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Reporte desde frontera con Nicaragua: «coyotes» aprovechaban 51 pasos ilegales y ayuda de oficiales

Investigación de Fundación Arias para la Paz recogió las condiciones de las rutas ilegales de migración en los cantones La Cruz, Upala y Los Chiles, aunque los controles sanitarios han reducido el tránsito.

Hasta 51 pasos ilegales y la ayuda de algunos oficiales nicaragüenses y costarricenses es el terreno ventajoso que tienen los traficantes de personas para aprovecharse de los migrantes que transitan a diario entre Costa Rica y Nicaragua, aunque el tránsito se ha reducido después las restricciones de la pandemia de COVID-19.

Estos son los hallazgos de una investigación en el terreno hecho por de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, hecho pública este viernes por la mañana, dos años y medio después del estallido de la revuelta social que incrementó el flujo de nicaragüenses hacia Costa Rica.

Con cobros de hasta 350 dólares por migrante hasta San José, los traficantes de personas o «coyotes» tienen claras las rutas, los puntos de apoyo y los contactos de autoridades necesarios para mantener una actividad ilegal que genera tantos ingresos como el narcotráfico, pero con penas mucho menores, según el informe.

Con Los Chiles como «autopista» para el paso ilegal de personas, con Upala como zona menos organizada y La Cruz (donde está el puesto de Peñas Blancas) como un punto de más complejidades, las redes de traficantes tienen dominio sobre los caminos para introducir a los migrantes escapando de las autoridades, o al menos de las que no ayudan con acciones u omisiones.

Migrantes, funcionarios y lugareños entrevistados así lo reportaron mediante entrevistas que fueron complementadas con grupos focales y visitas al terreno.

«Los traficantes de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica al igual que en los Chiles. Una de las estrategias es compartir información, los militares y policías de ambos países ya conocen las placas de los carros y no los paran y los coyotes ya conocen los horarios en que estos funcionarios se encuentran en su puesto, para pasar en ese momento», se lee en el documento.

Estos actos de corrupción se señalaron para los tres cantones donde se identificaron los principales pasos ilegales, un total de 51 según la Fuerza Pública, aunque los entrevistados señalaron la mayor actividad en 12 puntos.

En La Cruz se ubicaron 20 puntos de acceso irregular a lo largo de los 65 kilómetros de extensión fronteriza, con una alta participación de lugareños que dan servicios a los migrantes y que, sospechan los autores de la investigación, son parte de las organizaciones de tráfico de personas.

En Upala se registraron 11 pasos y no se identifica una organización predominante de tráfico de personas, sino más bien un grupo familiar, en buena medida por que es un cantón históricamente acostumbrado al tránsito transfronterizo y al conocimiento propio de las rutas posibles, según el reporte de la Fundación.

En Los Chiles sí hay una mayor organización y un alto flujo de migrantes alrededor del puesto fronterizo Tablillas, con 20 puntos de acceso irregular y claridad sobre la red.

Ahí se identificó que «la existencia de una estructura criminal, con un líder que opera desde su residencia dando órdenes, utilizando tecnología como GPS y chats de Whatsapp. Compra carros sin los debidos permisos de circulación y los manejan personas incluso sin licencia, aunque también hay personas con carros propios que trabajan para sí mismos. Hay alianzas con los traficantes que cruzan la frontera como guías y los piratas o talibanes», indica el reporte.

Además, los traficantes de personas tienen la ventaja de que en Los Chiles solo hay destacado un policía de Tránsito, que resulta fácilmente eludible para esa organización, una vez han ingresado a los migrantes por rutas terrestres o acuáticas. En ocasiones envían a los extranjeros a caballo o en bicicleta de un punto a otro.

En Los Chiles, sin embargo, se percibió una fuerte reducción del flujo migratorio de personas sin documentos durante los últimos ocho meses, desde que se establecieron controles fuertes para frenar los contagios de COVID-19.

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