Se trata de una deuda añeja en la lucha contra posibles conflictos de interés, la lucha contra la corrupción y la eliminación de privilegios injustificados, que la misma Asamblea Legislativa se niega a saldar. La fracción del Frente Amplio (FA) revivió la propuesta para prohibir a los diputados el ejercicio de su profesión liberal, luego de que la propuesta en la corriente legislativa resultó asfixiada el 20 de febrero del 2023.
“Hemos presentado, de nuevo, el proyecto de ley para prohibir a los diputados ejercer de manera remunerada sus profesiones liberales. En el pasado, hemos observado que algunos diputados, en el ejercicio del cargo, incluso atendían a sus clientes en la propia Asamblea Legislativa, como si esto fuera un bufete de abogados. Esto genera claros conflictos de interés que tienen que acabarse”, expresó el diputado Jonathan Acuña, del FA.
El proyecto se tramitará en su segunda incursión bajo el expediente 24.282, y es prácticamente idéntico al anterior; una sencilla reforma para incluir a los diputados en la prohibición de la ley 8422, y la aclaración de que no les corresponde la compensación económica establecida en el artículo 15 de esa ley (compensación del 65% sobre el salario base).
La propuesta de prohibir a los diputados el ejercicio de su profesión liberal tiene un fundamento en equilibrar una prohibición que se estableció en el 2004 en la Ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito para prohibir a los jerarcas de la administración pública el ejercicio de sus profesiones liberales, precisamente para evitar posibles conflictos de interés. Sin embargo, en esa normativa únicamente se excluyó a los diputados, que eran los que debían aprobarla.
No tiene un camino sencillo, como lo evidenció su antecesor. El proyecto 21.270 fue presentado el 20 de febrero del 2019 por el diputado José María Villalta, del FA, y pese a tener un dictamen favorable, simplemente no encontró voluntad en la mayoría del Plenario para que se le autorizara más tiempo en la corriente legislativa: 39 diputados le negaron una extensión de cuatro años y la decapitaron por extinción del plazo cuatrienal. Únicamente 8 diputados abogaron por ampliar su plazo.
Esto a pesar de que se trata de una exclusión que no recibió ningún fundamento, ni en el momento de su aprobación, ni en el presente, como lo retrató el proyecto de Villalta.
“Esta exclusión carece de sustento jurídico y ético, especialmente si nos remitimos a los motivos que justifican la prohibición establecida en el artículo 14 de la Ley N° 8422. La función de legislador o legisladora requiere dedicación total al cargo, es una actividad de tiempo completo, aunque la remuneración sea a través de dietas y gastos de representación. No es posible cumplir adecuadamente con las responsabilidades del cargo, si un diputado o diputada se dedica también al ejercicio privado de su profesión”, expresó en esa oportunidad.
El proyecto fue dictaminado en la comisión de Jurídicos el 6 de octubre del 2021, ingresó al Plenario el 14 de febrero del 2022 y empezó el trámite de recibir mociones en Plenario el 28 de noviembre del 2022, que también se cumplió el 25 de enero del 2023, pero menos de un mes después, el 20 de febrero, una mayoría compuesta por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN, con 16) , el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, con 7), el Partido Progreso Social Democrático (PSD, con 8), Nueva República (NR, con 5) y el Partido Liberal Progresista (PLP, con 3) cerraron filas para no dar oxígeno político a la propuesta y mantener el privilegio de poder laboral liberalmente desde la curul. Únicamente se opusieron el FA (con 6) y dos votos del PLN, Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández.
Pero la propuesta fue revivida por el FA, con el apoyo de las firmas de Ruiz y Hernández, además de la oficialista Pilar Cisneros, que solo un año atrás votó por desechar una propuesta idéntica, pero con su firma abre la puerta para suponer una revisión del tema en el oficialismo, particularmente luego de que el presidente Rodrigo Chaves cuestionara a la diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por visitar a un privado de libertad el pasado 21 de abril en La Reforma.
El Presidente aseguró que era una incompatibilidad que Navas ganara dinero sacando gente de la cárcel y mantuviera obligaciones como diputada y presidenta de la comisión. Navas, por su parte, indicó que fue a la reunión porque en la comisión se está trabajando en ese sentido, y especificó: “Yo soy diputada y soy abogada; yo soy abogada y soy diputada”-
