En la Asamblea Legislativa se abrió campo la semana antepasada la posibilidad de que se apruebe legislación de navegación acuática moderna, que ponga orden y seguridad en las vías acuáticas, y a la vez se auspicie oportunidades de empleo y el desarrollo marítimo costarricense mediante la capacitación del personal que demanda la industria naviera.
El pasado miércoles 6 de abril la Comisión de Gobierno y Administración acogió como base para la discusión un texto sustitutivo del proyecto de Ley de Navegación Acuática, que regula el tráfico en las vías de comunicación por agua y los servicios que se prestan en ella.
El mismo día, en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa tuvo lugar el foro “Vientos favorables para el desarrollo marítimo costarricense”, en el cual se dieron a conocer los beneficios que traería al país la ratificación legislativa del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar (STCW en inglés), firmado en 1978 y enmendado en el 2010.
En la actividad estuvieron presentes estudiantes de la nueva carrera de Ingeniería Náutica que imparte la Universidad de Costa Rica (UCR) en Limón, y hubo exposiciones sobre el estado de la industria pesquera y náutica del país, y la investigación que se hace sobre los recursos marinos, entre otros aspectos.
Participaron el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta; el vicerrector de Docencia de la UCR, Bernal Herrera; el director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar de la UCR, Álvaro Morales; el director del Núcleo Náutico Pesquero del Instituto Nacional de Aprendiza (INA), Marco Acosta; y el director de Navegación y Seguridad de la División Marítimo Portuaria del MOPT, Nelson Soto.
Soto destacó el “cambio de rumbo” que se está dando en el desarrollo marítimo costarricense a partir de una serie de iniciativas en marcha, como los proyectos de ley que están en la corriente legislativa para regular el tráfico acuático y el salvamento marítimo, así como la discusión del Convenio STCW.
Este Convenio establece las normas internacionales necesarias para que los centros de formación y educadores desarrollen las aptitudes y competencias exigidas de la gente de mar en la actualidad.
El STCW es considerado uno de los cuatro pilares del régimen regulatorio internacional del transporte marítimo, junto con otros dos Convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI) -el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas, en inglés) y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol)- así como el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según ha denunciado la organización ecologista Marviva, Costa Rica reprueba en materia de aprobación de convenios internacionales sobre navegación marítima.
Costa Rica es uno de los pocos países que no ha ratificado el Convenio Marpol. Este es uno de los convenios más importantes, establece los requisitos mínimos para el manejo de los desechos que se generan a bordo de los buques, así como de las sustancias contaminantes que estos transporten, con el objetivo de proteger los océanos y las costas de la contaminación.
CONVENIO
Actualmente, el Convenio STCW se discute en la Comisión de Asuntos Internacionales, y según la diputada Laura Garro, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), tiene buen ambiente entre los representantes de los diferentes partidos, por lo que espera que reciba pronto dictamen positivo. Solo faltan algunos aspectos de forma, no de fondo, dijo.
“Si logramos que se apruebe en la Asamblea Legislativa eso nos permitiría que nuestra gente pueda optar por trabajar en barcos y flotas internacionales automáticamente, pues quedarían certificados y no tendrían que buscar que les homologuen el título en otros países como en la actualidad”, explicó Garro.
Comentó que actualmente hay gente estudiando en Limón la carrera de Ingeniería Marina Civil, y hay mucha gente graduada en el INA como técnicos especializados, pero no tienen oportunidad de trabajar en buques mercantes y cruceros, porque para poder hacerlo tienen que ir a Panamá o a Honduras y pagar una cantidad de dólares para que les homologuen sus títulos.
“Lo que queremos es apoderar a la gente nuestra para que tenga esa oportunidad de trabajo, y algo importante es que estamos devolviéndoles a las costas el valor que tienen, porque tenemos muchos años de darles la espalda a las costas y nuestros mares”, señaló la legisladora.
Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, que va a discutir el texto sustitutivo de la Ley de navegación acuática, aseguró que las diputadas y diputados están enfocados en la construcción de una ley viable, técnica y jurídicamente, que contemple la regulación de las vías de comunicación por agua, la navegación y todos los servicios que se presten en ella.
Con este proyecto se plantean mejoras para aumentar la seguridad de la navegación, fortalecer los controles de las embarcaciones y las tripulaciones, tanto nacionales como extranjeras, y promueve beneficios ambientales como la prevención de la contaminación acuática, explicó.
Costa Rica se carece de una Ley que sancione efectivamente las irregularidades que suceden en el tráfico y transporte acuático, y que permita una fiscalización y prevención real de parte de las instituciones competentes
El diputado socialcristiano William Alvarado, miembro de la Comisión, resaltó que la nueva ley va a permitir crear una autoridad marítima de verdad, que hoy no existe.
“Me parece que debe haber una transformación en el mismo MOPT, porque ya no es cualquier persona a la que pueden colocar ahí, tiene que ser una persona con preparación en el área, entonces el MOPT va a tener que revisar cuál es el personal que tiene.”
Por otra parte, el Convenio STCW va a ser un complemento para esta ley, porque establece los niveles de formación que debe tener la gente del mar, dependiendo de la labor que realice en el proceso de navegación.
“Eso nos da una garantía de que lo que estamos enseñando en el país es lo que la OMI está considerando, y esto se va a enlazar con navegación, porque nosotros estamos homologando en el reglamento de navegación lo que dice la OMI, principalmente en el tema de formación”, manifestó Alvarado.
Autoridad en el mar
Nelson Soto, Director de Navegación y Seguridad, División Marítimo Portuaria del MOPT, consideró que el proyecto de Ley de navegación acuática que discuten los diputados cumple con los requerimientos actuales.
“Es un proyecto que el MOPT y la División Marítimo Portuaria han venido trabajando durante muchos años; hemos venido modificándolo por recomendaciones, principalmente de especialistas. Ahora estamos en un trabajo muy fuerte con la Comisión de Gobierno y Administración, que nos han venido haciendo observaciones.
Es un trabajo muy serio que se ajusta a los requerimientos internacionales y a la realidad nacional.
Es una ley marco que establece regulaciones generales de forma tal que vía al reglamento podemos establecer las situaciones concretas de algunas regulaciones que ahí se establecen”.
¿Diría que existe actualmente una autoridad capaz de controlar el tráfico en las aguas nacionales?
-Yo diría que es una autoridad marítima que hay que mejorar. Estamos haciendo un esfuerzo a través del Ministerio por ir profesionalizando el personal de puertos, de las oficinas centrales, tenemos un equipo de profesionales que se han venido calificando con el tiempo, pero sabemos que hay ciertas obligaciones a nivel de normativa que solo se pueden implementar una vez que dispongamos de un equipo altamente especializado.
¿Y no se ejerce plenamente la autoridad?
-Sí se ejerce, lo que pasa es que los controles deberían ser más exhaustivos, más técnicos. Tenemos deficiencias de normativa, lo cual podría hacer algunos de los procesos débiles. Por eso estamos trabajando no solo en convenios internacionales sino en la ley de navegación acuática, que vendría a ser una normativa que nos permite regular, igual que la ley de tránsito, y si el inspector sabe que alguien está incumpliendo, podemos detener, hacerle una multa, quitarle la embarcación, etc.
Ahorita estamos con procesos serios, pero las consecuencias jurídicas no son las que permiten obligar a los usuarios del sector a cumplirlas, y en muchos de los casos no hay ninguna sanción.
