Una mayor laxitud en la definición de los proyectos de construcción que requerirán evaluación de impacto ambiental, así como la exclusión de ese proceso de las actividades agropecuarias, son parte de los principales argumentos que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) esgrimió para recomendar que se rechace la propuesta del nuevo Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental (Recsa), de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
El Conare conformó una comisión especialmente para estudiar el Recsa y el también propuesto Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Mecsa), que lo acompaña. El informe elaborado por esa instancia fue divulgado este lunes, tras ser enviado a Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta de Setena.
Esa instancia involucra a representantes de diferentes ministerios, colegios profesionales y los sectores empresarial y ambientalista, y existe para dar apoyo técnico a la Secretaría en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de evaluación de impacto ambiental. .
Sin tapujos, el documento recomienda “rechazar la propuesta de Recsa presentada, puesto que alberga una cantidad importante de inconsistencias que están alejadas de la ciencia y la técnica, y por las evidentes transgresiones, por acción u omisión, del derecho de participación pública y el derecho de información, así como a la normativa en protección ambiental, cultural y patrimonial vigente”.
En ocasión de ello, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) dio a conocer un intercambio de cartas con la ministra de Ambiente y Energía Andrea Meza, en el que plantearon también varias objeciones a la que en un comunicado calificaron como “una propuesta de las cámaras empresariales”.
La Fecon coincidió en destacar la exclusión de las actividades agropecuarias de los procesos de evaluación ambiental. Según detalló su presidente, Danny Villalobos, ello contradice el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual apunta que todas las actividades que impacten el medio ambiente deben ser evaluadas por la Setena.
Villalobos dijo que, además, la propuesta “amenaza principios” de esa legislación, como “el capítulo sobre el agua y recuperación de ecosistemas degradados”, ya que según alegó se imponen umbrales o parámetros en los que las concesiones de aprovechamiento de agua son consideradas “de bajo impacto ambiental”, lo cual “pone a los ecosistemas acuáticos y humedales en condición de vulnerabilidad”.
“En realidad, todo el Recsa no tiene razón de ser, lo más preocupante es que se ha desarrollado por intereses sectoriales, sobre todo de cámaras constructoras y con una visión sesgada del ambiente. En general, la redacción del reglamento no avanza absolutamente nada respecto a lo que tenemos actualmente y se inclina a favorecer intereses particulares”, insistió.
Llama la atención en ese sentido una publicación en el sitio de la Cámara Costarricense de la Construcción que data de marzo de este año, en la que apunta que busca “un cambio radical en Setena”, a la que acusa de “ineficiencia, atrasos en la resolución de los trámites, subjetividad y burocracia”.
Villalobos también apuntó que las organizaciones ambientalistas tienen “gran preocupación” por el Mecsa, pues “prácticamente cambia el espíritu de la evaluación de impacto ambiental, a una evaluación económica del impacto ambiental, hace una relación costo beneficio en donde a un proyecto se le saca estimación de impacto económico positivo que tendría, versus impacto económico sobre el ambiente, eso deja abierta la evaluación a la especulación que muchos desarrollistas plantean siempre para tener un balance positivo al final de los cálculos”.
Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, quien participó en la comisión de Conare, subrayó que “desde la ciencia y la técnica, quién mejor que las universidades puede manifestarse; el trabajo que hicimos desde la comisión sacó como resultado que (el Recsa) no es viable”.
Sagot consideró que uno de los aspectos que “en realidad impresionan más de las falencias del Recsa” es precisamente dejar por fuera, o para regular en el futuro, todo lo que tiene que ver con procesos agrícolas.
Criticó que se deje por fuera a “desarrollos como la piña y otros por el estilo, que generan alto impacto en las comunidades, lo vimos no solo en aspectos sociales durante la parte más dura de la COVID-19, también en cuanto a efectos en mantos acuíferos, por la contaminación que se genera en los procesos agrícolas”. Por ello, dijo que “dejarlos al arbitrio de los mismos productores me parece de las situaciones más ejemplificantes de irregularidades que se pueden estar dando” y calificó esa iniciativa en particular como “una regresión con letra mayúscula y en negritas”.
Propuesta “viable”
Consultada al respecto, la ministra de Ambiente Andrea Meza reconoció que “hubo de parte de Conare una puesta sobre la mesa de su análisis, y en este momento tomamos los insumos de los distintos actores y queremos generar un marco coherente”.
Meza consideró que la propuesta de Recsa y Mecsa “es viable y todos hemos visto que necesitamos avanzar en digitalización, en transparencia y trazabilidad, porque eso es fundamental para dar seguridad jurídica y aclarar cosas, pero también para temas ambientales, porque hay que reforzar muchísimo los elementos de monitoreo y de control de ese monitoreo, que es mucho la apuesta conceptual que se tiene cuando hablamos de hacer ajustes y mejoras a ciertos marcos”.
En ese sentido, apuntó “ahora hay muchas cosas a nivel de tramitología que al final no repercute en hacer mejoras en el seguimiento y monitoreo ambiental. Eso no es bueno para el ambiente, no es bueno para los inversionistas, no es bueno para nadie”.
Ante la pregunta de para cuándo le gustaría ver aprobado el nuevo reglamento, Meza apuntó que “el compromiso nuestro es que nosotros como Ministerio vamos a poner sobre la mesa una propuesta a partir de lo que estamos viendo y analizando. Sabemos que hay una urgencia de tiempo, pero necesito verlo con mi equipo técnico”.
Cartas de discordia
Según recordó la Fecon, mediante un comunicado, desde 2018 se planteó la reforma al reglamento de Setena, ahora conocida como Recsa y su correspondiente manual de términos de referencia, el Mecsa.
Tras la oposición de activistas del medio ambiente, la administración Solís Rivera desistió de llevar adelante la propuesta, pero fue retomada por el actual gobierno, que envió la “propuesta empresarial” a la Comisión Mixta de Setena.
“Ahora el proceso de análisis en la Comisión Mixta ha acabado y próximamente le toca a la nueva ministra de ambiente, Andrea Meza, recibir las recomendaciones sobre esta modificación y decidir el destino de dicha propuesta”.
Por ello, Fecon divulgó este lunes una carta que envió a Meza desde el 1 de octubre, en que puntualizó sus 14 objeciones, entre ellas se puede destacar que la propuesta de Recsa y Mecsa “no contempla mejoras en la gestión del patrimonio arqueológico nacional, ni en cuanto al diagnóstico ni mucho menos en cuanto al control y seguimiento. Al contrario: esta propuesta constituye una amenaza”.
También apuntaron los ambientalistas que, en la propuesta, “la participación social en la evaluación de proyectos es poco aplicable y no existe mecanismo para que las comunidades y personas afectadas por los proyectos sean escuchadas”.
La respuesta de Meza tiene fecha del 21 de octubre y también lleva la firma de Cynthia Barzuna, secretaria técnica de la Setena. En ella, tras acusar recibo, la Ministra informó que la discusión en la Comisión Mixta se retomaría “a partir de la entrega del producto por parte de Conare”.
Además, se expresó la buena voluntad de que “nos gustaría abrir un espacio de diálogo puntual con el sector ambiental, específicamente”, para lo cual “les estaremos convocando formalmente”.
Sin embargo, al ser abordada al respecto mes y medio después de recibir la carta de Fecon, Meza replicó que “no he visto la carta, no me puedo referir. Tengo que verla”.
