Aunque la Sala Constitucional denegó el pasado 5 de mayo el recurso de amparo de un diputado solicitando la eliminación de las pruebas de bachillerato en la educación media, la discusión de años sobre la conveniencia de mantener dichos exámenes sigue en pie.
La Sala IV declaró con lugar el recurso presentado por el diputado socialcristiano Luis Vásquez “únicamente en cuanto a la falta de acciones efectivas para que las personas que han reprobado estén mejor preparadas para ganar las pruebas de bachillerato”.
En ese sentido, dio al Ministerio de Educación Pública (MEP) un plazo de 18 meses para que desarrolle “planes efectivos que permitan a las personas que han reprobado estar mejor preparadas para aprobar las pruebas de Bachillerato”, según indica la resolución de los Magistrados (Nº 2017 – 6339).
Sin embargo, el Tribunal declinó pronunciarse en cuanto a si dichos exámenes se deben mantener o no, señalando que por ley es a la administración activa (el MEP y Consejo Superior de Educación) a la que le compete valorar la conveniencia y oportunidad de dichas pruebas con criterios técnicos.
Vásquez declaró que hubiera preferido que el bachillerato se eliminara de inmediato, pero considera positivo el fallo judicial en tanto obliga al MEP a resolver con relación a los más de 40.000 jóvenes y adultos mayores que están frenados con “esa piedra en el zapato” que son los exámenes de bachillerato, y no pueden acceder a educación superior.
Indicó que está analizando el significado del fallo de los Magistrados y ver si cabría presentar otra acción, ya que el recurso apelaba al principio de igualdad ante la ley y al principio de gratuidad en la educación, que en su criterio se violan con la aplicación de las mencionadas pruebas, “pues no se vale, por ejemplo, que a los alumnos que se quedan les cobren ₡7.000 para poder presentarse a un nuevo el examen”.
En todo caso, cree que todo el sistema de evaluación educativa debe ser reformado, y el Poder Ejecutivo debería ordenar una revisión de las pruebas.
Dichos exámenes se han convertido en un simple requisito para egresar de la educación secundaria, y no cumplen el objetivo de medición y análisis del proceso educativo que debería ser evaluado.
Esa conclusión la apoyó el legislador en datos del Informe Estado de la Educación y recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes, expertos en educación de la Universidad de Costa Rica y estudios de las organizaciones magisteriales, que proponen una revisión de las pruebas de bachillerato, por no cumplir con objetivos para los cuales fueron reintroducidos luego que habían sido eliminadas en 1972.
Como evidencia de esta situación puso como ejemplo el resultado de las pruebas del 2005, cuando la promoción fue de 62%, y para elevarla el MEP recurrió al “subterfugio” de aceptar apelaciones a 37 preguntas del total. Y últimamente ha estado aplicando “curvas de validez” en todas las materias para elevar la promoción, con el argumento de que todos deben tener igualdad de oportunidades.
El examen de bachillerato es una prueba estandarizada que se aplica por igual a estudiantes de diversas modalidades de educación pública y privada, a pesar de las diferencias en la calidad de la educación que se imparte en uno y otro colegio, y en las distintas regiones, y aunque los colegios estén en zonas rurales alejadas y no cuenten con los recursos docentes y la infraestructura, que sí tienen otros, criticó Vásquez.
El legislador exhortó al Poder Ejecutivo a hacer un cambio radical en la educación, sobre todo porque no es un problema de falta de dinero sino de inversión de los recursos. El país apostó por destinar el 8% del PIB a la educación, y es el que más invierte en la región en este campo. Cada estudiante le cuesta al MEP ₡160.000 al mes, pero lo que se invierte no corresponde con lo que los estudiantes están recibiendo, reprochó el representante legislativo.
PREOCUPACIÓN
La ministra de educación, Sonia Marta Mora, defendió la permanencia de los exámenes de bachillerato como “un recurso técnico – académico necesario para garantizar la calidad de la educación costarricense”.
Sin embargo, afirmó que comparte la preocupación de la Sala IV para que se tomen acciones académicas efectivas, a fin de apoyar a los estudiantes que han reprobado el examen de bachillerato, para que logren superar la prueba en futuras convocatorias.
En ese sentido, enumeró una serie de acciones que viene aplicando el MEP, las cuales “continuaremos y reforzaremos” en apego a lo señalado por la Sala Constitucional.
Entre otros programas mencionó una estrategia específica emprendida en el 2015 para los colegios nocturnos, denominada “Yo me apunto”, con el propósito de planificar y coordinar acciones que posibiliten una mejora en su rendimiento en las pruebas de bachillerato. Gracias a esta estrategia, la promoción pasó de un 48,47% a un 60,36% en un año, anotó.
Refirió que el MEP mantiene la atención a la población rezagada con nuevas alternativas como el “Bachillerato a tu Medida” y el apoyo permanente de los programas de bachillerato de la educación abierta.
De acuerdo con cifras oficiales, en el 2016 el 73% de los estudiantes pasaron los exámenes de bachillerato, la mejor promoción de los últimos años.
Cada año alrededor del 30% de los estudiantes de secundaria no logran superar las pruebas de bachillerato, según constató el Estado de la Educación 2015.
A partir de los datos del informe, Vásquez perfiló las disparidades que se dan en torno a las pruebas de bachillerato, señalando que los colegios subvencionados y los privados han alcanzado promociones superiores al 92%, mientras que los colegios técnicos y académicos públicos lograron porcentajes menores al 70%, lo cual evidencia la brecha de desigualdad entre los estudiantes de dichos centros educativos.
Recalcó que estos exámenes se han convertido en una limitación evidente, irregular e inconstitucional al ejercicio del derecho a la educación. La pérdida de estas pruebas ha constituido una verdadera limitante al ejercicio libre de la educación, con el perjuicio moral y psicológico que significa para los estudiantes rezagados, quienes, al no poder superarse, quedan sumidos en una condición de vulnerabilidad social.
El fracaso en el examen fomenta la deserción estudiantil y coloca en desventaja a la persona para acceder a la educación universitaria y al desarrollo laboral, social y económico del país, razonó Vásquez en el recurso presentado a la Sala IV.
Población
En resolución, los Magistrados de la Sala IV (Nº 2017 – 6339) reconocen que es imposible soslayar la realidad imperante, que es el rezago de una parte importante de población educativa por haber reprobado las pruebas de bachillerato.
Por ejemplo, del curso lectivo 2007, es decir, desde hace diez años, todavía hay 1.569 personas pendientes de aprobarlas. Ello a pesar de que se ofrecen tres modalidades de exámenes de bachillerato: Bachillerato de la Educación Media Formal Regular (Colegios), Bachillerato por Madurez Suficiente y Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia, estos dos últimos de la Educación Abierta. Igualmente, pese a que la administración ha realizado y continúan efectuando proyectos para atender esa problemática, como el de educación de adultos, que atiende a la población interesada en concluir el bachillerato, mediante sedes y proyectos públicos ubicados en las diferentes direcciones regionales de educación en horario nocturno.
También menciona datos del 2007 al 2016, que refieren a las diferencias existentes entre centros educativos públicos, privados y subvencionados, así como de las diferentes zonas geográficas del país.
Son sustanciales las diferencias entre las distintas modalidades de las instituciones públicas y mucho más resaltadas entre las públicas y privadas.
Los colegios científicos presentan en casi todos los años un 100% de aprobación, e igualmente acontece con muchos colegios privados, aún en zonas rurales, como por ejemplo, Pindeco en la zona Grande de Térraba, Colegio Madre del Divino Pastor y John F. Kennedy High School, ambos en Coto; o el Colegio Valle del Sol de Guápiles.
Una situación diametralmente opuesta se observa cuando se trata de colegios públicos, sean rurales o urbanos, y se agrava en los casos de colegios técnicos o instituciones nocturnas. En el Colegio Barrio Irvin de Liberia la promoción más alta que se reporta es la de 2013 con 36,86 % de aprobación. El Colegio Técnico Profesional de Paquera en el 2016 tuvo 14,29% de promoción, pero es una constante, pues en el período mencionado nunca superó un 65% de aprobación.
Existen regiones educativas (como Aguirre, Cañas, Coto, Liberia, Puriscal, San Carlos, Sarapiquí, Zona Norte Norte, entre otras), donde en los años de 2007 a 2016 nunca han superado un 70% en la promoción de las convocatorias de esas pruebas, y en varias ocasiones, incluso, no han superado ni el 50%.
