El Gobierno promueve una reforma legal para que las universidades estatales se sometan a la Contraloría General de la República (CGR) en la ejecución de los presupuestos y a posibles sanciones en caso de que se incumplan los parámetros que se establezcan.
El proyecto de ley lo presentó este miércoles el presidente Rodrigo Chaves al considerar que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se negocia sin claridad en los criterios de inversión que realizan las universidades estatales, un tema que fue objeto de la difícil negociación que derivó en el acuerdo del presupuesto para el año 2023, después de una marcha multitudinaria de la comunidad universitaria hasta la Casa Presidencial, el 16 de agosto.
La iniciativa incluye la creación de un régimen de sanciones en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES, para verificar el cumplimiento de los objetivos, con la obligación de las universidades de presentar un informe financiero anual de la ejecución de los recursos.
Según Chaves, esta reforma legal está diseñada dentro del marco de la Constitución Política, esa que establece de la autonomía de las universidades estatales.
“Hoy no hay cuentas ni criterios objetivos para repartirlo (el FEES) entre las cinco universidades (…) para que no sea una negociación en un bazar todos los años, sino que haya parámetros”, dijo Chaves en alusión a aspectos como la empleabilidad por carrera y por universidad, además del otorgamiento de becas y la priorización de sedes regionales.
