En el curso de la reducción de los recursos para la educación pública que enfrenta Costa Rica, los programas de infraestructura y de becas están quedando reprobados, al enfrentar severos recortes que debilitan el alcance que pueda lograr la instrucción en el país.
El programa para infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP) pasó de ₡43.141 millones en el 2021 a ₡13.720 millones en el presupuesto del 2023. Si se consideran los fondos desde el 2014, se trata de una caída en términos reales de más de un 70%.
En este rubro, la partida de edificaciones e instalaciones cayó casi a la mitad, a un 40%, mientras la de maquinaria y equipo logró contener el recorte a alrededor de un 15%. Esto permite entender la creciente dificultad por el mantenimiento de las instalaciones educativas.
También, es sensible el recorte para los fondos de las becas, que en el 2014 estaban entre el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el IMAS, en el programa Avancemos, pero que fueron fusionados en el 2021 en el IMAS. De una suma de ₡67.459 millones en 2016 y de ₡83.875 millones en el 2017 (sumados programas de MEP e IMAS), se pasó a ₡64.379 millones en el 2023.
Se trata de una caída en términos reales de un 20% de los recursos para becas desde el 2016, y promete ser más crítica para el 2024: las proyecciones del Fodesaf apuntan a que se destinarán ₡60.210 millones para las becas. En términos reales, sería la menor cifra en la década.
Menos pronunciada es la baja en la partida de programas de equidad (dirección que procura disminuir la brecha social y económica, con acciones para alimentación, nutrición y transporte de los estudiantes) dentro del MEP, que pasó de subir de un 7,7% del total del presupuesto del MEP en el 2015, a un 10% en el 2019, para empezar desde entonces un retroceso: llegó a 9,1% en el 2022, y a un 9% en el 2023. Se trata de la cifra más baja en seis años.
Malos rendimientos aun para el presupuesto del MEP, que en la última década pasó de ₡1.739.517 millones a ₡2.563.884 millones. Esto le valió pasar de representar un 6,9% del PIB a un 5,3% en el 2023. (ver gráfico).
Se trata de un indicador relevante, ya que la Contraloría General de la República indicó en su monitoreo del presupuesto del sector educativo DFOE-CAP-MTR-00001-2023, que los recursos destinados al MEP representan el 70% de la asignación presupuestaria para la educación pública. El 24% corresponde a las universidades, un 4,7% al Instituto Nacional de Aprendizaje y un 0,7% al Consejo Nacional de Rectores (Conare), y los Colegios Universitarios de Cartago y Limón.
Ascenso y caída durante la década
Un repaso de los recursos que el país destinó a la educación permite identificar una tendencia durante la última década: primero un crecimiento en términos reales del 2014 al 2018, pronunciado tanto en el presupuesto que se destinó al MEP (32%) como a los recursos que el país destinó a la educación pública (20%), y se evidenció en que durante el 2017 Costa Rica logró la mayor cercanía (7,4%) con el cumplimiento del 8% del PIB para la educación que exige la Constitución Política.
Empero, esta tendencia positiva se detuvo entre 2018 y 2019, poco antes de la llegada de la pandemia por el coronavirus, que pondría de cabeza a todo el país. De hecho, los recursos de la educación empezaron a bajar desde el mismo 2017, y el presupuesto del MEP desde el 2018.
Así, luego de que la producción nacional tuvo una caída en el 2020, logró una recuperación para alcanzar un crecimiento de 40% en la década. En ese mismo período, el presupuesto del MEP solo aumentó un 9%.
De allí que el gran desafío sea mantener los niveles de los diferentes programas, ya que, aun manteniendo su proporción dentro del plan de gastos, están retrocediendo en términos reales.
En este complicado panorama para el presupuesto del MEP, el mayor componente son las remuneraciones, que no han alterado su proporción en la década: eran un 61,5% del presupuesto total en el 2014 y representan un 61,1% en el 2023.
El segundo gran rubro son las transferencias, que mantienen casi el mismo peso: representaban un 30,15% del presupuesto del MEP en el 2015, y son un 29,95% en el 2023.
Tampoco hay grandes movimientos en los porcentajes destinados a los diferentes niveles educativos, según la clasificación funcional del presupuesto: los recursos destinados a la educación preescolar, maternal y primaria se movieron de un 30,2% a un 29,3% en el período del 2014 al 2023, mientras los de la enseñanza secundaria pasaron de un 21,6% a un 22%, y los de la educación universitaria representaban un 20,3% en el 2014 y un 22,7% en el 2023. Por su parte, los servicios auxiliares de educación pasaron de 9,9% a 9%, mientras la enseñanza no especificada se movió de un 17,7% a un 16,4%
Ello ilustra un presupuesto educativo a la baja, pero con pocos remezones, y cuyos cambios se basan en lograr balances con los otros componentes de los egresos, los de menor tamaño. En estos, la inversión para infraestructura y las ayudas sociales han resultado entre los programas que no logran pasar satisfactoriamente el examen del tiempo.
Apenas para detener caída de FEES
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no ha estado ajeno a la dinámica de los recursos para la enseñanza, y su comportamiento podría describirse como tratar de contener la caída.
Al igual que la mayoría de los recursos para la educación durante la última década, registró una mejoría del 2014 al 2017, al pasar de representar un 1,28% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 1,39%.
Sin embargo, desde el 2018 se registró un constante deterioro, al punto que, para el 2022, los ₡522.822 millones del FEES representaron un 1,16% del PIB, la menor cifra desde el 2011.
Para el 2023, se logró detener la caída al acordarse un presupuesto de ₡549.791 millones, lo que equivale a un 1,17% del PIB, una mejoría que, sin embargo, todavía no alcanza para recuperar los niveles reales del 2019 (todavía hay una caída de casi un 2%).
