Las reformas para salvar el seguro de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deben darse en un plazo máximo de dos años, advierte Rodrigo Arias López, uno de los autores de la evaluación actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), que examinó la salud financiera de ese régimen administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El informe de evaluación de la UCR presentó recomendaciones para atender el riesgo financiero y el riesgo moral que tiene el IVM. La Junta Directiva de la CCSS adoptó el pasado 12 de junio una serie de acuerdos para atender algunas de las recomendaciones (ver recuadro).
El riesgo moral tiene que ver con la calidad de la evaluación actuarial en la Caja y con el hecho de que la Dirección Actuarial que hace las evaluaciones esté también metida en el comité de riesgo, puntualizó Arias, actuario y profesor de la Escuela de Matemática de la UCR.
Parte de las recomendaciones del estudio apuntan a la necesidad de ampliar la cobertura contributiva de los trabajadores independientes y cotizantes voluntarios, y los directivos ordenaron acciones en esa dirección.
Pero en criterio de Arias, la ampliación de la cobertura a esos grupos solo se podrá lograr si a esos trabajadores se les cobra la cotización para el seguro de pensiones de la misma manera como se les cobra a los asalariados, y que no se les cobre la cuota patronal como en la actualidad, sino que el Estado asuma esa parte con los impuestos.
El estudio de la UCR propuso cuatro escenarios de cómo reestructurar el IVM según el monto de la prima, la edad de retiro y el beneficio, y originó críticas al considerar la posibilidad de subir hasta 70 años la edad para poder pensionarse, que la cotización subiera hasta un 26% sobre el salario y el beneficio se redujera a menos del 50% del salario.
El exsuperintendente de pensiones Edgar Robles consideró que la propuesta de la UCR no era factible por el elevado costo de la cotización, lo que incrementaría la informalidad porque los trabajadores preferirían no cotizar para el régimen de la Caja.
Arias aclaró al respecto que en el informe se proponen diferentes escenarios para que la CCSS, como institución autónoma, decida cuál escoge, o si hace otro, y se ponga de acuerdo con los sectores sociales (trabajadores, patronos, Estado) para encontrarle una solución al IVM.
Eso tendría que reflejarse en una modificación del reglamento de pensiones y probablemente también de algunas leyes.
En cuanto a la crítica de que la propuesta no es factible por el alto costo de la prima con relación a los salarios, comentó que se deben tomar en cuenta varios elementos y lo primero es que no es que vaya a cobrar ya, sino que sería un aumento en etapas.
“Lo que estamos recomendando en el estudio actuarial es que la cotización para las pensiones del IVM sea del 10%, como está actualmente, y que cada cinco años suba un poquito hasta llegar en el 2550 o 2060 a un 26% sobre los salarios, dependiendo del escenario que se escoja”.
Otro aspecto para considerar es que actualmente el Estado está pagando regímenes de pensión con cargo al presupuesto nacional que ya están cerrados para nuevos pensionados, y ese gasto de aquí a 35 o 40 años ya no va a existir.
Eso va a liberar recursos para hacer una readecuación y que gradualmente el Estado pueda aportar más recursos al IVM y no aumentar la cuota directamente al asegurado.
Por otro lado, actualmente el régimen paga el seguro de salud de los pensionados y como se sabe la atención de la salud en los adultos mayores es más cara que en el resto de la población; habría que hacer un análisis de largo plazo para ver cuánto va a aumentar y se le cobre al Estado conforme a lo indicado en el artículo 177 de la Constitución Política.
Según dicho artículo se debe definir cuáles son las rentas actuales y futuras requeridas para los seguros sociales a corto y largo plazo. La ley que creó el régimen de salud de los pensionados dice claramente que si hay un déficit en ese seguro de salud de los pensionados, se le debe cobrar al Estado, pero la Caja no lo hace.
Igualmente se debe hacer un cálculo en el caso de los trabajadores independientes, ya que a estos trabajadores no les debe cobrar la cuota patronal pero la Caja se la está cobrando.
Hay que hacer un análisis para corroborar si efectivamente hay un porcentaje del seguro de salud que debe trasladarse al seguro de pensiones y, en ese caso, el hueco que queda en salud se lo tendrían que cobrar al Estado, para que lo pague con impuestos. Así paga todo el mundo y esto es importante porque la seguridad social no puede ser universal si es respaldada solo con un grupo de personas, indicó Arias.
A la vez, tiene que mejorar los niveles de recaudación, sobre todo en el caso del pago por las utilidades de las empresas estatales, donde la evasión es alta.
“Todos esos elementos deben entrar en el análisis, porque si no es construir sobre arena, y el esquema debe ser robusto para que no ocurra que de aquí a 30 años se diga que se tomaron decisiones que no eran factibles porque no se hizo el análisis de manera global”, apuntó.
¿En qué plazo deben tomarse las decisiones para evitar el desplome del IVM?
–A lo sumo en un plazo de dos años. Esto lo digo yo, no lo dice el informe.
¿Cuál sería la consecuencia de no hacer las reformas a tiempo?
-Que entre el año 2022 y 2028 se acabarían los ingresos que se tienen por rendimiento de la reserva del fondo.
La cuestión es que desde el año 1947 (cuando se creó el régimen) hasta el año 2009 la prima que la Caja cobró a los trabajadores, a los patronos y al Estado fue de un 7,5% sobre los salarios y la prima no se actualizó.
En el 2005 se acordó aumentar esa prima un 0,5% cada cinco años hasta llegar a 10% en el 2035.
Sin embargo, no fue suficiente y el año pasado la Caja acordó cobrarle un aumento al Estado.
Lo que pasó fue que las cuotas no alcanzaron para pagar los gastos (los beneficios de los pensionados más los gastos de administración del fondo) y entonces se comenzó a tomar los rendimientos de las inversiones (en vez de capitalizar la reserva).
Actualmente se están utilizando entre ₡60.000 y ₡70.000 millones de esos rendimientos al año.
¿Qué pasa con eso?
-A partir del año 2012 la reserva empezó a crecer menos que como venía creciendo, y en el 2022 o 2023 ya no se podría meter nada a la reserva, y más bien se empezaría a tomar de la reserva para pagar los gastos. Y si no se hace nada, esa reserva se agotaría entre el año 2027 y el 2034, dependiendo de los escenarios previstos que son tres: uno pesimista, uno esperado y otro optimista.
En el pesimista las reservas se agotarían en el 2027, en el esperado en el 2030 y en el optimista en 2034.
¿En qué falló esa reforma del 2005 que debía supuestamente garantir los recursos del régimen al 2035?
-En el informe vienen cinco causas de por qué esa reforma no resultó. Una de ellas es que bajaron la base mínima contributiva en vez de aumentarla, la dejaron en ₡100.000 y tuvieron entonces menos ingresos.
Otra es que aumentaron la pensión mínima más que la inflación, a pesar de que en la evaluación actuarial estaba que las pensiones se iban a revaluar con base en la inflación.
Por otro lado, en el 2005 se acordó que con el mínimo de cuotas para pensionarse un afiliado podía anticipar su pensión si después de que le penalizaban el monto de la pensión esta le quedaba por encima o igual a la pensión mínima (₡130.000 actualmente).
Pero en el 2007 quitaron eso y si le quedaba por debajo se le subía al monto de la mínima (Eso se corrigió en el 2013, pero en ese lapso aprovecharon para pensionarse cantidad de personas a las que la cotización no les daba para obtener una pensión mayor a la mínima).
También en el 2005 se dio un beneficio adicional que se llamó pensiones proporcionales. Antes de ese año para pensionarse a los 65 años o más de edad se requerían 20 años cotizados. Pero eso se modificó en el sentido de que si a los 65 se tenía entre 15 y 25 años cotizados se podía obtener pensión con un 75% a 100% de la pensión mínima. Y en el 2007 se acordó que el porcentaje ya no sería de la pensión mínima sino de la pensión calculada por cotización.
Otro factor que afectó fue la crisis económica del 2008 – 2009, que ocasionó desempleo y la consecuente baja de ingresos al régimen por aportes de cotizantes.
Ustedes proponen aumentar la base contributiva con mayor cobertura de trabajadores independientes. ¿Cómo lograrlo?
-En el informe se recomienda que a los trabajadores por cuenta propia se les cobre lo mismo que se les cobra a los trabajadores asalariados y que el Estado pague la otra diferencia con impuestos.
Nunca van a lograr aumentar la cobertura si no modifican eso, y además va a estar siempre un grupo de gente que le va a resultar caro al seguro, porque van a cotizar poco, con la base mínima contributiva, y se van a tener costos muy altos para el régimen porque van a estar siendo subsidiados con pensiones mínimas.
Más plazas y otros acuerdos
La Junta Directiva de la CCSS aprobó el pasado 12 de enero (sesión 8882) un paquete de acuerdos para mejorar la gestión de inversiones y evaluación actuarial del seguro de pensiones IVM, que incluye la creación de al menos 14 nuevas plazas profesionales y capacitaciones para diez funcionarios.
Esto como reacción a varias de las recomendaciones presentadas en el Estudio Actuarial del IVM presentado en diciembre pasado por la Escuela de Matemática de la UCR.
Dentro de las medidas acordadas por los directivos de la Caja se instruye a la Gerencia de Pensiones para que presente una propuesta de diversificación de la política de inversiones del IVM, contemplando la colocación de recursos en el extranjero y la inversión en títulos de obra pública y privada.
Asimismo, la contratación de dos asesores externos para el comité de inversiones del IVM.
Además, procurar la extensión de cobertura de trabajadores independientes y afiliación voluntaria a través de la simplificación del reglamento de Afiliación de Trabajadores Independientes y de un plan de acción para una agresiva afiliación de estos grupos.
En busca de asegurar la sostenibilidad del IVM en el corto plazo, la Junta Directiva aprobó una recomendación de la Dirección Actuarial para incrementar en un punto porcentual la contribución de los trabajadores, que pasaría de 2,84% a un 3,84% del salario, a partir de junio próximo.
Esto permitiría garantizar por cuatro años la capitalización total de los intereses de la reserva del fondo del IVM (que se han estado empleando para pagar los gastos), en tanto se acuerdan las acciones de largo plazo en un diálogo entre los sectores sociales previsto para arrancar en marzo y hasta por un plazo de seis meses, se lee en copia del acta de la sesión emitida por la secretaria de la Junta Directiva.
(El anuncio de este incremento a la cuota obrera desató un revuelo de críticas de varios sectores luego que fue dado a conocer por la presidenta ejecutiva de la institución, María el Rocío Sáenz, en pasado 12 de enero).
Ya en el 2016 la Junta Directiva había adoptado medidas de corto plazo que implicaron la eliminación de la pensión anticipada, un incremento del aporte del Estado en un 0,66% para el financiamiento de las pensiones mínimas, una maximización de las inversiones y mejorar la gestión de cobros.
Con el propósito de fortalecer la gestión administrativa y la toma de decisiones en el ámbito de las inversiones y la función actuarial, se aprueba la “apertura de beneficios formativos“ en los campos de inversiones (dos especializaciones), actuarial (tres), estadística (una) y seguridad social (cuatro especializaciones), dice el acuerdo de Junta Directiva.
Adicionalmente, se aprueba una plaza de asesor en materia actuarial para la Gerencia de Pensiones, y dos plazas en temas de economía e inversiones.
Además, se instruye a la Dirección Actuarial y Económica para que inicie el proceso de contratación de servicios profesionales para la actualización del Sistema de Proyecciones Demográficas y Financieras (Prodefi).
También se autoriza la creación de las siguientes plazas: un actuario (en el Área Actuarial), un analista de sistemas, un abogado, un economista y un actuario (Área de Riesgo), un estadístico y un demógrafo (Área de Estadística), un actuario (Área de Análisis Financiero) y un economista (Área de Investigación Económica).
A propósito del tema, valga mencionar que al anterior jefe de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, Daniel Muñoz, quien se había capacitado en el extranjero becado por la Caja, no se le renovó el nombramiento luego que denunció presuntos conflictos de interés y otras irregularidades en el comité de inversiones (del que formaba parte) y otros niveles . Después la denuncia contra grupo de altos mandos de la Caja la llevó al Ministerio Público donde está abierta una investigación desde el 2012.
Según los datos de la CCSS al mes de setiembre último, el IVM cuenta 1.505.792 cotizantes, cubre al 63%% de la población trabajadora y tiene 225.984 beneficiarios (51.400 personas pensionadas por invalidez, 115.135 por vejez y 59.449 por muerte). La reserva del fondo ronda los ₡2 billones.
