Sentada en su despacho en la Casa Amarilla es imposible verlo, pero al borde de la frontera con Nicaragua lo imposible es no verlo: el descontrol campea a lo largo de la línea limítrofe y resulta imposible saber quién entra, quién sale y qué se comercia entre ambos países.
La canciller Epsy Campell fue el viernes 7 a los pasos fronterizos de Mojón y Manzano, en el cantón Upala, para ver en el terreno uno de los ángulos en que repercute la crisis en Nicaragua y las tareas pendientes que aún tiene Costa Rica.
Dos días atrás había hablado con Universidad para explicar algunas de las medidas posibles para aplicar frente al gobierno de Daniel Ortega, casi a cinco meses del estallido de las protestas que han dejado unos 400 muertos y miles de desplazados. Por ejemplo: la decisión de no nombrar un embajador.
“No ha existido un gobierno en Costa Rica que haya sido tan contundente frente a Nicaragua”, alegaba la Vicepresidenta, defendiendo cada paso dado por el Gobierno frente al conflicto en el país del norte. Después, acompañada de una diputada del PLN y del alcalde upaleño Juan Bosco Acevedo (también del PLN), reconocería que hay trabajo pendiente para evitar que la presión migratoria se convierta en crisis.
“Necesitamos ordenar ese trabajo porque hay una demanda alta de servicios de cuido de fronteras en todos los niveles. Es necesario hacerlo para proteger a las personas que están ingresando, para que no sean víctimas de tráfico o abusos, pero también para proteger las fronteras por la entrada eventual de personas que no tengan las condiciones, que puedan ser delincuentes o que puedan hacer daño al país. Tenemos que ordenar las fronteras porque hay un comercio irregular que entra y sale, y nosotros pagamos una factura importante.”
¿Es realista pensar en controlar lo que pasa por la frontera?
–Tenemos que hacerlo en coordinación con la municipalidad porque conoce perfectamente lo que pasa en cada punto. Eso no lo puede hacer solo el Ejecutivo.
Hablo de controlar en los puntos donde hay calle y son pasos comunes. Ya uno sabe que la frontera es imposible de blindar. Lo que pasa en algunos lugares es que hay un puesto de Nicaragua, pero no uno de Costa Rica. Hay espacios donde uno no sabe si está de este lado o del otro, son seis pasos de estos de uso común.
¿Pueden estar entrando sandinistas para perseguir refugiados o caldear ánimos?
–No tenemos evidencia de eso y no debemos hacer interpretaciones. Lo que se necesita aquí es regular los pasos de frontera.
¿Ve crisis en la zona fronteriza?
–Hay que ordenar muchísimo, pero no, esto no crisis. Aquí la gente lo que pide es control de algunas situaciones. Este es un cantón (Upala) bien particular con una gran identidad de migrantes porque así nació hace muchos años, pero requieren decisiones que el Gobierno requiere tomar.
¿No era previsible que había que reforzar la frontera?
–Muchas veces las autoridades debemos movernos porque a menudo esta demanda la hacen las autoridades locales. Es un asunto de ordenar y prioridades en momentos en que no hay plata para contratar o solicitar ayuda internacional. Por eso el presidente nos ha mandado a recorrer el país, porque sino hay desfases entre la situación real y lo que llega a las oficinas.
El país pide a la comunidad internacional acciones más contundentes con Nicaragua. ¿Con Ortega o sin Ortega?
–Nosotros no nos metemos en esa política interna; lo que procura Costa Rica es que se acabe la represión y haya una solución pacífica a la demanda social.
¿Puede dictar Costa Rica sanciones económicas?
–No, no, no. Nuestra economía está totalmente ligada a la economía nicaragüense. Eso sería como ponernos sanciones a nosotros mismos. Hay exportadores costarricenses que son pequeños y dependen de su ventas en Nicaragua, pero además preferimos actuar desde el multilateralismo.
¿Y la posibilidad de restringir el ingreso de personas cercanas a Ortega? Aquí entra y sale a menudo, por ejemplo, el expresidentes del tribunal electoral, Roberto Rivas, a quien Estados Unidos le retiró la visa.
–Esas son cosas que sí podríamos hacer. Estamos analizándolo; el presidente Alvarado me ha pedido analizar la restricción de visas y la eliminación de privilegios que han existido históricamente. Esa sería una manifestación política de parte de nuestro Gobierno.
¿Quién será el nuevo embajador que sustituya a Eduardo Trejos?
–Tampoco vamos a enviar en el corto plazo a un embajador. Vamos a nombrar un encargado de negocios y ministro consejero para que se encargue de los asuntos necesarios. No tenemos demasiado margen, pero tenemos costarricenses viviendo en Nicaragua, negocios de costarricenses allá, miles de nicaragüenses viviendo aquí, una frontera que no se puede impermeabilizar como no se puede cerrar ninguna frontera en el mundo. En un par de semanas vamos a hacer un encuentro con empresarios costarricenses y nicaragüenses para ver cómo podemos repatriar algunas inversiones.
¿Cómo harán eso?
–Vamos a buscar la manera. Necesitamos generar empleo aquí y sabemos cuáles son las necesidades que tienen allá; hemos hablado con empresarios nicaragüenses que podrían estar interesados en operar en Costa Rica. Aunque reconocen que Costa Rica es más caro, ahora están dispuestos a pagar lo que se llama “el bono democrático”, que genera estabilidad y un marco de certeza sobre el futuro. Podrían contratarse aquí nicaragüenses que han sido expulsados, pero también costarricenses que buscan opciones de empleo.
El expresidentes Arias ha dicho que Costa Rica debería llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional. ¿Han pensado en esa posibilidad?
–No ha existido un gobierno en Costa Rica que haya sido tan contundente frente a Nicaragua, pero llevar a una persona a la CPI implica todo un proceso que podría valorarse, pero por el momento seguiremos siendo consistentes usando las herramientas que tenemos a mano para impactar en la realidad nicaragüense desde la multilateralidad y con la política de flujos migratorios, aunque no sea muy popular. En estos cuatro meses no pudimos haber hecho más y esas recomendaciones siempre son buenas; podemos analizarlas y no podemos descartar nada previamente. Quizá el expresidentes Arias tenga una propuesta más acabada sobre el proceso ante la Corte Penal, más allá de una manifestación general.
El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos enumera severas violaciones atribuibles al gobierno de Ortega. ¿No son insumos suficientes para llevar a la CPI?
–Hay expertos que han trabajado cerca de la CPI y podrían darnos algunas opiniones sobre ese informe. Si bien para nosotros es terrorífico el contenido del informe, eso necesariamente se compara con otras cosas muy atroces que también ocurren en otras partes del mundo. Ese razonamiento debe ser muy apegado al realismo jurídico y hay que ver si dé para armar un caso. Por eso le digo que no lo descartamos, pero el propósito nuestro es que en Nicaragua se detenga ya la represión tan dramática para que ese pueblo vuelva a la normalidad.
¿Se mantiene la política de acogida de Costa Rica?
–Exacto. Tenemos una política clara que establecer prioridades y la forma de atender esa realidad migratoria de nicaragüenses, pero también de venezolanos, salvadoreños y extracontinentales.
