausuras, pero que no se han podido llevar a cabo demoliciones “debido a que los procesos son extensos y existen formas de dilatarlos y de apelar, así como la cantidad de casos que existen delante de estos”.
Ante una consulta de UNIVERSIDAD, por escrito, Andrea Robles Álvarez, encargada de asesoría legal de la Municipalidad de Santa Ana, expresó que ese gobierno local “cuenta con un reglamento para imponer las sanciones establecidas en la Ley de Construcciones, por obras realizadas sin licencia”.
“Con base en las clausuras realizadas, se iniciaron los procedimientos según lo establecido en dicho reglamento, los cuales buscan poner a derecho las obras o en su defecto la destrucción”, añadió.
Al mismo tiempo, llamó la atención que la orden de la Sala Constitucional de resolver la situación, “no siempre implica la demolición, en todo caso hasta finalizar los procedimientos se conocerá la sanción impuesta”.
Zona valiosa
El Plan de Manejo de la ZPCE señala que “posee importantes recursos naturales de tipo hídrico, biológico y forestal”, y que es “un área estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana”.
También destaca “la cotidianidad rural expresada en prácticas propias de este contexto y que representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región”.
La ZPCE fue creada en 1.976, abarca 7.175 hectáreas de los mencionados cantones y esta no es la primera vez que se ve en el centro de polémicas. Javier Sánchez, vicepresidente la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (Codece), recordó una fuerte disputa que se dio en los años 90 con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que finalmente logró hacerse con la explotación y administración del recurso hídrico de la zona.
Esa Asociación ha llevado a cabo diversos proyectos para combatir el voraz proceso de urbanización y promover el desarrollo sustentable. Sánchez subrayó que, luego de esa disputa con el AyA, “los procesos urbanos en toda esta parte sur occidental de la ciudad San José se han acelerado enormemente”.
Apuntó que, en su criterio, se trata del “área natural más cercana a la ciudad de San José, una población muy grande que sigue en expansión, tiene mucha facilidad de acceso y otras características que la hacen muy vulnerable”.
Tanto más, por el hecho de ser “coadministrada” por seis municipalidades, “cada una con criterios y políticas diferentes”. Incluso indicó que el Plan de Manejo vigente —elaborado en 2015 por mandato precisamente de la Sala Constitucional— es “inaplicable por las complejidades legales, administrativas y técnicas”, que se derivan, según dijo, de que ese documento elaborado por el Sinac, “en una invasión de potestades de lo que corresponde a las municipalidades y sus planes reguladores”.
Aseveró así que, a los cantones del lado norte de los cerros, Alajuelita, Escazú, Santa Ana y parte de Mora, “se les ha salido de las manos” el problema, “venían pateando la pelota para adelante y llevando las cosas con mucha calma”, pero el recurso de amparo de Apreflofas contra la Municipalidad de Santa Ana implica que ese gobierno local “ahora tiene un problema muy grande”.
Al divulgar en sus redes sociales el resultado favorable de la gestión de Apreflofas, la Codece apuntó que “ahora la Sala Cuarta ordenó a la Municipalidad de San Ana aplicar la ley, por lo que puede, por ejemplo, clausurar, demoler, desalojar”.
Sánchez enfatizó que la solución “con la urgencia más alta posible” corresponde sobre todo a la sociedad civil agrupada en el Consejo Local de la Zona Protectora Cerros de Escazú, que reúne a personas propietarias, ambientalistas, organizaciones sociales, al Minae y a las municipalidades.
Por su parte, Gino Biamonte, presidente de Apreflofas, destacó la importancia de estas zonas protectoras a nivel nacional, pues “tratan de parar un poco la ruptura de corredores biológicos. La fragmentación que se ha dado en el país hace que, aunque veamos mucho verde, son pequeños parchecitos por todo lado, ecológicamente hablando no es duradero, no es viable”.
Añadió que para esa organización es “indignante” que, luego de que la creación de la ZPCE en los años 70 “fue realmente un trabajo de la sociedad civil muy fuerte”, “ver que a quienes les toca protegerla no hagan siquiera el menor esfuerzo”.
Añadió que ello se ve en “muchas zonas protectoras del país, las municipalidades no ponen de lo suyo para evitar, sobre todo cuando les toca dar permisos, vuelven a ver para otro lado, o no dan permisos, pero hacen poco por detener el crecimiento de construcciones ilegales”.
Por ello, aseveró que este podría ser un caso que “se replique para muchas organizaciones sociales en diversos sitios de este país, para que empiecen a presionar a las municipalidades para que protejan” los recursos naturales aún existentes.
Añadió que “le toca a la sociedad civil hacer presión, como hacemos nosotros, y echar para adelante esa presión para que las cosas se hagan bien”.
