La liquidación del contrato de concesión con la empresa Globalvía, encargada de la ruta 27 entre San José y Caldera, es una de las posibilidades que baraja el gobierno conducido por Rodrigo Chaves para avanzar en la ampliación de esa carretera.
Aunque el contrato se vence en el año 2033 y la rescisión implicaría un alto costo económico, el Gobierno incluye la opción dentro de las conversaciones en curso, dijo esta semana el vicepresidente Steffan Brunner.
Aunque el abanico de posibilidades considera también probable que Globalvía emprenda la ampliación dentro del contrato actual, la decisión final tardará porque cualquier camino que se tome implica altos montos de dinero, dijo el Vicepresidente.
Cerca de $550 millones es el presupuesto posible para la ampliación dentro del contrato con Globalvía, financiamiento que implicaría un incremento considerable de las tarifas que pagan los usuarios por transitar en distintos puntos de la ruta entre la capital y la costa pacífica. También incluye un aporte del Estado por más de $150 millones.
“No se ha tomado decisión final porque son montos muy altos los que están en juego”, contestó Brunner ante la pregunta de un periodista que le recordó palabras dadas en abril en el sentido de que Globalvía debía avanzar en la ampliación sin renegociar el contrato, dado el volumen del tránsito que ha alcanzado la ruta.
“En la 27 efectivamente hay que tomar una decisión rápida. El contrato sí prevé la ampliación, no hay que renegociar el contrato”, dijo el día que recibió la credencial como vicepresidente Brunner, quien en 2006-2007 fue gerente de ese proyecto.
Ahora, pasados dos meses desde la entrada del gobierno presidido por Rodrigo Chaves, continúan las consideraciones con el objetivo de buscar la forma más conveniente, pero partiendo de que será inevitables los altos costos.
“En 1998 dieron una tasa de interés de 16% real en dólares, cuando las tasas eran bajísimas. Por eso pagamos lo que pagamos. La tasa debió haber sido una cuarta parte.
Quién sabe qué tiempo de persuasiones dieron a un funcionario para firmar una hipoteca a ese costo que paga el pueblo”, dijo Chaves sobre la deuda del Estado con la empresa por la inversión inicial.
Si usted rescinde el contrato, el nuevo concesionario, o si el Gobierno lo hace, va a tener que seguir pagando por años un 16% de interés en dólares. Estamos amarrados y eso limita las opciones.
Un informe de supervisión de la carretera San José – Caldera, indica que hasta octubre de 2020 la concesionaria Globalvía había recaudado $661.2 millones por cobros de peajes desde la entrada en funcionamiento de la ruta, en el 2009.
Ese monto representaba una amortización de solo 69,93% de lo que debía reconocer el Estado a la concesionaria por su inversión inicial, de $301 millones, explicado en el hecho de que solo $15 de cada $100 recaudados en tarifas se destinan al pago de la deuda, como publicó UNIVERSIDAD en enero del 2021.
“Actualmente queda un saldo de $90,6 millones (con Globalvia), pero son dólares del año 2000. Esto quiere decir que se necesita recaudar $584.8 millones para cancelar a Globalvia el costo de la concesión”, aseguró entonces el matemático de la UCR Mario Villalobos, tras analizar los datos.
Según las proyecciones de ese momento basadas en recaudación disponible, al finalizar el contrato actual en 2033 se habrá pagado hasta seis veces el costo original de la carretera.
