La regla fiscal “está completamente desvirtuada” por los cambios que ha recibido, en opinión de la contralora Marta Acosta, quien indico que es necesario realizar algún análisis sobre este tema, al incluirlo entre los tres temas más preocupantes sobre la liquidación presupuestaria del 2022.
La regla fiscal se aprobó en diciembre del 2022, con el objetivo de limitar el crecimiento del gasto, si la deuda pública supera determinados porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, durante su aplicación en el 2022, “la Contraloría determinó la imposibilidad de establecer el cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal, debido a que las modificaciones que se le realizaron en el 2022”, indicó Acosta, al presentar ante la Comisión de Hacendarios la auditoría especial que realizaron sobre esta materia.
La Contraloría otorgó una “opinión denegada” a esta materia; es decir, consideró que no había información suficiente para determinar si la información era congruente y razonable. En contraste, la información sobre ingresos y egresos del Presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública recibieron “opinión adversa” de la Contraloría, cuando la información auditada presenta errores injustificados y generalizados.
Acosta explicó que no era posible llegar a conclusiones consistentes, porque no hubo criterios de auditoría fiables por las incongruencias en este campo, particularmente por un Decreto Ejecutivo que realizó cambios al reglamento del título IV de la ley 9635 en temas importantes, como la verificación y los conceptos para realizar el cálculo.
También indicó que se dio a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria la potestad de ajustar el límite del crecimiento de algunas instituciones que no estaban cumpliendo con la regla. “Para la Contraloría, no era tema de un decreto, de un cambio a un reglamento, se excedió la potestad reglamentaria”, dijo Acosta.
Indicó que la Contraloría interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso, Administrativo y Civil de Hacienda sobre estas situaciones, pero enfatizó que es una materia que debe ser analizada y “se tiene que zanjar en algún momento”.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la comisión, le consultó sobre el tema y particularmente si 28 instituciones habían excedido el límite de la regla fiscal. En este punto, Acosta insistió en que la Contraloría no pudo llegar a conclusiones consistentes por la incongruencia de la información disponible. “Como calcular si cumplieron o no cumplieron, no era posible”, afirmó.
