La reforma de Estado que impulsa el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y planteada en seis proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa concentraría el manejo de más de ₡1,5 billones que actualmente se gestionan en alrededor de 35 órganos e instancias desconcentradas, en tan solo cinco jerarcas.
La propuesta de Chaves es impulsar una mayor gobernabilidad, alegando que el esquema estatal debilitó a los ministerios y sus rectorías, al diluir sus competencias en órganos desconcentrados. Esta es la justificación en sus seis proyectos (ver nota aparte).
Sin embargo, genera la crítica de que estaría concentrando el poder en los ministros. Una aproximación a lo que representaría financieramente, al considerar el manejo de recursos que en la actualidad están a cargo de instancias técnicas y desconcentradas, implica que recibirían la llave para más de ₡1.574.057 millones, entre fondos y presupuestos de entidades destinadas a la asistencia social, la vivienda, el transporte, la agricultura y el ambiente.
Esto es casi tres veces más que los presupuestos de sus respectivas carteras (ver gráfico). Y, en casi todos los casos, los fondos desconcentrados superan los recursos asignados al ente rector: desde el ejemplo de transporte, donde son un 52%, al de ambiente, en el que superan un 77%, según datos de la Contraloría.
Para Leiner Vargas, economista e investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE-UNA), hay riesgos en este planteamiento. “Una cosa es una reforma de Estado pensada desde el punto de vista de mejorar la efectividad de los servicios, muy distinto es centralizar el ejercicio del poder y la asignación presupuestaria, este concepto de megaministros puede derivar en instituciones que estén bajo una discrecionalidad política. Si bien no me gusta la versión de un Estado tan relajado, que vuelve difícil la gestión, me gusta menos una versión concentradora y centralista”, comentó.
Vargas destacó que, en este caso, el gran riesgo es si los criterios técnicos van a subordinarse a criterios políticos. “Al ser desconcentrados, estos órganos por lo general atienden a la técnica, en el marco de su discrecionalidad; si eso se elimina, podemos caer en decisiones cada vez más políticas”, expresó.
Una posición diferente sostuvo Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda e investigador de la Universidad Nacional, quien resaltó que luego de los escándalos de corrupción que incluso llegaron a expresidentes (detenciones de Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez), se quiso generar esquemas descentralizados y con muchos controles. “Vemos cómo muchos ministerios se vienen debilitando, se les vació su posibilidad de ejercer una rectoría. Creo que no podemos seguir así, con esquemas muy fragmentados, y debemos buscar dar más capacidad de gestión a ministros y ministerios; pero con el cuidado de no dar un poder exagerado, por encima de criterios técnicos”, dijo.
También, Víctor Garro, director del Posgrado de Administración Pública y coordinador de la carrera de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica, consideró que en este debate debe considerarse la búsqueda de una mayor eficiencia. “Estimaciones del BID calculan que el gasto ineficiente es de alrededor de un 5% del PIB en América Latina. Hay que buscar formas de reducir la ineficiencia, pero hay que tener un diseño de la organización y de las acciones pertinentes, debe realizarse una correcta planificación”, dijo.
La consigna de unificar políticas también se traslada a los fondos
Argumento para reforma de Estado es evitar la dilución de competencias y dispersión de rectorías, que se traduce en buscar megafondos.
El control, ausente en este debate
Hay otros elementos que se deben considerar, más allá de posibles contradicciones entre el manejo político y el técnico, o la fragmentación del aparato público y su eficiencia: los temas de control que, precisamente, motivaron el movimiento del péndulo hacia la desconcentración.
El pasado 17 de octubre la Contraloría emitió el informe DFOE-BIS-IF-00014-2022, en el que identificó que hay debilidades importantes en el control de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Solo a manera de ejemplo, en el período del 2015 al 2021, las unidades ejecutoras con evaluación no superaron en ningún año el 8%. Y estamos hablando de un fondo con un presupuesto de más de ₡600 mil millones, y que solo en el 2021 las unidades ejecutoras alcanzaron un superávit por ₡138.750 millones, superávit que la DESAF no solicitó reintegrar.
Y ya en el 2020 había hecho una advertencia con respecto a los fondos del Banco Nacional Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en el informe DFOE-EC-IF-00010-2020. Y con respecto al manejo de recursos en el sector de transporte… todavía están calientes los escándalos de Cochinilla y Diamante para llamar la atención al respecto.
Es decir, a pesar de los esfuerzos por descentralizar y controlar en entes fuera del poder central, los controles no dan abasto. Una reforma centralista podría desatar este nudo, o hacerlo aún más complicado. “Si se aumentan los fondos y las implicaciones de las decisiones, deberían aumentar los contrapesos”, destacó Vargas.
Sin embargo, en la propuesta de reforma de Estado no hay una formulación directa a la necesidad de revisar, replantear o ajustar los sistemas de control. A pesar de que incluso en el programa de gobierno de Chaves se hizo una mención a una transformación en el sistema de las auditorías, esto no se ha planteado más de un año después de la gestión presidencial.
Y es que se trata de un tema que se debe valorar con cuidado y que tiene diversos ángulos, resaltó Rodríguez. “Los controles deben ir en paralelo con los ajustes. Pero hay que pensar en el balance. Muchos controles hacen que el sistema público se inmovilice, pueden hacerlo absurdo o judicializarlo, lo que paraliza muchos procesos. Creo que en lo que debemos pensar es en lograr mucha transparencia en los procesos”, dijo.
