Este viernes el Ministerio de Seguridad Pública emitió una resolución en la que declaró la vulnerabilidad social que representa un pretendido desalojo de varias familias recuperadoras de terreno en la localidad de Yuwi Senaglö, en el territorio cabécar de China Kichá.
A través de un comunicado, declararon que ello se dio “tras la presión de organizaciones cabécares de China Kichá, defensoras de Derechos Humanos y sociales, nacionales e internacionales”. La declaratoria no anula la orden judicial, pero impide su ejecución hasta que no se resuelva el trámite que supone esta declaratoria de vulnerabilidad social.
Tal como informó UNIVERSIDAD ayer, el grupo de activistas indígenas habían dado al Poder Ejecutivo un plazo que se cumplía hoy mismo para emitir la medida, ante la insistencia del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires en impulsar el desalojo.
La resolución 004-2021-DVUE, firmada por el viceministro Eduardo Solano, reconoció que se trata de “una población vulnerable por su condición de indígenas, además de tener un alto nivel de conflictividad social y una condición socio-económica precaria, entre otros factores importantes a valorar”.
Por ello, determinó que “resulta procedente remitir la presente gestión a la Comisión de Atención Integral a los Desalojos, del Ministerio de la Presidencia, para que se le brinde la atención integral al presente desalojo”.
Cabe recordar que en octubre y noviembre este grupo de personas recuperadoras sufrió actos de agresión y que pocos días después del inicio de la recuperación el 28 de setiembre, un sujeto de apellido Vargas, ocupante no indígena, logró reingresar a un inmueble en el sitio, pese a que se encontraba vigilado por la Fuerza Pública.
Las familias recuperadoras celebraron la resolución del Viceministro, pero recordaron que mantienen varias exigencias pendientes de solución, como la ejecución de desalojos administrativos de personas no indígenas o que se investigue el actuar del juez Jean Carlos Céspedes Mora, quien ordenó el desalojo.
