El Gobierno expresó ante diputados su oposición al proyecto de ley que cambiaría la fórmula de cálculo del impuesto único al combustible, propuesto en mayo por un diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y del Ministerio de Hacienda manifestaron ante la comisión de Asuntos Hacendarios que la propuesta 23.133 provocaría un trastorno severo sobre las finanzas públicas e incertidumbre en la recaudación tributaria.
“Estamos en contra. Es una iniciativa que atenta contra desarrollo económico sostenible, el equilibrio fiscal y afecta la posición ambiental de Costa Rica ante el mundo”, dijo la viceministra de Hacienda, Priscilla Zamora.
El presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, añadió que el proyecto plantea un doble efecto del impuesto y no establece qué valores van a utilizarse para los cálculos, e incluso encarece el diésel o la gasolina para el consumidor final, lo cual va en contra el objetivo de fondo de la propuesta del diputado Leslye Bojorges.
La viceministra Zamora indicó que, de aprobarse la iniciativa, el efecto negativo sobre las finanzas públicas podría alcanzar los ¢96.000 millones.
El impuesto único a los combustibles generó en 2022 ¢554.000 millones, de los cuales un 34% procedió del diésel, 36% a gasolina súper y el resto de la regular, dijo Quesada. De ese dinero, el 51% llegó a las arcas de Hacienda, 22% a municipalidades, 22% al Conavi, 1% al Lananme de la Universidad de Costa Rica,, 3,5% al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y 0,1% al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El proyecto plantea que la actualización del impuesto no se ciña al Índice de Precios al Consumidor, sino que se calcule sobre el promedio de los últimos seis meses del precio de los combustibles, pues en tiempos de precio internacional bajo, el impuesto puede llegar casi al 55% del precio final. Sin embargo, esto provocaría un mayor riesgo por las variaciones del tipo de cambio, dijo Quesada.
