‘Hay prueba que no se había pedido, diligencias que no se habían realizado’

En menos de dos semanas, desde que fue nombrada fiscala general interina, Emilia Navas Aparicio movió el personal y las jefaturas del Ministerio Público, ordenó la revisión de casos sonados que habían sido archivados y dirigió –personalmente- un allanamiento en la oficina de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Esas acciones y haber señalado a la Corte, que en un primer momento la había designado en un procedimiento ilegal –que luego fue corregido por los magistrados-, ya le valieron a Navas, en esas dos semanas, el reconocimiento y apoyo de decenas de ciudadanos, tanto en redes sociales como en la manifestación del grupo “A Costa Rica la defiendo yo”, que se dio el 23 de octubre en la Plaza de la Justicia, en San José.

La reacción de la ciudadanía se explica en que la fiscala -con 29 años de carrera dentro del Poder Judicial- llega a la jefatura del Ministerio Público en uno de los momentos más críticos para la institución: el fiscal general, Jorge Chavarría, está suspendido, es objeto de una causa disciplinaria y otra penal por el ocultamiento de pruebas que implicaban a diputados en el caso conocido como “cementazo”, en el que se indaga un posible tráfico de influencias para favorecer al empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

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“Situaciones como las que estamos viviendo en los últimos meses y años son casos aislados, en 29 años yo no las había visto y lo importante es que no deben afectar ni la imagen del Poder Judicial ni la imagen del Ministerio Público, porque son poco comunes y, como le digo, creo que la palabra atinada es que son aislados”.

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A Chavarría también se le señala por una aparente desidia para investigar todas las denuncias relacionadas con este asunto.

Se trata de “entre ocho y diez” causas, dijo Navas este lunes en entrevista con UNIVERSIDAD.

Dos de esos expedientes eran solo carátulas, según la fiscala. En los otros, no se habían realizado todas las acciones necesarias para la investigación.

“Ya revisamos los expedientes y hay prueba que no se había pedido, hay diligencias que no se habían realizado y hay análisis que no se hicieron. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio norte, estamos enrumbando la investigación hacia una dirección que nosotros decidimos desde que asumimos el expediente, sin cuestionar o hacer algún tipo de juzgamiento de lo que se hizo o se dejó de hacer”, detalló la fiscala general.

Cuando dice “nosotros”, Navas se refiere al equipo que describe como de su confianza, a personas que trasladó de puestos para que trabajen junto con ella los casos del cemento chino. Entre esas personas están la fiscala Paula Guido.

Algunos casos del cemento chino se tramitan directamente en la Fiscalía General porque involucran a miembros de los supremos poderes, como los legisladores Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, y al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa.

Morales y Guevara fueron denunciados porque supuestamente habían influido en la modificación de reglamentos y de créditos en el Banco de Costa Rica (BCR) para beneficiar a Bolaños en la importación y venta del cemento chino.

A Gamboa se le investiga por un viaje de 37 horas que él y Bolaños hicieron a Panamá, y porque fueron juntos a hacer gestiones a la Fiscalía.

Otros expedientes se llevan en la Fiscalía Anticorrupción, de la cual se trasladó a Berenice Smith y se nombró a Carlos Meléndez, quien trabajó anteriormente en una investigación contra el Movimiento Libertario por una estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Emilia Navas hizo estos y otros movimientos apenas horas después de ser nombrada. Sabe que cuenta con poco tiempo para avanzar en las pesquisas porque su designación como fiscala general se dio por tres meses, el tiempo en que rige una medida cautelar de suspensión contra Chavarría.

Al vencerse ese tiempo, el Fiscal General podría regresar a su puesto y, en ese escenario, ella asumiría como fiscala subrogante, cargo en el cual también la nombró la Corte Plena el 13 de octubre.

“Si a don Jorge se le termina la suspensión asume todas sus tareas como fiscal general. Eso significa que únicamente el fiscal subrogante, en este caso yo, que fui nombrada por un año, asumiría los casos de los cuales él se inhiba o se le separe”, explicó Navas.

El otro escenario es que la medida se prorrogue por tres meses más o que la Inspección Judicial resuelva la causa en contra de Chavarría.

Todos son escenarios posibles pero poco claros por ahora. Lo que sí tiene claro la fiscala general interina, es que ni seis meses serán suficientes para concluir las investigaciones de estos casos, cuya tramitación calificó como “compleja”.

“Es un hecho que tres meses es muy poco, porque son asuntos muy complejos, pero lo importante es que desde el primer día, lo que tenía que hacerse ya se hizo. Ya se gestionó y se está gestionando la prueba que consideramos que es útil y pertinente para que tomemos una decisión sobre si hay hechos delictivos, cómo calificarlos y quiénes pueden ser los responsables”, consideró Navas.

La fiscala admitió que tampoco seis meses bastarían para concluir las pesquisas sobre el cemento chino.

“Hay prueba cuya naturaleza implica que las gestiones que se hicieron van a ser resueltas y la prueba va a llegar no en uno, dos o tres meses; inclusive podemos esperar más de seis, son pruebas para las que se necesita autorización de un juez o de la Sala Tercera, o que pueden ser traídas del exterior o que hay que analizarlas con auditores, necesitamos peritajes, y todo eso toma su tiempo por la complejidad de los hechos que se están investigando”, añadió.

Antes de ser nombrada como fiscala general interina, Navas fue fiscala adjunta de Fraudes. En esa oficina se abrieron causas relacionadas con el cemento chino, pero Jorge Chavarría le impidió conocerlas, según ella misma dio a conocer días atrás.

Ahora, la funcionaria se restringe para dar detalles de lo sucedido. “Hoy está abierta una causa por ese motivo y por eso no me puedo referir al respecto. Nada más le confirmo que se me prohibió intervenir en los casos y que desconozco la razón que el fiscal general de entonces tuvo para que yo no interviniera”, se limitó a responder.

Casos en revisión

Además de la revisión de los expedientes sobre el cemento chino, Emilia Navas ordenó analizar otros casos que fueron criticados por la opinión pública.

De momento, según comentó a UNIVERSIDAD, tres de esas causas ya fueron designadas a fiscales para ser revisadas.

En una de ellas se investiga la participación del expresidente Óscar Arias Sánchez en la firma de un decreto para permitir la explotación de minería a cielo abierto en crucitas. El decreto fue firmado tanto por el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, como por el expresidente Arias, pero la Fiscalía solo acusó al primero, quien resultó condenado en un primer debate (el fallo fue anulado y el caso volverá a juicio).

El otro asunto se relaciona con la investigación para determinar si se cometieron delitos en el proyecto de creación de la empresa Soresco, formada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC), para construir una nueva refinería en Moín, Limón. Ese expediente está abierto desde el 2014 sin que hasta ahora haya resultados conocidos.

La fiscala general también ordenó analizar la posible reapertura de la causa por legitimación de capitales en la que se indagó el ingreso a Costa Rica de $20 millones supuestamente provenientes de sobornos pagados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Esa causa se desestimó en el 2015 a pesar de la objeción del juez penal, Manuel Rivera Solano, quien alegó que la Fiscalía “no hizo ninguna investigación”.