Un proyecto de ley pretende evitar la revictimización en estudiantes de escuelas y colegios en caso de denunciar violencia o agresiones de parte de personal del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La Defensoría de los Habitantes, el Servicio Civil, el MEP y la diputada del Partido Integración Nacional, Patricia Villegas, trabajan en un borrador desde octubre pasado.
De acuerdo con Mauricio Medrano, profesional de Defensa en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, el procedimiento actual está obsoleto y por eso es necesario un proyecto que brinde mayores garantías a las víctimas.
Medrano afirma que aún el proyecto está en elaboración pero que se pretenden tres cambios principales.
El primero consiste en el reconocimiento de la persona menor de edad como parte del procedimiento. Medrano explicó que cuando un menor interpone una denuncia, solo se le pide información pero nunca se le notifica de la decisión final ni tiene oportunidad de apelar la decisión.
“Hoy la persona menor de edad no es parte del procedimiento. No puede apelar las decisiones, no puede enterarse de los entretelones del procedimiento. Solo participa en calidad de testigo o víctima. Pretendemos darle una participación activa del proceso”, explicó.
Otro de los cambios busca que las denuncias se resuelvan con mayor agilidad. “Hay unos procesos que pueden durar un año, para una persona menor de edad, el tiempo es distinto. Para un chiquito de siete años, un año significa muchas experiencias, duelos y algo muy importante: durante ese año, si no se resuelve rápido, la persona víctima tiene contacto con el presunto ofensor. Los plazos se están tratando de acortar”, agregó Medrano.
Según la diputada Patricia Villegas, hay expedientes en donde se evidencia que los niños y niñas dan su testimonio hasta en siete ocasiones. “El niño tras de que es maltratado por algún funcionario del MEP, siempre está a manos del agresor. Se busca que los menores solo brinden una declaración y que ahí se remita a funcionarios del MEP. Y que se le aleje de estas personas”, comentó.
También se buscará incluir en el proyecto la suspensión inmediata del docente o funcionario del MEP que sea denunciado por violencia contra un menor de edad.
Según la diputada del PIN, a finales de enero se hará otro taller para afinar detalles del borrador y pedirá al Presidente convocar el proyecto en las próximas sesiones extraordinarias.
¿Y en casos de violencia sexual?
De acuerdo con Mauricio Medrano, ya existe un proceso para abordar los casos de hostigamiento sexual de una manera expedita, por lo que el proyecto actual se enfatiza en otros tipos de violencia y hace pocos cambios en cuanto a violencia sexual.
Una exestudiante relató que en 2011 presentó una denuncia por acoso contra un profesor en Moravia y que en el MEP la reunieron en una oficina junto al docente, de espaldas.
“A él lo sentaron detrás mío para él escuchar lo que yo decía. Hasta ahora sé que nada de eso se puede hacer. Yo pedía que dejaran entrar a mi mamá y que era menor de edad, pero no me hicieron caso. El caso se trató tan de mala manera que me hicieron un careo con él, su abogada, y yo ni tenía abogado. Mi supuesta representante legal era una señora que yo ni sabía qué puesto tenía, solo estaba tomando nota de la denuncia”, dijo Mónica Barboza, exestudiante del Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad, en Moravia.
Pese a esta situación, Dahianna Chacón (al fondo), jefa de la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, afirma que esa es una parte del proceso que no se puede suprimir y que es parte de los derechos con los que cuenta el acusado.
El año pasado el MEP recibió 340 denuncias por violencia sexual, una cifra récord que superó las 200 de 2018. En 2019 también se despidió a 81 funcionarios del MEP por faltas de connotación sexual (55 por acoso, 16 por abuso, uno por discriminación sexual, tres por relaciones impropias y seis por otro tipo de agresiones sexuales).
