Este lunes la Corte Plena determinó que el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública afecta su funcionamiento y organización, lo cual implica que su aprobación requerirá de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una propuesta presentada por la administración Alvarado y que amplía aún más el poder que la Ley Marco de Empleo Público confiere al Ministerio de Planificación (Mideplan), pues además de darle la potestad de “orientar la inversión pública de los órganos y entes que conforman” ese Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), también le corresponde declarar “la viabilidad de los proyectos de inversión pública”.
Se trata de la segunda oportunidad en que Corte Plena estudia este proyecto, pues ahora la Asamblea Legislativa le remitió un texto sustitutivo que “no tiene variaciones significativas respecto al texto original ya consultado y analizado”, según indicó la magistrada Jéssica Jiménez.
Jiménez informó que la Dirección Jurídica del Poder Judicial determinó que el proyecto sí incide en la institución, “ya que incluye al Poder Judicial en la aplicación de la inversión pública cuya rectoría recae sobre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en consecuencia produce una modificación organizativa y funcional de los órganos técnicos que actualmente ejercen la gestión de los proyectos a lo interno de la institución”.
La magistrada subrayó que desde el artículo 3 se establece que el Poder Judicial cae dentro del ámbito de aplicación de la propuesta y que el artículo 5 además establece que únicamente se asignará fondos públicos e iniciar la fase de inversión de los proyectos de inversión pública que cuenten con la declaratoria de viabilidad por parte del Mideplan o de instancia delegada.
“Estas disposiciones implican que obviamente todo lo relacionado a los proyectos de inversión del Poder Judicial quedarían supeditadas al análisis que haga el Ministerio de Planificación”, puntualizó.
Así, Jiménez analizó que la persona jerarca de Mideplan se convierte en “el rector de inversiones públicas y entre otras competencias deberá orientar la inversión de obra pública, gestionará y monitoreará la ejecución de proyectos, emitirá los instrumentos metodológicos para formulación, evaluación y ejecución de los proyectos, y sus decisiones serán de acatamiento obligatorio”.
“Como podemos apreciar -añadió la Magistrada-, esta dependencia del Poder Ejecutivo obviamente sería el órgano superior del Poder Judicial en todos lo relacionado con futuros proyectos de inversión”.
También destacó que el artículo 13 apunta que el ministro rector de cada sector, para otorgar el aval a los proyectos de inversión, deberá comprobar la vinculación de cada uno con el cumplimiento de los objetivos y metas en planes estratégicos sectoriales.
Con ello, “obviamente, al convertirse este proyecto en ley, nuestra institución estaría sometida a los proyectos de inversión que apruebe el Mideplan y eventualmente algún otro ministerio que considere vinculado con la función de administrar justicia, ya no seria propiamente una facultad o potestad que tenga el Poder Judicial para determinar en qué proyectos se invierte y en cuáles no”.
“Unidad del Estado”
Por todo ello, la posición de Jiménez fue el proyecto de hecho inciden en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Sin embargo, ni bien había concluido Jiménez su intervención cuando la magistrada Iris Rocío Rojas pidió la palabra para externar un criterio opuesto, pues alegó que “está de por medio el principio de unidad de Estado y se trata del desarrollo de obra pública y del Plan Nacional de Desarrollo establecido en la Ley de Planificación Nacional”.
Dijo que un “gran error” de esa ley, “según lo han dicho montones de estudiosos del derecho”, fue que ese Plan no es vinculante.
Aseveró entonces que “aquí no se afecta la organización ni funcionamiento, porque primero no hace referencia a la administración de justicia, hace referencia al soporte administrativo de construcción de edificios, que se financian con fondos públicos”, y “lo que se quiere es que haya un control de la obra pública”.
“Lo que el Mideplan le va a decir al Poder Judicial es: primero tiene que respetar el ambiente” y dijo que ya ese han dado casos de edificios construidos por la Corte sin contar con viabilidad ambiental. Al respecto citó sin mayor detalle un caso de Turrialba.
“Esto es un control de una sana inversión. El Poder Judicial no es una isla”, dijo y reiteró varias veces.
De seguido quien ofreció respuesta a Rojas fue la magistrada Julia Varela, quien recordó que forma parte de la comisión de construcciones institucional.
Tras manifestar su apoyo al informe de la magistrada Jiménez, dijo que ese caso de Turrialba “fue hace muchos años y no ha vuelto a pasar”.
“Pareciera que parte de la premisa (de la magistrada Rojas) es que en el Poder Judicial se malversan fondos para construcción, eso no es cierto, hay un protocolo, un proyecto de construcción donde vamos debidamente ordenado y planificado, administrando recursos de la mejor forma posible y no pasa lo que sí pasa en el sector público central, ahí si puede decir doña Rocío lo que señala, pero no en el Poder Judicial”.
Añadió que en el gobierno central “se tiene empréstitos para construcción años y años y no se construye, donde se pagan préstamos para construcciones que no se ejecutan, eso no ocurre en el Poder Judicial”, donde, según dijo, “se definen necesidades, nada se construye sin tener claros requerimientos institucionales, los fondos públicos aquí se administran de forma sumamente controlada y ordenada”.
Entonces, la magistrada Rojas de nuevo pidió la palabra para aclarar que “no he dicho lo que doña Julia me endilga y si ella lo entendió así, mis disculpas”. Insistió en que el proyecto de ley pretende “evitar estos asuntos de que se tiene préstamos que no se utilizan”, entre otras cosas.
Posteriormente, de nuevo la magistrada Varela reiteró que “claro que nos afecta, al Poder judicial le hacen falta edificios en Puntarenas. Con esta ley al gobierno puede ser que no le interese o invierta en otros temas”.
Finalmente fue la magistrada Patricia Solano, vicepresidenta de Corte Plena y a quien correspondió presidir esta sesión, quien hizo uso de la palabra para coincidir en que “sí afecta”.
Solano recordó que como poder de la República, el Judicial tiene tres ejes funcionales: el jurisdiccional, el auxiliar de justicia y la función administrativa y que “señalar que no incide en la organización puede ser cierto, pero sí (incide) en un eje funcional administrativo, concretamente en decisiones de tipo financiero”.
La votación arrojó un resultado de 17 votos a favor de la tesis de Jiménez, contra el único voto en contra de la magistrada Rojas.
