En años recientes. funcionarios y jerarcas han ido de un puesto a otro en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), entes públicos rectores del sector, y la Agencia de Promoción de Inversión de Costa Rica (Cinde), entidad privada que ha ejecutado —con recursos que recibe del Estado— la estrategia nacional de atracción de inversión extranjera directa (IED).
Durante poco más de tres décadas, renombradas personalidades en el sector de comercio exterior han alternado entre puestos en los que se toman decisiones a nivel del Estado (entre ellas el destino de los recursos públicos) y se han integrado —sin que medie ningún período de “enfriamiento”— a la agencia privada, que ha recibido unos ₡8.100 millones de dineros públicos en los últimos ocho años.
La mencionada agencia se fundó en el país en 1982 —con fondos internacionales— como respuesta del sector privado al giro que dio el país cuando comenzó a apostar por la sustitución de importaciones.
Más tarde, con la aprobación de la ley que creó Procomer y Comex, se estableció que los programas relativos a exportaciones e inversiones, así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial exportador “se coordinará con las entidades públicas y privadas sin fines de lucro, relacionadas con las exportaciones y las inversiones”.
Así, desde el nacimiento de estas entidades públicas, el rol de Cinde y otras agencias similares que pudieran surgir, quedó garantizado y, desde entonces, la agencia ha sido un “aliado estratégico” en el desarrollo de la estrategia nacional de atracción de inversiones.
En ese rol, la agencia ha ejecutado miles de millones de colones del Estado pues, según consta en registros públicos, por ejemplo, entre 2015 y 2021 Cinde recibió cerca de ₡1.050 millones anuales y desde 2022 ha recibido unos ₡750 millones por año.
Mientras este dinero para la ejecución de política pública cambiaba de manos, también alternaban de rol —cada tanto y sin que mediara plazo alguno— una serie de actores que, a veces, eran parte de la toma de decisiones (como jerarcas en Comex o Procomer) y, a veces, integraban la entidad privada, beneficiaria y ejecutora de estos fondos públicos.
Cabe señalar que organismos internacionales como Transparencia Internacional e incluso la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomiendan a los estados regular este tipo de “puertas giratorias” incorporando, por ejemplo, un cooling-off period o periodo de enfriamiento, es decir, un plazo prudencial que deben dar los funcionarios que han ocupado puestos de poder para transicionar hacia el sector privado para, justamente, prevenir conflictos de interés.
En efecto, el julio pasado, el presidente Rodrigo Chaves dijo, durante la presentación de un informe sobre integridad pública ante esa organización, que su gobierno combatiría las puertas giratorias para instaurar una “cultura de cero tolerancia ante la corrupción”.
De hecho, en la cola de expedientes que tienen pendientes de analizar las y los diputados —y que el ejecutivo no ha convocado para el presente período de sesiones legislativas— se encuentra el expediente 21.678 que, de aprobarse, se convertiría en la Ley de Resguardo a la Imparcialidad en las Decisiones de Altos Funcionarios y Funcionarias Públicas, que regularía estas relaciones.
En la historia de Cinde, Procomer y Comex, sin embargo, existen una serie de coincidencias y secuencias laborales que, según expertos, presentan un riesgo de que “se traslape lo que llamamos el interés público con los intereses directamente privados”.
La telaraña del comercio exterior
Rotsay Rosales, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas y coordinador del Observatorio de la Política Nacional, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR) dijo que este tipo de idas y venidas entre entidades públicas y privadas de un mismo sector siembran dudas y opacidad en la ejecución de programas.
Es importante entender, dijo, que al sector público lo rige el principio de legalidad —es decir que solo puede hacer lo que le está explícitamente permitido— mientras que en lo privado se puede hacer todo lo que no esté prohibido, por lo que debe haber “una división contundente”.
Sin embargo, en el caso de las entidades mencionadas, hay una organización privada tratando de ejercer “aparentemente” una actividad pública, y con conexiones a través de funcionarios, con el sector público, de modo que los intereses públicos y privados —que según él son, por la naturaleza de las entidades, sumamente distintos— entran en colisión.
Por ejemplo, Anabel González fue primero directora general y viceministra de Comex y pasó de su cargo inmediatamente a ejercer como directora de Cinde. Años después, volvió al Comex, otra vez como ministra y, bajo su mandato, se firmaron dos adendas al convenio —que desvía recursos— del ministerio con la agencia.
Fernando Ocampo, por su parte, ocupó el cargo de director general en Comex, de donde pasó a Cinde en un puesto similar que dejó para volver al ministerio, esta vez como viceministro, justo bajo el mando de González.
Otro exministro de comercio exterior, José Rossi, también pasó del ministerio a Cinde, aunque en su caso, al menos, pasó cerca de una década entre un puesto y otro. La abogada Gabriela Llobet, por su parte, fue viceministra del sector y, tres años después, asumió la dirección de Cinde.
La asesora y negociadora, Margarita Umaña, también pasó de ser funcionaria en Comex a ocupar un cargo de dirección en Cinde y la exministra de la administración Alvarado Quesada, Dyalá Jiménez, pasó de la jerarquía del sector directamente a la junta directiva de la mencionada agencia.
En el caso de Procomer, el ex gerente Jorge Sequeira asumió, justo al dejar su puesto en la promotora, la dirección general de la agencia privada, y Eric Scharf pasó de integrar la junta directiva de Procomer a formar parte de la de Cinde.
Finalmente, salta a la vista que al diputado Eliécer Feinzaig —quien trabajó para Cinde en Nueva York— tiene un vínculo con el mencionado Eric Scharf, pues su primo Leonardo Feinzaig —quien además donó dinero a su campaña— fundó, junto a Scharf, el bufete Feinzaig, Scharf & Van der Putten.
Cinde afirma que coincidencias se dan porque el sector es pequeño y los perfiles “muy específicos”
La Agencia de Promoción de Inversión de Costa Rica (Cinde) afirmó que el hecho de que jerarcas y funcionarios hayan ocupado puestos tanto en la agencia como en entidades públicas del ramo se debe a que el sector es pequeño y los perfiles “muy específicos”.
La agencia indicó, mediante su oficina de comunicación, que siempre se ha dado “una coordinación fluida con las instituciones de la triada de comercio exterior” y que a partir de la firma del convenio de cooperación se sumó un apoyo financiero, pero afirmó que esa coordinación “no implica ni resulta en injerencia política externa sobre el quehacer técnico de Cinde, ni tampoco de Cinde sobre decisiones de las autoridades”.
Ante las consultas de UNIVERSIDAD, indicó que la “tríada” del sector (Comex-Procomer-Cinde) “se ha considerado altamente productiva y complementaria” y agregó que existe “todo un conjunto de normativa interna que precisamente establece estándares éticos y líneas de funcionamiento claras para todos los miembros de Cinde”, entre las cuales se encuentra el mencionado convenio.
Sobre las idas y venidas entre puestos, dijo que “varios líderes de las instituciones claves del engranaje han hecho carrera en estas en distintos momentos” y lo justificó pues “el sector de comercio exterior en el país es, ciertamente, muy limitado y, por eso, ha sido muy normal que muchas de las figuras de Comex también hayan estado en Cinde y viceversa”.
Agregó que perfiles como el del director general y el gerente general son “muy específicos” y “tienen demandas muy específicas” como que “tienen que ser bilingües a un nivel casi nativo, además, con el lenguaje técnico de la jerga”. En el caso de los miembros de Junta Directiva, dijo, son elegidos por la asamblea de asociados por postulación y votación abierta.
Los fondos públicos que recibe la entidad, aseguró, “son de los fondos públicos más auditados, porque en eso somos súper cuidadosos” y detalló que, a la fecha, se han realizado 38 auditorías externas trimestrales y cuatrimestrales y 11 anuales, todas con “opinión limpia”.
