Pasadas las vacaciones de la Semana Santa, el Gobierno y el oficialismo entran en los preparativos para las actividades de mitad del cuatrienio con una lista de supuestos logros, renovadas promesas, repartición de culpas y las conocidas críticas contra sectores adversos, pero también con otro indicador representativo sobre la gestión presidencial de Rodrigo Chaves: 37 causas penales activas contra él, una cada 19 días, el mayor registro de un gobernante costarricense en la historia.
El dato confirmado por el Ministerio Público se refiere a 37 expedientes en los que figura Chaves como uno de los investigados por la posible comisión de 11 diferentes posibles delitos: tráfico de influencias, peculado, prevaricato, nombramiento ilegal, recepción de contribuciones privadas, coacción, influencia en contra de la hacienda pública, fraude de ley en la función administrativa, abuso de autoridad, desobediencia y falsedad ideológica.
Esta es la actualización, pero ya no es novedad la acumulación de expedientes penales en contra de Chaves, algo que él desde un principio calificó como “denuncias canallas” y que después ha llamado “territorismo judicial”, lo ha sumado a las culpas que acostumbra colocar sobre medios de comunicación y lo explica también como un error del sistema, pues dice que el Ministerio Público está obligado a abrir causas penales por toda denuncia que le llegue, lo cual puede no ser tan cierto.
Lo explica el penalista Ewald Acuña: “No es correcta esa afirmación. En efecto el Ministerio Público frente a una denuncia incoherente o absurda tiene la posibilidad de desestimar de manera inmediata la misma. Sin embargo, cuando esta no sea ni absurda ni incoherente, (el Ministerio Público) tiene la obligación legal de investigar para determinar si se configura o no delitos de algún tipo”.
Lo incuestionable es el dato: 37 expedientes por asuntos que van en tiempo desde el financiamiento electoral en la campaña previa a las elecciones de 2022 (recepción de contribuciones privadas) hasta la reciente polémica donde expulsó del gabinete a Luis Amador, el 12 de marzo, antes de que se conociera que tanto él como Chaves forman parte de una investigación por presunta falsedad ideológica.
“Es momento de parar a los canallas que están llenando los tribunales de demandas absurdas y frívolas”, dijo desde junio de 2022, en un discurso leído ante magistrados del Poder Judicial, institución con la que no ha cesado de rivalizar en estos dos años. “El país debe castigar el abuso de los procesos judiciales y debemos promulgar legislación que sancione esas acciones”, agregó antes de llamar también “canallas” también a quienes divulgan información sobre esas denuncias.
Más de un año después, en agosto de 2023, las causas judiciales contra Chaves habían crecido y eran 30, una cifra que más que cuadruplicaba los registros de los presidentes anteriores. Fue cuando aseguró que hay “terrorismo judicial” y que tiene la conciencia tranquila. “A mí me han acusado penalmente, creo que son más de dos por mes, me acusan de cosas absurdas, yo duermo en una paz tremenda”, decía entonces. Y vaticinaba: “A mí me van a seguir acusando porque es una técnica en Costa Rica”.
Aunque no está probado que sea una técnica, sí hay pruebas de que continuaron las denuncias contra el presidente. Por eso, los 37 expedientes actuales y la posibilidad de que en la segunda mitad del mandato crezca la cantidad.
“Esto significa que el señor presidente se ha metido en problemas. Es claro el principio de inocencia y se sabe que estas son investigaciones, no acusaciones aún, pero esto puede ser el resultado de no conocer bien las leyes del país o pensar que se tienen poderes omnímodos”, comentó el politólogo y sociólogo Constantino Urcuyo, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Señala esta cantidad de causas penales como una expresión del carácter confrontativo y el estilo de gestión presidencial, con casos recordados como el cierre de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, por el cual se investiga un posible prevaricato (dictar un acto ilegal o basado en hechos falsos).
Urcuyo advierte que estos casos no son de pronta resolución y que posiblemente hagan que Chaves pase muchos años después de su mandato presidencial atendiendo asuntos penales, si no es que antes de mayo del 2026 se llega a una acusación y el Ministerio Público pide a la Sala Penal que solicite ante la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad, un proceso que requeriría el apoyo de mayoría calificada.
“Mientras tanto habrá que ver qué efectos políticos tiene. Puede ser que esto afecte más su imagen o que haga que sectores afines abracen la idea de que el presidente es objeto de persecución y haga que lo apoyen más, algo similar a lo que ha ocurrido con Donald Trump en Estados Unidos”, añadió Urcuyo.
