El plan fiscal se cocina “a fuego lento” en la Asamblea Legislativa mientras los sindicatos siguen en las calles, el Gobierno busca acercamientos con los representantes laborales y los juzgados de Trabajo van resolviendo una a una las acciones que presentaron 30 instituciones contra las huelgas de sus trabajadores.
Actualmente, el proyecto está en fase de admisión de mociones de reiteración. Es decir, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, está revisando cuáles serán las últimas propuestas de modificaciones al proyecto que los diputados podrán discutir.
Este procedimiento está regulado por una serie de normativas del procedimiento de vía rápida (208 Bis), mediante el que se tramita la reforma y se esperaba que fuera más expedito –como cuando la Presidencia admitió las mociones de fondo–. Sin embargo, el proceso ya suma diez días, si bien Hidalgo asegura que eso se trata de una “feliz coincidencia” y no de una pausa premeditada.
La “feliz coincidencia”, como bien la llama la oficialista Hidalgo, no pudo caer en un mejor momento para el Ejecutivo, que no quiere retirar el proyecto como piden los sindicatos y que, más bien, negocia otras salidas, mientras observa de reojo cómo se van resolviendo las declaratorias de ilegalidad sobre las huelgas en los juzgados.
La principal medida de presión de los sectores sindicales ha sido precisamente el paro de funciones y los actos alternativos como las marchas y los bloqueos. Sin embargo, al menos 30 instituciones estatales pidieron declarar ilegales los movimientos, incluidos el Consejo Nacional de la Producción (CNP) y el Ministerio de Vivienda (Mivah), que ya recibieron fallos positivos.
Entre tanto, Hidalgo dice continuar trabajando con las mociones, un proceso que realiza con cuidado para evitar cualquier error que pueda dar al traste con la reforma.
“Yo estoy muy enfocada en la revisión de las 373 mociones en conjunto con mi equipo. Es una de las últimas fases del procedimiento para poder hacer enmienda y no lo estamos tomando a la ligera, estamos tomándonoslo con calma”, afirmó poco antes de reconocer que, eso sí, “observa y celebra” que “de manera inteligente los actores y sectores que están en el proceso de diálogo estén aprovechado para avanzar”.
De cualquier manera, Hidalgo rechazó que el trámite del proyecto esté en “un tiempo muerto” porque “está avanzando”, y subrayó que los movimientos de huelga “no tienen que ver” con sus gestiones.
“Lo que estamos haciendo es esa revisión. Por ejemplo, si fueran solo diez mociones y mucho más fáciles, hace rato la Presidencia habría realizado la declaración de admisibilidad”, concluyó.
Expectativas de tiempo
Si bien el plan fiscal sigue su marcha, las pausas en los últimos pasos han sido una constante y ya provocaron que las expectativas más optimistas sobre la fecha de aprobación del proyecto no se cumplieran.
Entre esas expectativas incumplidas quedó ya la de la presidenta Hidalgo, quien afirmó a inicio de sus gestiones que esperaba tener aprobado el proyecto para setiembre; así como las de Welmer Ramos, exministro de Economía y diputado que presidió la comisión Fiscal, quien más tarde llegó a mencionar este mes como la fecha para darle primer debate.
Esos plazos son ahora irreales porque aún ni siquiera se admiten las mociones de reiteración. Una vez que eso pase, los diputados tendrán hasta seis sesiones para discutirlas y votarlas; posteriormente, se analizará y se votará el proyecto en primera instancia.
Además, si los diputados no concluyen con todas las mociones de reiteración en las primeras seis sesiones, podrán utilizar sesiones siguientes para votarlas (sin discutirlas) y cada diputado podrá hacer uso de la palabra por diez minutos antes de votar el proyecto en primer debate.
De cualquier manera, el presidente Carlos Alvarado insiste en que la meta de su gobierno es que el texto se apruebe a más tardar en octubre, algo que únicamente sería posible si las últimas mociones se admiten pronto y si se evita la consulta constitucional posterior a una eventual aprobación en primer debate.
Según afirmó recientemente Alvarado, su optimismo radica en que aprecia los “ánimos” en la Asamblea para que el proyecto llegue a buen puerto, empezando por las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), mucho más cercanas al proyecto.
Ambas bancadas, con la excepción de contados diputados, han manifestado su venia al proyecto y, sumado al independiente Erick Rodríguez (también alineado con el texto), alcanzan un número de 37 congresistas, ocho más de los requeridos para la aprobación.
Sin pausa
Las voluntades, dicen los diputados de esas fracciones, siguen existiendo.
Por un lado, el PLN había condicionado la posibilidad de ofrecer una pausa a cambio de que los movimientos sindicales depusieran la huelga. Sin embargo, eso no pasó y el jefe verdiblanco, Carlos Ricardo Benavides, ya había advertido que solo aceptarían detenerse momentáneamente si cesaban las condiciones de paro.
“Nuestra posición no ha cambiado al respecto. Nosotros mantenemos la idea de que esta Asamblea Legislativa debe caminar hacia una reforma fiscal que proporcione al país las condiciones necesarias para no caer en una crisis de incalculables consecuencias”, señaló Benavides.
Algo similar había manifestado el jefe socialcristiano Erwen Masís, quien aseguró que su fracción consideraba que el proyecto “debe de continuar como uno de los ingredientes para que el país siga adelante, junto con reactivación económica y contención del gasto”.
“Sería muy lamentable para el país si esto toma un rumbo diferente. Sería muy lamentable y principalmente para quienes precisamente están en las calles”, había afirmado.
De cualquier manera, la presidenta legislativa Hidalgo sí señaló que ha recibido solicitudes de algunos diputados para pausar el trámite ahora que depende de ella.
Entre ellos, lo hicieron expresamente en el Plenario los opositores al proyecto, el frenteamplista José María Villalta y el integracionista Walter Muñoz, así como algunos congresistas de Restauración Nacional (PRN).
Además, los diputados del PRN podrían ser claves para una eventual consulta constitucional, pues los diputados de partidos minoritarios opuestos al plan no alcanzan las diez firmas por sí solos, pero los restauracionistas aseguran que analizarán si existe la necesidad en su momento.
Por el momento, el proyecto sigue su curso. Mientras los sindicatos siguen en las calles y los diálogos no llegan a ningún sitio, nada detiene al proyecto.
