Un proyecto presentado por la bancada de Liberación Nacional sobre la gestión del recurso hídrico reduce sensiblemente y sin aparente fundamento las áreas de protección de pozos y nacientes, además de ser omiso en cuanto al serio problema de la contaminación difusa, que no tiene un punto de origen determinado.
La propuesta denominada Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico (Expediente N.°23.511) sí incluye algunos aspectos positivos, como otorgar un valor cultural al agua o reconocer el saneamiento del agua como un derecho humano.
Esos y otros aspectos fueron analizados por el abogado ambientalista Álvaro Sagot para la Asada de Dulce Nombre de Naranjo, la cual forma parte de las instituciones cuyo criterio al respecto fue solicitado por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Sagot observó como positivo que el texto establece el concepto de vulnerabilidad en el recurso hídrico e impone que “el ordenamiento territorial deberá considerar el manejo sostenible del recurso hídrico y ecosistemas asociados”, entre otras disposiciones. Es decir, que la correcta gestión y protección de los cuerpos de agua debe ser tomada en cuenta por ejemplo en la elaboración o modificación de planes reguladores.
Sin embargo, el especialista consideró que el proyecto es “muy pro sector agrícola, definitivamente”, pues incluye disposiciones como que se le concede a fincas de media hectárea la posibilidad de disponer del agua bajo la categoría de “uso doméstico”.
“Con ello se deja, bajo una misma condición y costo respecto al agua, a una finca agropecuaria, que a una casa de habitación y ello violenta el principio de proporcionalidad y el de razonabilidad”, consideró Sagot en su análisis.
Añadió que ello constituiría “un abuso de poder” y que violenta el principio constitucional de tutela científica, que señala que “no se pueden tomar decisiones por discrecionalidad y es que dentro del texto del proyecto no existe ni una sola justificación científica que diga por qué se fijó esa área, de media hectárea, para respaldar la identidad entre un uso doméstico, con un uso agropecuario”.
De no menor gravedad es el hecho de que “se disminuye injustificadamente el radio de protección de pozos”, ya que el artículo 24 de la propuesta ordena que “se debe guardar una distancia de retiro de seguridad operacional del pozo hasta de diez metros (10 m) de radio”, mientras que la actual Ley de Aguas establece 40 metros.
A parte de considerar que se trata de una “regresión manifiesta”, Sagot cuestionó “¿de dónde salió el número 10 metros de radio y por otro lado, cuáles son los efectos ambientales de esa disminución del área de protección? A la fecha no existe ninguna valoración en esa línea”.
Otro problema grave tiene que ver con los sitios de nacientes captadas, que actualmente se establece un área de reserva en favor del Estado de 200 metros de radio, pero el proyecto en su artículo 21 más bien impone “el área de un cuadrado de treinta metros (30 m) de lado que bordea el manantial de flujo permanente”.
Tal medida en criterio del abogado sería inconstitucional, ya que, de nuevo, “los nuevos parámetros no tienen un sustento técnico que los justifique”. De hecho destacó que “el criterio simplista para hacer la regresión está establecido en la parte inicial del proyecto”.
En efecto, en el texto introductorio al articulado que constituiría la nueva ley, se apunta que “la dimensión, distribución y disposiciones de la normativa legal tradicional de las actuales áreas de protección no han sido efectivas en su implementación; por tanto, existe una desprotección del agua a partir de la inacción efectiva de estas, lo cual constituye una limitante grave a la propiedad y al desarrollo”.
Otros aspectos preocupantes señalados por Sagot tienen que ver con que la iniciativa de ley no incluye ninguna propuesta concreta de mecanismos de participación ciudadana, o que dentro de los principios generales de tutela del recurso hídrico no se incluyó el in dubio pro agua.
Ese principio, tal como se consagró en el 8o Foro Mundial del Agua de Brasília de 2018, establece que “en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante las cortes deberán resolverse, y las leyes aplicables interpretarse, de la manera en la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados”.
Este proyecto ocupa el doceavo lugar en la agenda de la próxima sesión de la Comisión de Ambiente, el próximo 11 de abril, y se estima que seaa dictaminado el 1 de junio.
