Los diputados dieron el segundo debate al proyecto contra el crimen organizado que fue solicitada con urgencia por autoridades judiciales, con lo que se completó la carrera para procurar que estuviera vigente antes del 6 de junio.
De manera similar a su trámite durante el procedimiento abreviado, una amplia mayoría lo respaldó: 47 legisladores le dieron el aval para su segundo debate, mientras únicamente Carolina Delgado y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), mantuvieron su posición de rechazo.
La reforma pretende modernizar la jurisdicción especializada para combatir el crimen organizado, pero resultaba de interés para las autoridades la posibilidad de ampliar los plazos de la prisión preventiva para sospechosos de crimen organizado, de 12 a 24 meses.
El expediente 23.090 fue priorizado por autoridades del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en el marco de las reuniones coordinadas por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, para dar trámite preferencial a un conjunto de proyectos de ley para enfrentar la crisis de violencia, ilustrada en el aumento inédito en la tasa de homicidios en Costa Rica.
De los temas consensuados, el proyecto originado en el ámbito judicial fue solicitado por el fiscal Carlo Díaz, como urgente para evitar la salida de cabecillas de crimen organizado de prisión preventiva, pero enfrentó la oposición de Delgado, quien recibió el respaldo de Vargas. Ambos insistieron en que el proyecto tenía problemas de legalidad, al partir de un artículo derogado, el segundo de la ley 9.481, creación de la jurisdicción especializada en crimen organizado.
Delgado presentó la mayoría de las 528 mociones que enfrentó el proyecto en su vía rápida, las cuales no lo modificaron ni impidieron su aprobación en primer debate el pasado jueves 25 de mayo en forma casi unánime, con 49 votos a favor, contrastados solo por Delgado y Vargas.
La diputada del PLN insistió en su postura durante la discusión por el fondo. Aseguró que el Poder Judicial insiste en aplicar normas inexistentes, y consideró que el proyecto fue “impulsado por discursos vociferantes que lo presentaron como una tabla de salvación contra la violencia y la lucha contra el crimen organizado”, y lamentó que estos debates estuvieran “secuestrados por un discurso populista”, dijo.
Sin embargo, diputados de todas las otras bancadas celebraron el proyecto como una respuesta ante el aumento de la criminalidad. Incluso los legisladores del Partido Social Democrático (PSD) Jorge Rojas y Alexander Barrantes, recordaron que en la corriente legislativa hay cinco proyectos presentados por el Gobierno para tratar de enfrentar la crisis de violencia.
También Gloria Navas, de Nueva República (NR) y presidenta de la Comisión de Seguridad, reivindicó al proyecto. “Ciertamente, con este proyecto no solventamos todo el problema de la seguridad, pero tenemos que caminar hacia adelante. Es un proyecto de trascendencia, que viene del Poder Judicial, un instrumento inicial para esta lucha contra el crimen organizado. Es un primer paso que estamos dando, y vamos a trabajar en la comisión en una ruta clara, sin prevención no hay lucha”, dijo.
En una posición similar se manifestó Priscila Vindas, del Frente Amplio (FA) e integrante de la comisión. “No es la pomada canaria, es cierto, pero es un paso en la dirección correcta, y un ejemplo de lo que se puede lograr cuando diferentes fracciones trabajan conjuntamente”, dijo.
Con respecto a la posible inconstitucionalidad, Gilbert Jiménez, del PLN, insistió en que el proyecto no hace cambios en normativa derogada.
No fue el único asunto que estaba sobre la mesa: el proyecto fue un modelo de la vía rápida, que en este caso el Gobierno enlazó, al amarrar el proyecto 23.090 al trámite de vía rápida paralela para el proyecto 21.182, la reforma para la jornada laboral de doce horas, que todavía está en discusión.
“Ha sido un trámite que debe llevarnos a la reflexión en varias vías, la eficiencia del proceso legislativo, que debe considerar la posibilidad de desarrollar procesos más ágiles”, resaltó Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), por el tema de las votaciones que se rechazaron en forma casi automática.
Por su parte, Vindas también quiso diferenciar el procedimiento abreviado que se utilizó en el caso del proyecto 23.090 y el de el expediente 21.182. “Que el procedimiento sea para temas de alta prioridad nacional, con una posición unificada, pero en temas donde hay mucho debate que dar y existen aún muchas posturas, no podemos aligerar un proceso que todavía debería tener mucha discusión”, dijo.
