La Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar emitió un comunicado en el cual planteó la necesidad de impulsar una nueva reforma a las pensiones del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), que incluye básicamente aumentar las cuotas y monto de las contribuciones para jubilarse, reducir la pensión al finalizar la vida laboral, reducir las cargas laborales a los empleadores, entre otras.
De acuerdo con el economista y catedrático Leiner Vargas, esta propuesta de reforma es totalmente inaceptable porque les impondría a los trabajadores, no solo que acepten que les rebajen el valor de que ya reciben, sino también que cedan en situaciones de crisis a que baje el monto de su jubilación.
La propuesta plantea aumentar el número de cuotas de 300 a 360, elevar los porcentajes de contribuciones a 15%, mientras hoy se aporta un 11,16%, con lo que la Superintendente asegura que aumentaría en alrededor de 40% los ingresos del régimen IVM.
Asimismo, plantea que se unifique la cuantía básica de pago de pensiones a un 45% del promedio de los salarios recibidos y que se incremente el rebajo que hacen a los pensionados para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a un 5%.
Adicionalmente, establecer un mecanismo que permita revalorizar las pensiones por debajo de la inflación cuando el régimen se encuentre en una razón de solvencia menor al 70%, es decir, bajar las pensiones.
“Piden a los trabajadores que acepten en situaciones de crisis que les paguen pensiones por debajo de la inflación, inmediatamente significaría llevar a los pensionados a una condición económica paupérrima y en el fondo lo que quiere la Superintendente es que la clase trabajadora asuma las pérdidas en las que incurrieron las operadoras de pensiones entre junio de 2022 y agosto de 2023, que precisamente estaban bajo su control”, cuestionó Vargas.
Agregó que esta iniciativa es carente de propuestas que no afecten a las personas pensionadas y que podrían solventar la sostenibilidad del régimen, como la posibilidad de que se complemente el sistema nacional de pensiones con recursos de explotación del oro u otros minerales o el aprovechamiento de que se cobre impuesto un solidario a las zonas francas por un período de tiempo y eso permita a la seguridad social fortalecerse.
Por su parte, el economista Luis Paulino Vargas señaló que la SUPEN parte de la premisa que los sistemas de pensiones que administra la Caja son financieramente insostenibles y que la única forma de resolverlo es por medio de restricción de derechos y el deterioro del poder adquisitivo de los pensionados.
“Es una propuesta enteramente regresiva. Ese sesgo restrictivo se visualiza en múltiples aspectos: más cuotas; contribuciones más altas; una menor tasa de sustitución; deducción del seguro de salud; ajustes por debajo de la inflación, es a todas luces un ataque en toda la línea contra las condiciones de vida de la población mayor”, indicó el experto.
Con respecto al planteamiento de reducir las cargas a los empleadores, a fin de impulsar una mayor formalización, Vargas fue enfático en que en los últimos 15 meses la informalidad se redujo considerablemente, mientras se perdían centenares de miles de empleos.
Vargas dijo que estas problemáticas de carácter estructural deberían suscitar algún abordaje más serio y que la SUPEN debería formular propuestas de reforma legal que ataquen esos problemas.
“Está claro que Costa Rica está siendo empujada hacia un proceso de agravada regresión que implica deterioro de los derechos de la población. Estas propuestas se insertan dentro de esa racionalidad. Nuestro proyecto de país es ya inviable, y con este tipo de propuestas va camino del desastre”, concluyó.
