El presidente Rodrigo Chaves remarcó su diferendo con la Contraloría General de la República (CGR) sobre un decreto firmado en junio que flexibiliza la regla fiscal y que tendría un impacto fuerte sobre la salud de las finanzas públicas, según esa institución.
El mandatario dijo estar dispuesto a defender su decreto en sede judicial, pues la CGR acudió el martes al Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se suspenda la aplicación del decreto 43.589-H emitido para que la restricción al gasto público contenida en la “regla fiscal” se relaje al ejecutarse en adelante sobre los montos presupuestados y no los ejecutados.
“Nosotros estamos ejecutando nuestro derecho de reglamentar la ley. Si ella quiere judicializar, soy respetuoso, pero prefiero eso que ver a 13.000 niños sin atención por falta de presupuesto del PANI”, dijo Chaves este mediodía en conferencia de prensa, en alusión al caso que lo llevó a reconsiderar la aplicación de la regla fiscal.
Chaves anunció el 22 de junio la modificación del reglamento de la regla fiscal, el instrumento contenido en la ley 9.635 del 2018, después de que las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) elevó las alertas por las restricciones para girar 16.335 millones urgentemente a organizaciones privadas que atienden menores de edad en vulnerabilidad, pues denunciaron que se quedaban sin dinero para operar después del 30 de junio.
Sin embargo, la CGR insiste en que la regla fiscal se debe aplicar como se hizo desde el 2020, por lo que ahora actúa en contra. “Impacta negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, el endeudamiento y el nivel de gasto público; lo que en otras palabras, significa que se incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población”, justifica la CGR.
Además, la Contraloría señala que el decreto supone una aplicación de la regla fiscal “desigual e inconsistente en relación con el Gobierno Central y el sector descentralizado, lo cual afectará la gestión de las instituciones”.
“Corresponde a los tribunales decidir eso”, respondió Chaves ante la consulta de una periodista en la conferencia de prensa posterior a la sesión de Consejo de Gobierno.
La CGR puntualizó los siguientes efectos “inmediatos e irreversibles” que tendría el decreto de Chaves si llegara a aplicarse:
- La eliminación del límite máximo para las transferencias que hace el Gobierno Central a las Municipalidades y Concejos Municipales.
- La autorización al Gobierno para aumentar durante el 2022, sus gastos en hasta ₡230.000 millones incumpliendo el mecanismo previsto en el artículo 21 del Título IV de la Ley No. 9635.
- Incumplimiento de la regla fiscal a nivel de gasto corriente en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República actualmente en trámite ante la Asamblea Legislativa.
- Imposibilidad de aprobar presupuestos extraordinarios en 24 instituciones públicas del sector descentralizado, en lo que resta del año.
- Un impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y en la ruta de alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal que requiere la delicada situación de las finanzas públicas del país.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió la aplicación original de la regla fiscal en una carta que envió en mayo a la presidenta del PANI, Gloriana López, en la que le indicaba que por esa restricción era imposible girar los recursos para las organizaciones privadas que atienden a niños y adolescentes.
Un par de semanas después él mismo firmó junto con Chaves el decreto que ahora objeta la CGR, mientras persiste la expectativa del PANi y de instituciones como Relaciones Exteriores por la carencia para operaciones básicas, además de un programa de ajuste fiscal para cumplir con metas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
