Ante la abrumadora pregunta sobre en dónde estaba el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras las revelaciones sobre el presunto financiamiento de empresas ligadas a la construcción o explosivos en las campañas electorales de los seis alcaldes, investigados aparentemente por recibir dádivas a cambio de obras viales en los municipios, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partido Políticos, Ronald Chacón, sale al paso y afirma con claridad que el punto está en que sigue sin dársele la prioridad que merecen las reformas al Código Electoral, pese a que los legisladores tienen en sus manos las más diversas propuestas desde 2013.
El TSE ha experimentado una transformación en sus capacidades fiscalizadoras sobre los fondos administrados por los partidos políticos desde el 2009, a partir de la prolongación del Código Electoral, que resultaron dos sentencias históricas: una contra el Movimiento Libertario y otra contra el Partido Acción Ciudadana (PAC). También se levantó, por primera vez, el secreto bancario para investigar a prestamistas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
“Sin embargo, la modernización del sistema y el fortalecimiento de los controles contrasta con el hecho de que la normativa vigente arrastra problemas, debilidades e inequidades que hacen vulnerables a los partidos a múltiples riesgos de captura por fuerzas indeseadas o capitales ilícitos en los que están en juego la independencia misma de las organizaciones partidarias y su exclusiva misión en materia de representación política” determina el último informe de Estado de la Nación.
El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE insiste en que hay mejoras que son necesarias en la legislación en materia electoral, por lo cual la institución, desde el 2013 envía proyectos de reforma a la Asamblea Legislativa: “El asunto es que el legislador no le ha dado la prioridad que merece este tema”.
Entre las reformas el Tribunal propone la eliminación de los bonos de cesión, sistema que fue calificado de ‘perverso’ por parte del propio órgano electoral, por promover la inequidad entre fuerzas políticas al valerse del resultado de las encuestas y de esa forma promover que los partidos de recurran a fuentes de financiamiento ilícitas.
La institución también impulsó y apoyó reformas relacionadas con el establecimiento de las franjas electorales en los medios de comunicación, para garantizar que todos los partidos tengan espacios de divulgación, y el aumento en el financiamiento anticipado para que las fuerzas políticas puedan acceder a más fondos durante el momento pico de la campaña electoral.
Por ejemplo, esta campaña se celebrará en febrero, pero es posible que el dinero del aporte estatal les llegue aproximadamente en diciembre o febrero del 2023. Esto también reduciría el interés por acceder a fondos de “dudosa procedencia”, explicó Chacón.
Ahora, con la salida a la luz de los recientes casos de presunta corrupción como Cochinilla y Diamante se han visibilizado nuevas y más sofisticadas estrategias para llevar capital a las candidatos y partidos políticos.
Chacón conversó con este semanario sobre los recursos y limitaciones que tiene el organismo al investigar las estructuras paralelas de financiamiento en las campañas electorales. Este es un resumen de esa entrevista:
¿Cuáles son los recursos que tiene el Tribunal para fiscalizar y cuáles son las limitaciones a la hora de investigar las donaciones privados?
Hay un asunto que merece particular atención y que en buena medida se puede estar derivando precisamente de la no presencia de recursos públicos o de la contribución estatal en el momento pico de la campaña electoral, sea presidencial o sea municipal y es el hecho de que hay recursos financieros que están entrando de manera no bancarizada.
Cuando tenemos recursos no bancarizados, la trazabilidad para cualquier órgano fiscalizador o investigativo se multiplica, se acrecienta. Prueba de ello es incluso lo que muestra recientemente los periódicos en relación con los casos denominados Cochinilla o Diamante ¿Qué está sucediendo? Yo lo que logro leer porque no tengo conocimiento del expediente judicial correspondiente, es que en noticias se habla de entrega de posibles o de presuntas entregas de dinero mediante sobres.
Hagamos hincapié en un asunto. De eso se está percatando el Organismo de Investigación Judicial, según lo que entiendo a partir de intervenciones telefónicas. Esas son capacidades que solamente los órganos judiciales van a poder tener, el Tribunal no los va a poder tener. Y ahí es importante entender también el alcance de nuestra función. Nuestra labor se enmarca dentro de un ámbito administrativo en el que hay competencias claramente delimitadas
Ahora usted me hablaba de recursos. Actualmente somos un departamento que cuenta con entre 50 y 60 funcionarios de mucha experiencia, algunos que incluso trabajaron en labores previas de fiscalización en otras entidades de renombre. Estos recursos en definitiva, y a pesar del apoyo que el departamento ha recibido del Tribunal, nunca serán suficientes si nos ponemos a pensar en una campaña municipal, que viene a ser el equivalente a 82 campañas, o la campaña presidencial con alcance nacional en los que puede haber mucha gente interesada en donar recursos o aportar recursos, de los cuales no siempre vamos a poder conocer el verdadero origen, a pesar de los esfuerzos de fiscalización que se desarrollan.
Venimos percibiendo una tendencia a que la fiscalización se encuentre con algunas dificultades mayores. Me parece, en primer término, que la gran cantidad de partidos que hoy por hoy tienen vida jurídica en nuestro país. Eso amplía el volumen de trabajo del órgano fiscalizador. Entonces hay más partidos para una misma cantidad de recurso humano y eso claramente, de alguna manera viene a reducir nuestra capacidad de fiscalización.
Además, entendamos que un primer gran insumo en materia de fiscalización proviene precisamente de la información que aportan los partidos políticos en materia financiera y que repito también apoyándome en noticias recientes, pareciera que son precisamente actores pertenecientes a esos partidos políticos los que no están visibilizando ni están reportando recursos que sí están obteniendo por cuantías que no dejan de ser representativas, pero que también son personas a las que incluso en algunos casos, se les ha practicado estudios de solvencia económica por parte de este departamento y claramente tienen el patrimonio para poder sostener los montos que aportan y que sí revelan ante el Tribunal Supremo de Elecciones provienen de su patrimonio, incluso en términos de razonabilidad.
Pero también, y es lo que más me preocupa, es el hecho de que se percibe desde hace algún tiempo formas más complejas de hacer llegar recursos a las arcas de los partidos políticos, principalmente por vías no bancarias y que no son reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones u otra de particular relevancia. Y es una conducta recurrente en el caso de algunos partidos políticos. Aclaro que no es prohibido, pero que llama la atención que genera una alerta y él allegar recursos en efectivo por montos significativos a las cuentas de los partidos políticos. En un momento en el que la tecnología nos brinda tantas posibilidades para generar transferencias de manera segura.
No deja de llamar la atención que hayan personas que estén llegando a la ventanilla de un banco, incluso en vacaciones, con varios millones de colores. Seguirle la ruta a ese dinero en efectivo prácticamente se vuelve imposible dada su naturaleza líquida. Estos comportamientos no dejan de ser una alerta de que pueda haber un objetivo detrás de este tipo de prácticas que no podamos rastrear el verdadero origen de esos recursos que también llegan y se inyectan a las campañas políticas.
¿En qué circunstancias el Tribunal considera necesario levantar el secreto bancario? ¿Este recurso también se ve limitado en estos casos en donde las donaciones e hacen en efectivo?
En cuanto a cuando usted me habla del secreto bancario y cuando hablamos del secreto tributario, creo que no está de más decir verdad. Hay un velo que protege la intimidad y eso lo entiende y lo respeta el Tribunal. Sin embargo, hay condiciones en las cuales tanto la Dirección General de Registro Electoral o el mismo Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos pueden solicitar, como ya sucedió, al menos en el caso de una agrupación política, este levantamiento de la cuenta de, en esa oportunidad, prestamistas a esa agrupación política en procura de poder visibilizar la ruta del dinero.
Y precisamente hay un informe que se está desarrollando para dar respuesta a un requerimiento planteado por la Fiscalía, por FAPTA y está en ese proceso. Es claro que es un mecanismo que debe usarse de manera muy seria, muy responsable en aquellos casos en que realmente lo amerite, pero que además se tengan elementos suficientes para justificar su utilización o su solicitud ante el pleno de los magistrados en su condición o en su rol jurisdiccional.
El problema principal en los casos como cochinilla y diamante parece ser que es que no reportan estas donaciones ¿Identificar si es en efectivo o transferencia o incluso levantar secreto bancario puede enfrentar esa problemática? Si no ¿En este momento no hay un recurso que nos permita rastrear, resolver o avanzar con la investigación de estos capitales ilícitos?
En primer lugar, hay casos específicos como los que hemos tenido noticia últimamente que ya están judicializados. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a hacer un señalamiento muy preciso: ya están en la instancia judicial. Ahí es a donde nosotros como máximo podríamos llevar los casos, eso significa que ya están donde deben estar. Ciertamente se han abierto en el Tribunal expedientes relativos e investigaciones preliminares en aras de sumar elementos desde el ámbito electoral que puedan eventualmente proveer insumos que se sumen a los esfuerzos que está desarrollando actualmente FAPTA y el Organismo de Investigación Judicial.
Me parece y repito, de lo que desprendo de las lecturas y la prensa, que en algunos casos hasta se habla de entregas de dinero en sobres. El rastro de dinero en efectivo es difícil y no me refiero solo a este caso en particular, sino en cualquier caso en la que medie crimen organizado de esta forma se invisibiliza la existencia de recursos y esto se escapa de las competencias del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, salvo en el caso específicamente o en el ámbito específicamente electoral.
Entonces hay ciertos momentos en donde se escapa de las capacidades del Tribunal investigar más profundamente, como usted decía, el Tribunal no puede hacer interferencias telefónicas ¿Ese fue el caso de los 320 millones que fueron avalados por el Tribunal a Restauración Nacional, a pesar de que están siendo investigados en Fiscalía? ¿También fue una situación en la que los recursos con los que cuenta el Tribunal para investigación no alcanzaron?
Bueno, estamos refiriéndonos a una resolución en la que en el Departamento de Financiamiento desarrolló la labor de revisión de la liquidación correspondiente. Es importante señalar que el Departamento lo que emite son recomendaciones para la Dirección General del Registro Electoral, que a la vez se llevan a conocimiento de la magistratura. La decisión definitiva la toma el Tribunal Supremo de Elecciones.
En cuanto a los movimientos económicos nosotros venimos también notando algunos patrones que me parece importante que se vayan, que sean de conocimiento en general y que viene de alguna manera a dificultar los procesos de fiscalización. Por su naturaleza misma.
Me refiero, por ejemplo, a algo de esto me he referido, pero ya de una manera más, más amplia, al hecho de la presencia de depósitos en efectivo por parte de las mismas personas en otras campañas, pero que siempre depositan en efectivo sus donaciones. Como le decía. Anteriormente, por montos que por su cuantía, la lógica dicta y hasta el resguardo propio dicta por seguridad que deberían darse de manera bancarizada. También hemos identificado en algunas oportunidades la presencia o flujos de dinero incluso en dólares pagados a proveedores. Todo esto incluso ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General, que esta presencia de dinero tampoco aparece reportada.
Tenemos identificado un flujo de recursos invisibilizado no reportado que al menos en algunos casos en el 2018 y según noticias recientes, también para la campaña del 2020, al menos habrían tenido lugar también gastos simulados o donaciones que no pretendían ser cobradas, generalmente asociadas o certificados de sesión, o a prestamistas o proveedores, cuyos nombres resultan coincidentes en diferentes agrupaciones políticas. O sea, entonces estamos hablando ya de forma de organización a nuestro nombre, a nuestra manera de ver las cosas que de alguna manera se están armando en procura de jugarle la vuelta a la legislación. Y todo esto, pues claramente, al haber mayores dificultades a la vez, al haber mayor complejidad en estos procesos de reporte de ingresos o de o de presentación de gastos. También involucra una mayor concentración de recursos, de fiscalización en casos más con más, más específicos. Lo que también nos acorta la cobija para los restantes participantes de la contienda electoral.
¿Los y las legisladoras han expresado alguna razón por la cual las reformas propuestas o apoyadas por el Tribunal para fortalecer la fiscalización y mejorar el modelo de financiamiento no avanzan?
Sobre eso, lo que sí le puedo individualizar es que el Tribunal Supremo de Elecciones insiste una y otra vez en medios de comunicación y en cada oportunidad que tiene de señalar la importancia de volver a ver estas estas reformas propuestas por el órgano electoral como resultado de análisis técnicos y también incluso otras propuestas surgidas por iniciativa de un grupo de diputados o de diputados en forma individual, que también han tenido el aval del Tribunal Supremo Elecciones.
Los contextos cambian y el diseño normativo costarricense data de décadas atrás. El modelo de financiamiento costarricense data de décadas atrás. Creo que deberíamos pensarnos y preguntarnos si estas son formas que se idearon para un mundo que ya no existe. Si ya fueron de alguna manera superadas y requieren algunos ajustes y el Tribunal ha sido muy categórico en el hecho de que con la idea de que debemos robustecer la posibilidad y el acceso de financiamiento no solo directo sino indirecto para las agrupaciones políticas en el momento en que más lo necesitan.
Porque además, cuando hablamos de espacios de tiempo en radio y televisión, no estamos hablando necesariamente de darles el dinero a los partidos políticos, sino que incluso podrían existir otras formas de financiamiento indirecto que de igual manera este en primer lugar nos hacen ganar en materia de equidad, que es un pendiente que tenemos. Y no digo al Tribunal, sino que la legislación tiene en materia en lo que corresponde a las campañas electorales, sino también en lo que tiene que ver con transparencia.
