El presidente Rodrigo Chaves consideró ilegal la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de activar un aumento salarial cercano a los ₡8.000 mensuales a la base de 63.000 trabajadores.
Por considerar que la decisión contraviene la regla fiscal contenida en la ley 9635 y pronunciamientos de la Sala Constitucional, Chaves sugirió que los directivos deben revisar esa medida, pues aseguró incluso se exponen a sanciones y a ser destituidos (el Gobierno tiene solo tres representantes, el presidente Álvaro Ramos, Guillermo Hernández y Carlos Salazar).
“La Junta Directiva debió haber considerado, antes de aprobar el aumento, la ley 9635 (reforma fiscal), que dice clarísimamente que el sector público no debe dar aumentos de sueldos”, dijo Chaves en respuesta a la consulta de una periodista, después de participar en las actividades tradicionales del 15 de Septiembre.
El mandatario recordó que la regla fiscal (un instrumento de contención del gasto público que se aplica cada vez que el nivel de deuda sobre PIB supere el 60%) alcanza a los salarios de la CCSS.
“La junta directiva tiene que revisar. Si cometieron un error, les aconsejo que lo hagan (corregirlo), no porque yo sea juez, sino porque conozco la ley de responsabilidad fiscal y las sanciones son la destitución si violaron la ley 9635 y los pronunciamientos de la Sala IV. Esos son los hechos. Creo en la legalidad”, dijo el mandatario.
Después aludió al marco legal que también rige para los paros laborales como el que han anunciado organizaciones de trabajadores de la CCSS en caso de que se revierta ese aumento salarial.
Se trata de un aumento aprobado en 2019 para aplicarse desde el año 2020, pero suspendido en su aplicación durante la pandemia, por lo que en este mes los directivos autorizaron ejecutarlo de manera retroactiva, a pesar del impacto negativo sobre las delicadas finanzas de la CCSS. Según un cálculo actuarial, serían ₡10.000 millones más por año y ₡29.000 millones por el pago retroactivo de tres años.
Sin embargo, “la junta directiva de la institución, de buena fe, quiere honrar esta deuda que tiene con sus funcionarios. Por tal razón este aumento es legal, justo y proporcional”, explicó Lenín Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), que exige se aplique el incremento en el mes octubre.
Hernández consideró “dictatorial” la amenaza de destitución de los directivos. “El señor presidente se está comiendo una bronca injustificada y sin argumentos, porque recordemos que desde 2018 la institución ha experimentado un ahorro de màs de 10% en planilla”, agregó Hernández, sin dejar de recortar que el propio Chaves aumentó un 100% a la base salarial de todos sus ministros y viceministros, sin que en ese momento creyera estar violentando la regla fiscal.
