El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) y representantes de la Asociación Costarricense de Psiquiatría (ASOCOPSI) aseguran que el proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, expediente N°22.430, representa un retroceso en la atención de los pacientes y limita el accionar del médico especialista en psiquiatría.
“A pesar de que habla mucho de derechos humanos, su implementación finalmente deriva en reglamentar meras prácticas asistenciales, limitando la potestad que tiene el especialista en psiquiatría para ingresar a un paciente bajo su criterio médico (acto médico). Este proyecto de Ley permite que varias personas, no necesariamente médicos, participen en esta toma de decisión”, advirtió el psiquiatra y presidente de ASOCOPSI, Francisco Golcher.
Asimismo destacaron que la iniciativa de ley que ya fue aprobada en primer debate también establece, la posibilidad de contar con un consentimiento informado, tomando en cuenta una serie de criterios “muy laxos” que no permiten claridad sobre cómo proceder en situaciones donde el paciente por su condición médica, tiene limitada su capacidad de juicio.
“Esto es un peligro porque expone a la persona que en ese momento está vulnerable a tomar una decisión que puede impedir el acceso a tratamientos o medicamentos, si expresara su negativa”, afirmó el psiquiatra.
A las críticas se sumó el psiquiatra Jerry Castro, quien expresó que este proyecto busca crear un órgano de revisión -para hacer un control externo- a través de figuras que no están claramente tipificadas y cuyos atestados de sus miembros no están claros. Además, el texto no señala el contenido presupuestario de este órgano para poder implementar la ley, por lo que atentaría contra las finanzas públicas.
“En la mayoría de los hospitales del país no hay servicios de salud mental. Partiría de la necesidad de crear nueva infraestructura y nuevas plazas en el sector público, tanto para lo asistencial como para la fiscalización”, dijo Castro.
Por su parte, la psiquiatra Virginia Rosabal pidió a los diputados que este proyecto no pase su segundo debate pues es un texto “muy general, que no va acorde con el sistema de salud costarricense. En su criterio, lo que se debe crear es un proyecto de ley “criollo” que tome en cuenta el criterio de todos los sectores público y privado, así como especialistas médicos en psiquiatría y otros relacionados.
No tomaron en cuenta criterios especializados
Por su parte el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) indicó que considera inaceptable que los diputados hayan aprobado una ley “sumamente peligrosa para el acto médico y para la seguridad de los pacientes”.
El pasado 12 de abril, en el oficio SINAME-111-2022, el gremio externó su preocupación a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, alegando que dicho proyecto ponía en riesgo la salud de los pacientes.
“Se desvirtúa el criterio profesional médico de un especialista, pues en el caso del internamiento de pacientes con este tipo de enfermedad no se le da la prioridad de decisión al médico psiquiatra, sino que se deja en manos de un grupo interdisciplinario, en donde debe haber, al momento de la decisión, un psicólogo clínico o un médico psiquiatra, es decir, podría darse el caso de que un paciente sea internado en un hospital sin que un profesional en medicina lo haya valorado, causando un grave perjuicio para su salud, tanto física como mental, amén de que no habría un profesional encargado de su acompañamiento dentro del centro hospitalario”, afirmó el presidente de SINAME, Mario Quesada.
El proyecto de ley N° 22.430, el cual es impulsado por la diputada independiente Paola Vega fue aprobado por la Asamblea Legislativa el martes anterior. Esta iniciativa tiene como objetivos asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con trastornos mentales y regular el marco de atención en salud mental de modo que sea posible proporcionar el mejor cuidado, tratamiento y rehabilitación de acuerdo con los derechos humanos de todas las personas.
A esto se suma el fortalecer el modelo de salud mental dirigido a la prevención, atención, rehabilitación y reinserción con enfoque comunitario mediante acciones interinstitucionales, detallar los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental e impulsar la inclusión plena y efectiva a la sociedad de las personas con trastornos mentales mediante la promoción, protección y garantía de sus derechos.
