Una iniciativa legislativa del partido Frente Amplio busca que las empresas e instituciones que subcontratan personas a través de intermediaros, por ejemplo, servicios de limpieza, mensajería o seguridad, sean corresponsables de los derechos laborales de estos trabajadores.
En la actualidad es normal encontrar empresas o instituciones que tengan la práctica de subcontratar estos y otros servicios, a fin de evitar que los puestos sea parte de su planilla y bajo el argumento de reducir costos y trasladar los riesgos.
De acuerdo con Rocío Alfaro, diputada frenteamplista, en realidad esta práctica se presta para que se violenten los derechos laborales de las personas trabajadoras en servicios tercerizados, incluso los datos de la encuesta continuad de Empleo del IV trimestre del 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencia que una gran porción de la población no cuenta con los derechos laborales mínimos.
Los datos muestran que un 30,2% de las personas trabajadoras no tiene seguro de trabajo; un 27,7% no tiene seguro por riesgos de trabajo; un 50,8% no recibe el pago correspondiente a su jornada extraordinaria, mientras que un 20,9% trabaja más de 48 horas seguidas y un 15,1% no recibe el salario mínimo.
“La tercerización agrava la vulnerabilidad de las personas trabajadoras cuando la empresa subcontratante incumple sus derechos laborales, y en la actualidad, la institución o empresa que contrata no tiene ninguna obligación para con ellas, dejándolas en total indefensión”, indicó Alfaro.
Esta situación motivó a la diputada a presentar el proyecto, denominado ley de Solidaridad Laboral en casos de Subcontratación o Tercerización de Servicios, bajo el expediente 23.920. De esta manera se establecería un vínculo de solidaridad legal entre la empresa contratante y la contratista hacia los trabajadores, a fin de que ambas respondan de manera solidaria, ante eventuales incumplimientos laborales.
Este proyecto consistiría en adicionar un tercer párrafo al artículo 3 del Código de Trabajo, para que se reconozca la figura de la tercerización y subcontratación que actualmente no existe en la ley, además de sumar un artículo 3 bis, que establece la responsabilidad solidaria entre contratante y subcontratado, para que se cumplan derechos laborales como pago de aguinaldo, salario mínimo, contribuciones a la Caja, IMAS, Fodesaf, entre otras.
“En el caso de las instituciones públicas la iniciativa mantiene intacto el mecanismo conocido como “acción de regreso” de los recursos destinados para ese fin, esto para evitar que se vuelva una práctica común para que el subcontratante evada sus responsabilidades patronales.
