El proyecto de ley que busca establecer la aplicación de mecanismos tecnológicos de identificación y registro de etiquetas para evitar el contrabando de licores, calienta los ánimos en la Asamblea Legislativa, donde diputados, representantes de la administración pública y empresarios coinciden en la importancia de regular la materia, pero no logran ponerse de acuerdo sobre las formas.
Los ministerios de Hacienda, de Economía y de Salud, la Cámara de Industrias y la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep) se han pronunciado a favor de promover nuevas legislaciones; sin embargo, todos guardan reservas —más o menos intensas— sobre el método propuesto por los diputados.
La mayoría de estos actores alegan que la aplicación de dispositivos podría beneficiar el control sobre las botellas nacionales e importadas, pero que el sistema podría terminar siendo demasiado caro e insuficiente para lidiar con la entrada de bebidas por los puntos ciegos transfronterizos, o alimentar el mercado negro (fuera de los comercios).
Esta visión es refutada por los diputados propulsores de la iniciativa; la cual fue presentada con la firma de los liberacionistas Daniel Ulate, Roberto Thomson y María José Corrales; y los socialcristianos María Inés Solís y Erwen Masís.
En la exposición de motivos del proyecto, los firmantes recordaron que el contrabando de licores le cuesta unos ¢20.000 millones anuales al Estado, según estudios de Euromonitor Internacional; cifra que podría rastrearse a través de tecnologías.
Además, los diputados impulsan medidas para evitar que comercios acepten botellas ilícitas, pues faculta a la policía y a los inspectores municipales a cerrar los negocios que vendan bebidas no registradas por 15 días, iniciar cancelaciones de licencias y patentes, y aplicar cierres definitivos (en caso de reincidencia).
¿Muy caro?
Esta semana el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionó la rentabilidad de esta reforma en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, foro en el que se tramita actualmente la iniciativa.
Según indicó Acosta, aplicar dispositivos como los que se utilizan en Ecuador representaría un gasto casi equivalente a los ¢20.000 millones que podrían recaudarse su se aplica el proyecto.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo a UNIVERSIDAD que es necesario buscar una solución “integral” para controlar la llegada de licores adulterados, aunque sí señaló que los dispositivos electrónicos podrían tener un efecto muy positivo.
Eso sí, señaló que no puede ser la única medida, pues “las medidas tecnológicas llegan a vulnerarse con el tiempo” y podría generarse una falsa sensación de total seguridad entre los consumidores.
“Además, se tiene que reforzar la inspección en aduanas, tiene que haber más control, podemos poner una medida de trazabilidad, pero también ver todo el sistema que está alrededor”, concluyó.
De cualquier manera, la trazabilidad de estos productos sí fue vista como un gran reto a vencer por la ministra de Economía, Victoria Hernández, quien aseguró que los controles actuales son pobres, en audiencia con los diputados de la Comisión de Económicos.
¿Muy complicado?
En el caso del sector empresarial, la Uccaep ya se había pronunciado sobre el proyecto desde el 16 de julio pasado, en medio de una carta de cuatro paginas en las que resaltaron su “preocupación” por “la complejidad en la logística que representaría la aplicación de estas tecnologías en los procesos de producción.
También se manifestó la Cámara de Comercio, entidad que calificó de “desfavorable” el balance entre el potencial de efectividad y el impacto económico que tendría la medida sobre las empresas que producen o importan bebidas.
Además, ellos se manifestaron en contra de la “complejidad” que implicaría aplicar los dispositivos, “pues agrega una complicación mayor en el proceso y costos nuevos significativos”, especialmente para el sector de las importaciones.
¿Intereses?
Ante los argumentos a favor y en contra de su propuesta, el diputado del PLN, Daniel Ulate, comentó que la oposición a la iniciativa proviene particularmente de sectores con intereses directos en la venta de alcohol, que han sobredimensionado el impacto de las medidas propuestas.
En esa línea, atacó especialmente al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, a quien acusó de “inflar” las cifras sobre los costos del modelo que su proyecto propone.
A Acosta le acusó de actuar más como un lobista del sector empresarial que como un viceministro de gobierno, ante el desgano por mejorar los dispositivos recaudatorios.
Sobre los alegatos relacionados con la complejidad de aplicar las nuevas tecnologías, el congresista enfatizó que tampoco se trata de una propuesta excesiva. Más bien, dijo que los dispositivos que se utilicen podrían ayudar a combatir la entrada de bebidas adulteradas, que ya han provocado la muerte de casi 30 personas este año.
Por último, sobre los cuestionamientos relacionados con el control aduanal, Ulate subrayó que su proyecto no se trata de cerrar el paso por las fronteras a las bebidas adulteradas, sino de desincentivar la venta de esas bebidas en establecimientos acreditados.
“Imaginemos la cadena de valor. En la primera línea está la producción nacional y la importación, en la segunda línea están los distribuidores y, en la tercera, está el punto de venta. Este proyecto lo que intenta es que la trazabilidad permita registrar qué botella es original y cuál no”, concluyó, no sin antes recordar la palabras de Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de Hacienda.
Dicha funcionaria aseguró a los congresistas de la Comisión de Asuntos Económicos que conoce más de 30 empresas a nivel internacional con la capacidad de ofrecer mecanismos de trazabilidad fiscal para aplicar un modelo eficiente.
Colaboró la periodista Monserrat Cordero.
