Cuatro jueces de tres salas distintas son los candidatos oficiales para presidir la Corte Suprema de Justicia, en medio de la peor crisis que ha visto el Poder Judicial. Se trata de Luis Guillermo Rivas (Sala I), Orlando Aguirre (Sala II), Fernando Cruz y Fernando Castillo (ambos de Sala IV).
Los cuatro aspiran a ocupar la silla que dejó el exmagistrado Carlos Chinchilla, quien se acogió a su jubilación justo cuando la Corte lo suspendió por cerrar una investigación del “cementazo”, con una prueba “falseada” desde la Fiscalía general.
En medio de críticas por la opacidad y secretismo alrededor de sus decisiones, y los privilegios salariales y las irregularidades expuestas en el último, la elección que tomarán los magistrados, este miércoles a partir de las 9 a.m., no es poca cosa.
Los cuatro candidatos esperan concluir su periodo, a diferencia de Chinchilla, quien apenas duró un año al frente de la Corte y salió como el primer Presidente en recibir una suspensión. UNIVERSIDAD conversó con los cuatro aspirantes sobre las reformas que buscan impulsar, su opinión sobre la situación salarial y las acciones para transparentar los procesos de la Corte.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Luis Guillermo Rivas Loáiciga” icon_quote=”no”]
Edad: 68
Sala: I
Experiencia como magistrado: 19 años
Finaliza periodo: 2023
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En su criterio, ¿cuál es el rol que debe tener un Presidente de la Corte?
–Tiene un rol muy importante dentro de la administración de justicia y dentro del Poder Judicial. Debe proponer y tratar de que se cumplan los programas y objetivos. Tiene que tener un papel activo, definir derroteros y establecer prioridades. Es una figura importante; podría ser que en las sesiones de Corte se limite a ser un director de debates o moderador, pero no creo que solo sea así. El Presidente de la Corte tiene un rol importante en los debates porque puede proponer soluciones y agilizar, establecer límites de la palabra para que se encauce la discusión.
¿Cuáles son las principales reformas que urgen en el Poder Judicial?
–La presidencia de la Corte tiene que impulsar la eliminación de la tardanza judicial; tiene que proponerse que los asuntos sometidos a la jurisdicción se resuelvan con prontitud y calidad. Se tiene que poner atención a todas las reformas procesales para que la tramitación judicial sea rápida. El Poder Judicial es esencialmente jurisdicción.
También involucra al Ministerio Público, al OIJ, a la Escuela Judicial y a otros auxiliares. Hay que impulsar cada una de esas oficinas para que tengamos una mejor comunicación y metas comunes. El Poder Judicial es esencial para establecer paz social, todos esos auxiliares son importantes y deben estar alineados. No intervenir en lo que hagan, tienen que tener autonomía, pero sí para coordinar.
¿Cuál es su opinión sobre la situación económica del país y la responsabilidad de la estructura salarial en el Poder Judicial en ella?
–En eso hay que ponerle atención. Se nos ha estado indicando que tenemos una estructura que tiene privilegios; hay que revisarlo con cuidado. El medio nos está pidiendo alguna tranquilidad.
¿Considera que la cúpula del Poder Judicial tiene privilegios insostenibles o difiere en ciertos aspectos?
–A través de los años se han venido dando aumentos en los salarios nuestros que tienen una relación de ser, porque el Poder Judicial tiene que tener un compromiso de transparencia y seriedad. Las decisiones que toman los jueces son de muy alto calibre, en el sentido de que hay que garantizar que esas personas no puedan ser atacadas mediante la tentación de ofrecimientos y eso hay que tomarlo en cuenta. El juez es una persona calificada que estudia, que tiene que tener conocimientos; tiene que tener imparcialidad. Para mantener esa libertad de poder decidir, tiene que tener esas garantías, hay que revisarlo, porque estamos compitiendo con las otras instituciones y organizaciones que están disputándonos el talento, y en eso hay que tener cuidado. Sin embargo, es algo que se debe revisar.
¿De qué manera piensa hacer más transparente el trabajo de la Corte?
-El Poder Judicial tiene su base en la verdad. No puede tener su base en ocultamientos, no puede estar sustentado en cosas oscuras, no puede tener secretos; tiene que resolver los asuntos con transparencia. Hay que hacer un mayor esfuerzo para que haya mayor transparencia en la solución de las cosas administrativas. Yo sí creo que hay que quitarle a la Corte algunas de esas actividades administrativas y enviarlas a otras instancias. Se debe hacer más eficiente el trabajo de la Corte, inclinado a resultados y objetivos. Sin embargo, el magistrado no puede dejar de ser un líder dentro de la gobernanza del Poder Judicial.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Orlando Aguirre” icon_quote=”no”]
Edad: 75
Sala: II
Experiencia como magistrado: 29
Finaliza periodo: 2023
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En su criterio, ¿cuál es el rol que debe tener un Presidente de la Corte?
–La Corte ejerce el gobierno y la administración del Poder Judicial. En la gestión de esa administración, el Presidente de la Corte es el representante del Poder Judicial y el encargado de una serie de competencias para coordinar el órgano. Somos primos interpares, los acuerdos que se toman en la Corte son acuerdos que se adoptan por mayoría .El Presidente de la Corte debe llevar a cabo su función a lo interno y a lo externo. La representación del Poder Judicial tiene una dimensión que no podemos menospreciar, eso hay que hacerlo con señorío.
¿Cuáles son las principales reformas que urgen y usted impulsaría en el Poder Judicial?
–Es indispensable trabajar en una reforma al sistema de elección de magistrados titulares y suplentes. Las herramientas que se tienen no son del todo malas. Yo diría que el problema humano no se puede confundir con los métodos de elección. Hecha la ley, hecha la trampa. Podemos dar un método muy elaborado y de repente no tendrá el resultado que se quiere, pero, aun así, me parece que debemos hacer modificaciones con respecto a los requisitos para magistrados titulares o suplentes, y darle mayor participación a la ciudadanía. No sé si se ha cuestionado el hecho de que nosotros enviemos nóminas al Congreso, pero también los concursos de suplentes podrían salir desde la Asamblea.
La otra que me parece importantísima es la que tiene que ver con el régimen disciplinario. Esto requiere una revisión general, presenta muchas deficiencias a lo interno. Yo impulsaría ese tema, así como el del régimen disciplinario de los magistrados; hay que darle una revisión al voto secreto y a la privacidad de los procesos. Todos los procesos disciplinarios en el Poder Judicial son privados. Al nivel de los magistrados, yo creería que para dar credibilidad sería indispensable que los hagamos públicos en el voto.
¿Cuál es su opinión sobre la situación económica del país y la responsabilidad de la estructura salarial en el Poder Judicial en ella?
–En términos generales, los salarios del Poder Judicial son buenos si se comparan con otras áreas del sector público. Nuestros salarios, sin ser exagerados, son buenos. Esto obedece a que es necesario dotar a los jueces de buenos salarios; esto es una garantía de mayor confianza de que estas personas van a actuar mejor, que sientan que tienen un buen salario, que no los obligue a buscar otras cosas y adquirir otros compromisos. Es un tema delicado, va en función de darles a los jueces un buen estatus, que tiene que ver con la confianza y calidad en la administración de la justicia.
El tema salarial pasa por esa necesidad de visión. La disconformidad ha sido que las cúpulas en algún momento se han recetado aumentos que resultan desproporcionados. Yo no he compartido ese tipo de aumentos, no los voté en los casos que me ha tocado estar en la Corte; sin embargo, se aplicaron y los tenemos allí. Este tipo de aumentos terminan permeando a todo el sistema, hacen que todo el sistema aumente y se infle. Ahora tenemos un problema con la situación fiscal, el tema está pendiente de ser conocido por lo menos a nivel constitucional. Independientemente del resultado, nosotros debemos de sentarnos a examinar esta situación para tomar medidas y racionalizar el gasto.
¿De qué manera piensa hacer más transparente el trabajo de la Corte?
–Primero, las sesiones deben ser públicas en términos generales. Hay muchas cosas que se hacen en privado. Yo diría que la transparencia pasa por una serie de modificaciones y normas que impiden transparentar; aunque se han hecho esfuerzos, hoy las sesiones se transmiten por streaming, pero solo se transmiten a la ciudadanía las partes de las sesiones que se pueden transmitir.
La transparencia pasa por una reforma. La reforma de todo el tema disciplinario es trascendental, la ciudadanía tiene que saber qué pasa con los jueces. Todo eso pasa por reformar las reglas que regulan el procedimiento.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Fernando Cruz Castro” icon_quote=”no”]
Edad: 69
Sala: IV
Experiencia como magistrado: 14 años
Finaliza periodo: 2020
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En su criterio, ¿cuál es el rol que debe tener un Presidente de la Corte?
–El Presidente de la Corte impulsa la agenda que se ha consensuado, que, en este caso, en virtud de la situación crítica del año pasado, se reactivó. Está bastante clara sobre proyectos de corta duración, pero el Presidente tiene un poder bastante limitado, tiene que recibir el apoyo de un grupo importante en distintas misiones, tiene que procurar crear consensos.
¿Cuáles son las tres principales reformas que urgen en el Poder Judicial?
–En primer lugar, una es muy importante: reducir los asuntos que conoce Corte Plena, especialmente asuntos administrativos para pasarlos a un consejo. El Consejo debe ser un órgano con mayor número de competencias y se reserva a la Corte los trazos gruesos de la política judicial. Por ejemplo, definir el plan de gastos y lo relativo al presupuesto. Todo eso ya está en la comisión que se abrió el año pasado, ya en el Estado de la Justicia se había dicho que había un recargo en la Corte.
El otro cambio que me parece importante es fortalecer al Ministerio Público, que tenga mayor fortaleza institucional; se ha demostrado que tenía debilidades. Es necesario que tenga una carrera fiscal, que no tenga una concentración excesiva de funciones sobre el fiscal general y determinar otros criterios importantes para que haya un equilibrio de la Fiscalía general, y que los fiscales tengan una autonomía relativa frente al fiscal.
¿Cuál es su opinión sobre la situación económica del país y la responsabilidad de la estructura salarial en el Poder Judicial en ella?
–Eso hay que discutirlo, hay que valorarlo. Hay que valorar cuáles fueron los criterios que imperaron. No puede afirmarse que todo se hizo con un criterio poco técnico. No se puede homogeneizar porque el Poder Judicial tiene muchas funciones diversas: peritos, funcionarios especializados en actividades policiales y de investigación. No hay que olvidar que existe, en principio, el tema de la independencia de poderes. Ahora, tampoco se puede ignorar la situación fiscal.
¿Considera que la cúpula del Poder Judicial tiene privilegios insostenibles o difiere en ciertos aspectos?
–Los privilegios tienen una incidencia no muy importante en el presupuesto, si no como efecto simbólico, como un ideario de democratización. Un reconocimiento salarial puede tener una incidencia presupuestaria mínima. Hay que evaluar si es un privilegio o algo técnicamente bien definido. En el tema del rubro gerencial mostré mi disconformidad hace varios años.
¿De qué manera piensa hacer más transparente el trabajo de la Corte?
–La transparencia se ha venido dando porque ahora las sesiones son públicas. Lo que sí debemos revisar es el tema del enjuiciamiento disciplinario de los magistrados. Amerita una reforma urgente, pero se debe hacer con buena valoración. Esas normas tienen un motivo, pienso que la estructura de ese procedimiento secreto, a como está, es negativo. El lunes propuse, para que ese tipo de enjuiciamiento sea parcialmente público, que se exponga a las personas y se diga de qué se les acusa y que los enjuiciados puedan exponer sus argumentos. No podríamos autorizar que la deliberación sea pública ni que la votación sea pública. Esto es algo que se puede hacer de inmediato y no requiere de reformas complejas. De igual forma, también estoy de acuerdo en las propuestas que buscan reformar la Constitución. También se debe encontrar una solución entre la publicidad y la garantía de un juicio equilibrado de las personas acusadas.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Fernando Castillo Víquez” icon_quote=”no”]
Edad: 59
Sala: IV
Experiencia como magistrado: 8 años
Finaliza periodo: 2025
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En su criterio, ¿cuál es el rol que debe tener un Presidente de la Corte?
–A mí juicio, el Presidente le imprime un derrotero, un norte al Poder Judicial. Es a quien le compete mayormente proponer las acciones a emprender, especialmente en una situación de crisis del Poder Judicial como la actual; es la crisis más grave que ha tenido.
¿Cuáles son las principales reformas que urgen en el Poder Judicial?
–La solución a la crisis es una solución compartida: para sacar adelante y fortalecer al Poder Judicial, se requiere de reformas constitucionales y legales. Si usted me lo pone en esos términos, se necesita elevar los estándares éticos internos de los funcionarios. En segundo lugar, resolver problemas con atrasos de la mora judicial y el trato al usuario. Somos meros funcionarios públicos, tenemos que elevar estándares de productividad. También es fundamental establecer una política de comunicación que les permita a los habitantes conocer el trabajo del Poder Judicial.
Hay acciones propias del Poder Judicial, y hay otras que competen al Poder Ejecutivo y al Legislativo. En esos ámbitos, el Presidente de la Corte tendrá que ejercer una fuerte presencia, con respeto a la independencia de poderes.
¿Cuál es su opinión sobre la situación económica del país y la responsabilidad de la estructura salarial en el Poder Judicial en ella?
–El sistema de remuneración de los funcionarios judiciales es un modelo que está en crisis. Hoy, de cara a la situación económica que pasa en el país, esas estructuras demandan una nueva reformulación, hay que tener clara esta idea. El funcionario judicial tiene que tener una remuneración justa y digna, es un tema que debe ser analizado a lo interno del Poder Judicial. Es una acción que debe emprender el próximo Presidente. Los sistemas de remuneración son insostenibles. En eso, yo sí sería muy categórico, esa sería una acción que yo definitivamente voy a emprender. Hay que sentarse con las 27 organizaciones del Poder Judicial y hacer un planteamiento técnico y sostenible. La propuesta debe salir desde el Poder Judicial. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Yo había propuesto la creación de una comisión especial que analizara los disparadores del gasto público en el Poder Judicial. En menos de 10 años, en términos absolutos, el presupuesto se ha duplicado; lo que digo es que un modelo de justicia bajo esas presiones presupuestarias es insostenible. La propuesta mía es sencilla: pedir un estudio técnico que nos diga cuáles son los disparadores. Posteriormente, la Corte debe tomar decisiones. Los modelos de gasto a mediano plazo son insostenibles.
¿Considera que la cúpula del Poder Judicial tiene privilegios insostenibles o difiere en ciertos aspectos?
–Lo que creo es que este país tiene que entrar en un debate y el debate no puede ser en términos de blanco y negro. La pregunta que hay que respondernos es cuál debe ser un salario digno y acorde a la realidad socioeconómica del país, los magistrados, directores ejecutivos y miembros del Poder Judicial. Ese estudio debería proponérsele a un órgano independiente como el Incae o el Instituto de Ciencias Económicas de la UCR. Podrían darnos una idea de cuál debe ser el salario de la clase gerencial del Poder Judicial.
¿De qué manera piensa hacer más transparente el trabajo de la Corte?
–Yo voy a hacer unas propuestas. El tema de la transparencia es crucial. Es fundamental emprender ciertas acciones, que son reformas constitucionales. El régimen disciplinario tiene que cambiar. Una de las cuestiones importantes es que haya una agenda pública del Presidente de la Corte, que muestre a quién recibe y a quién no.
El régimen disciplinario debe salir del Poder Judicial, que sea una comisión ad hoc del régimen disciplinario, conformada por tres personas: el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, la Contralora General y el Procurador General. Un órgano de esa naturaleza garantizaría transparencia.
El modelo que sirvió en las épocas de los 1940-1960 es un modelo en crisis. Lo ideal es que sean órganos independientes, externos, imparciales y con objetividad. Estoy de acuerdo con que los magistrados debemos dedicarnos a impartir justicia y no tanto a temas administrativos. Lo que pasa es que la Corte se ha quedado con una serie de tareas que podrían trasladarse a órganos internos.
