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Proyecto de ley del PUSC legalizaría práctica de elusión fiscal condenada por la Sala IV

Proyecto avalado por comisión con apoyo del PLN, PLP y NR facilitaría el escape de grandes capitales como los de Scotiabank, Lafise, Promérica, BAC, Durma Esquivel, Improsa y Coca Cola con el objetivo de pagar menos impuestos de renta.

El camino escogido por la comisión especial que analizó las reformas para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea (UE) elimina el pago de impuestos por ganancias pasivas fuera de Costa Rica, una mecanismo que grandes capitales practican para pagar menos impuestos y que ya había sido condenado por la Sala Constitucional.

Esta reforma, que fue liderada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN), Nueva República (NR) y Partido Liberal Progresista (PLP) copia la legislación que Uruguay aprobó y con la que logró salir de la lista gris de la UE.

Sin embargo, también establece un nuevo criterio sobre el capital que paga impuesto en beneficio de grandes capitales como Lafise, Promérica, BAC San José, Durma Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borge y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Reckitt Benckinse y Coca Cola.

Estas empresas son grandes capitales que han formado parte de recursos legales, ya sea como accionante o parte promotora, contra el cobro de impuestos de ganancias obtenidas en el extranjero con capital costarricenses. A estas se pueden sumar decenas más que forman parte de la lista de 200 grandes contribuyentes que, en el 2018, reportaron cero ganancias al Ministerio de Hacienda.

Los mecanismos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica le permitieron a las corporaciones sacar ₡3,7 billones entre el 2015 y el 2019, lo que convierte al país en el segundo de América Latina con más pérdida de impuestos por escape de capitales, según un estudio mundial de investigadores de la Universidad de Copenhague, California y Berkeley.

La aprobación de nueva legislación, como la propuesta por el PUSC, permitirá a los grandes capitales, que han objetado la posición de la Sala IV, interponer nuevos recursos contra el cobro de los impuestos.

¿Cómo lo hace?

El proyecto de ley establece que los capitales que son sujetos a impuestos son “los generados exclusivamente en territorio nacional”, lo que significa que las grandes empresas pueden sacar las ganancias generadas en el país a, por ejemplo, paraísos fiscales para acumular intereses u otra forma de ganancia pasiva, pagando poco o nada de impuestos.

El economista, Fernando Rodríguez, señaló que la incorporación de la palabra “exclusivamente” no tiene que ver nada con la reforma que está solicitando la Unión Europea, mientras que el abogado y economista, Luis Olivares, calificó el proyecto como un “Caballo de Troya”.

“Es un golazo, son impuestos que estarán dejando de pagar aquí y se llevarán al exterior. El proyecto es superficial y busca cumplir formalmente, si no tuviera eso (la palabra exclusivamente) sería solo una carta de buenas intenciones” comentó Olivares.

El economista, Welmer Ramos, coincide al decir que la reforma es “tímida” al buscar cumplir con lo mínimo posible “para seguir haciendo nadado de perro y echar a perder lo caminado”, al tiempo que la OCDE advierte que Costa Rica caería en otra lista gris por falencias en información tributaria.

“No cierra portillos, ni da progresividad al sistema tributario, pero el artículo uno, con descaro, viene a anular lo que la Sala Constitucional ha dicho, hace legal un mecanismo ilegal que se estaba tolerando, es vergonzoso. Este proyecto les dice que en Costa Rica pongan todos los costos y los ingresos, ustedes no tienen que ponerlos aquí, ni pagar” dijo Ramos.

¿Qué ha dicho la Sala?

Grandes bancos como BAC, Lafise y Promérica alegaron ante la Sala que la ganancias que obtenían en el extranjero no debían pagar renta, pero la Sala Primera dijo que sí debían pagar, así que las empresas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad.

La Sala Constitucional dictaminó que es procedente cobrar impuestos sobre la renta a las ganancias de operaciones financieras fuera del país si estas se realizan con capital costarricense por empresas que operan en territorio nacional.

En otras palabras, establece que el capital que las grandes empresas no pierde vínculo con Costa Rica cuando salen del país (a paraísos fiscales, por ejemplo) porque son ganancias generadas en ese territorio con recursos nacionales, por lo que siguen deben pagar los impuestos en el país de origen.

“(…) si la empresa accionante es una empresa domiciliada en Costa Rica, su fuente productora de renta es costarricense y el capital invertido en el extranjero es costarricense, los rendimientos obtenidos forman parte de los ingresos gravables de la empresa en Costa Rica” dice la resolución.

 ¿Qué ha dicho la UE?

La UE demandó, desde junio del 2021, que se reformara la legislación que grava las rentas en el extranjero para “eliminar la diferencia entre la renta territorial y la extraterritorial”, según el oficio DGT-832-2021 y, en este año, llegaron a avalar el proyecto que el Gobierno presentó.

Esto fue reiterado y detallado a finales de julio cuando representantes de la UE comparecieron ante la Asamblea Legislativa. En esta sesión señalaron que el proyecto del Gobierno tenía más reformas de las que estaban pidiendo y que el proyecto inicial del PUSC era insuficiente para salir de la lista.

También, tanto en el oficio como en la comparecencia, se refirieron a la jurisprudencia, señalando que esta era uno de los caminos avalados por la UE para salir de la lista, pero que debía de establecerse en la ley. Sin embargo, las personas legisladoras de la Comisión rechazaron seguir este camino.

La otra forma, indicó el jefe del Sector de Fiscalidad Internacional de la Unión Europea de la UE, Gabriele Annolino, era establecer reglas “adecuadas y sustantivas” para determinar qué empresas quedarían exentas de pagar impuestos.

Annolino también advirtió que, de copiarse la legislación uruguaya, como lo hace el proyecto del PUSC, debía realizarse en su totalidad, para que no corra el riesgo de ser rechazada.

¿Sacará a Costa Rica de la lista?

El economista y abogado, Luis Olivares, considera que el proyecto, al ser una copia casi idéntica a la legislación uruguaya, sí tiene posibilidad de sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal, pero con un gran costo para el país al profundizar la desigualdad.

“Parece que podemos cumplir y salir de la lista gris, pero se nos estaría profundizando un portillo, una práctica ilegal. Tolerada sí, pero ilegal y evasión, al fin que era poner la plata afuera para no pagar impuestos” comentó.

Ramos está en desacuerdo, ya que considera que la propuesta no contempla las diferencias entre la legislación de Uruguay con la costarricense, la cual considera es débil en comparación.

“El contexto es diferente, Uruguay tiene un sistema tributario mucho más robusto. Es como que usted siga la misma dieta que otra persona, pero resulta que usted tiene hipertensión y la otra no, no va a ser suficiente” explicó Ramos.

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