En marzo, los arroceros de la pampa guanacasteca suelen celebrar el inicio de la cosecha de verano, ya que esta región es la de mayor producción del grano en todo el país.
También en marzo, tras cerca de 50 años en la actividad arrocera, la empresa Agroinsumos de la Península anunció el cierre de su producción, después de que el Gobierno confirmara que no compraría la cosecha de verano a los arroceros y tras meses de pérdidas por la Ruta del Arroz.
Tras la firma de la Ruta del Arroz, 150 arroceros abandonaron la actividad a finales del 2022, una disminución del 28% que alcanzaba principalmente a los más pequeños y que se proyecta aumente para este año.
El cierre de operaciones de la Agroinsumos la Península preocupó al sector arrocero porque se reconoce a esta empresa como una de las principales en Guanacaste por su larga trayectoria y certificada innovación en temas de sustentabilidad.
Fernando Ajú, ingeniero agrónomo y gerente general del Grupo Península, empezó a sembrar arroz junto a sus padres —inmigrantes chinos— a los 14 años. Su familia fue una de las primeras en traer una cosechadora al país y desde entonces la actividad ha sido una tradición que ya no podrá heredar.
“En diciembre de las 38 personas fijas, despedí 18 y ahora que termine la actividad de melón vamos a despedir más gente que nos ha acompañado por muchos años. En época de melón llegamos a tener hasta 600 empleados, pero en este momento tenemos solo 200”, dijo Ajú.
Caída en producción de arroz amenaza sostenibilidad del cultivo de melón en Guanacaste
Productores que alternaban el cultivo de melón con el de arroz para sostener plazas especializadas, cortar plagas y disminuir el riesgo de pérdidas han dejado la actividad arrocera y ya ven disminuidas sus otras actividades.
“La noticia del retiro (de Ajú) (…) nos deja un panorama aún más difícil para los productores que dependen únicamente de la actividad arrocera. Pero, también, un mensaje claro, que con las condiciones de precios actuales, ni con finca propia, equipo, tecnología, relevo generacional y diversificación productiva, se puede mantener una actividad generadora de empleo en zona rural”, comentó Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz.
Wendy Vargas, productora de arroz y presidenta de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, tampoco ve posible sembrar arroz este año, lo que también la llevó a despedir personal, que incluye a profesionales especialistas que formó durante años.
Con el anuncio de Ajú, el impacto de la Ruta del Arroz ya alcanzó a productores de todos los tamaños en Guanacaste, pero aún no logra alcanzar los precios, ya que no ha variado de forma significativa en los seis meses que han regido los decretos, según registra el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“En mi zona había tres productores medianos, pero hay otros ocho productores pequeños y todos perdieron dinero y están perdiendo sus propiedades, sus casas, sus pequeñas parcelas. De los productores que quedan, un 80% son pequeños productores ¿Qué van a hacer?”, lamentó.
Este el caso de Marco Navarro, un pequeño productor guanacasteco sobreviviente de cáncer que decidió abandonar la actividad y que está haciendo gestiones legales para no perder su casa, que usó de garantía para financiar su actividad agrícola a falta de financiamiento, una problemática que sufren agricultores de todo tipo alrededor del país.
Mientras tanto, denuncia Ajú, los grandes agroindustriales que en algún momento denunció el presidente Rodrigo Chaves y los importadores que financiaron su campaña acumulan ganancias: “El presidente está pagando un compromiso político con la Ruta del Arroz, hay cuatro o cinco que se están haciendo multimillonarios entre los importadores e igual con los industriales”.
Productora Wendy Vargas: “El objetivo de la Ruta del Arroz nunca fue las industrias, sino los agricultores que agonizan”
Los industriales que criticaba Chaves, en sus conferencias de prensa, nunca habían ganado más dinero como con la Ruta del Arroz, denunciaron varios productores que tuvieron que abandonar la actividad.
En los primeros cinco meses, tras la firma de los decretos de la Ruta del Arroz, los importadores (entre los cuales se incluyen los industriales) dejaron de pagar ₡7.000 millones en impuestos sin que los precios bajaran de forma significativa, estimó Conarroz.
Los precios finales del arroz tampoco reflejan la caída del 8% en el precio del arroz de Sudamérica, de donde proviene el 91% del arroz importado en Costa Rica, según registra la plataforma TICA del Ministerio de Hacienda.
Millones de dólares, maquinaria abandonada
Ajú y Vargas tienen un patio trasero repleto de maquinaria inactiva que pierde valor y acumulará polvo rápidamente con el paso del tiempo. Este desuso es lo que más lamenta Ajú, porque representan millones de dólares en inversión que difícilmente se puedan recuperar.
“En mi caso yo tengo cosechadoras de medio millón de dólares, traerlas usadas sale en $100 mil y el costo son $300 mil. 18 tractores, sembradoras… ahora hay que dejarlas botadas, todo está parado y son inversiones muy grandes”, comentó Ajú.
La caída del 50% del área sembrada de arroz —la mayor en la historia de Costa Rica— desde la firma de decretos por el Poder Ejecutivo también resulta en el caída de ingresos de pequeños y medianos productores que vendían el servicio de cosecha con sus máquinas.
Por ejemplo, está el caso de Israel Araya, un pequeño arrocero de Bagaces que abandonó la actividad y que también tiene las cosechadoras que alquilaba en abandono en su finca.
“Yo vendía el servicio de cosecha y ahora eso también cambió radicalmente porque hay menos áreas sembradas y, por lo tanto, hay menos producción, hay menos trabajo. Antes las arroceras hacían convenios que le daban a uno flujo de efectivo y desde la Ruta del Arroz se perdieron”, comentó Araya.
Productores pequeños como Araya, medianos como Vargas e incluso más grandes como Ajú coinciden en que las alternativas no son de un día para otro ni tan sencillas como lo plantea el presidente Chaves en sus conferencias de prensa, precisamente, por la falta de apoyo en herramientas y financiamiento de parte del Gobierno y de la Banca.
“Industrias como el cáñamo, que han mencionado, ya tienen nombre y apellido y no somos los pequeños y medianos productores”, comentó Ayara.
Y también coinciden en que el impacto negativo en la región apenas se está asomando: “la gente no dimensiona que el arroz era una actividad que está relacionada con otros cultivos y que ayudaba a cubrir costos, mantener plazas y cortar plagas. Los planes (del gobierno) no se pueden hacer en papel, porque en excel todo sale perfecto, pero hay que estar en el campo para entender las dificultades que enfrentan los agricultores”, dijo Araya.
Ajú no ve la posibilidad de que el arroz resurja en el país sin el apoyo estatal que otros países dan a su sector agrícola, por ejemplo, en el caso de financiamiento y control de precios de los insumos.
“Costa Rica es un país caro y la producción agrícola no es la excepción, los insumos y los fertilizantes están a la libre, sin control de precios. En cambio, si usted va a Guatemala o a Centroamérica y compara precios, están abajo un 20-40%, así no podemos competir”, dijo Ajú, que ya reporta disminución en sus otras actividades.
La disminución del arancel de importación del arroz colocó a la actividad en el camino de otros granos liberalizados como el maíz y el frijol, del que Costa Rica es altamente dependiente, advierten los productores, y las estructuras productivas agrícolas que mueren difícilmente se pueden volver a levantar.
