La pretensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de eliminar mediante un decreto las regencias veterinarias de las plantas de sacrificio de animales para el consumo humano, así como de las plantas de procesamiento y producción de alimentos, tales como lácteos, pescado y carnes, “atenta contra la salud pública”.
Así lo señalaron a UNIVERSIDAD diversos expertos consultados sobre el tema, a quienes les preocupa que se haga realidad la propuesta de decreto “Implementación del Personal Inspector Autorizado por Senasa en establecimientos de sacrificio de animales”, la cual es impulsada por el ministro del MAG, Victor Carvajal.
“Esto sería contraproducente para la salud pública porque los regentes médico veterinarios son los que vigilan por la inocuidad de los alimentos, que la pasteurización sea correcta, que el agua sea potable, que las cámaras de refrigeración existan y sea la temperatura adecuada, etc”, indicó el epidemiólogo y médico veterinario de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, sobre la propuesta de decreto, la cual fue publicada para consulta pública en el sitio web del MAG a principios de julio, y consta de nueve artículos.
La inocuidad se refiere al conjunto de medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos, con las cuales se asegura que, una vez ingeridos, no representan un riesgo para la salud.
El epidemiólogo agregó también que si las personas se enferman por productos de origen animal que no guardan inocuidad, toda la sociedad sufre las consecuencias de forma directa e indirecta.
De forma directa, quien enferma puede tener complicaciones desde leves hasta fatales; sin embargo, también se puede dar una pérdida de tiempo lectivo, incapacidades, y gasto de bolsillo en atención de la enfermedad, etc. Además, el sistema de prestación de salud puede ser “desbordado” por personas que deben ser atendidas por diarreas, reacciones alérgicas, enfermedades zoonóticas como brucelosis, tuberculosis, parasitosis diversas, etc.
La Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios establece que todas las actividades vinculadas al sector requieren de la supervisión de un regente veterinario.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año en todo el mundo se producen 600 millones de casos de enfermedades producidas por los alimentos y 420 mil muertes. El 30% de las muertes transmitidas por alimentos ocurren entre niños menores de cinco años.
Más críticas
El Colegio de Médicos Veterinarios se unió a las críticas indicando que la propuesta de decreto “pone en riesgo la salud pública”. Sobre esto, por ejemplo, destacaron que el texto delega las inspecciones de inocuidad alimentaria en plantas de lácteos, embutidos, pescado y sitios de matanza en “técnicos” que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) autorizaría en vez de veterinarios.
Sobre Senasa, los veterinarios indicaron que desde su creación este ha tenido recursos humanos y presupuestarios insuficientes para fiscalizar 3.000 establecimientos vinculados al sector. Por esta razón, el Colegio ha sido un aporte en la protección de la salud pública mediante la figura de las regencias y la fiscalización de estas.
“Desde la creación del Senasa, la fiscalización de establecimientos y regencias se ha realizado por ambos entes según las capacidades de cada uno. Siendo el Colegio quien realiza entre tres a cuatro visitas anuales a las regencias, protegiendo a la sociedad costarricense ante la poca capacidad de penetración en el campo del Senasa”, agregaron los veterinarios, quienes mencionaron que las unidades formadoras de técnicos veterinarios no cuentan con mallas curriculares estandarizadas y obligatorias.
Asimismo mencionaron que ven “incoherente que al Senasa se le atribuyan más obligaciones, cuando “nunca ha sido capaz de lograr solventarlas exclusivamente por su cuenta”.
“Se argumenta un propósito de corrección jurídica y de normativa alegando además un ahorro al productor en sus costos y al pueblo costarricense en el precio del mercado de estos productos; sin embargo, ¿a qué costo? ¿sacrificando la salud pública”, manifestaron los veterinarios.
Por su parte, el expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, José Ramón Molina, indicó estar preocupado por esta pretensión del MAG, la cual, en su perspectiva, va en detrimento de la salud pública.
“No es una cosa política ni económica, sino una cuestión de salud pública, de seguridad de los consumidores costarricenses”, acotó Molina.
“(…) Si usted me dijera -hablando de regencias-, el costo de inspección de obras de infraestructura y construcción es muy alto y entonces para que la construcción sea más barata, quitemos las regencias, se nos van a caer todas las casas cuando se venga un temblor”, comparó Molina.
Gobierno se mantiene firme
El pasado 3 de agosto, el MAG y el Senasa reiteraron, mediante un comunicado de prensa, su pretensión por realizar un cambio en la normativa y así corregir un “error histórico”.
En esa línea, indicaron que pese a la creación de Senasa en 2006, aún se mantiene la figura de las regencias pagadas al Colegio, lo cual es “contrario a lo recomendado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, en lo que respecta a la necesidad de garantizar el principio de independencia de los inspectores sanitarios y evitar que estén sometidos a la presión comercial, financiera, jerárquica, política o de otro tipo que pueda influir en su juicio o en sus decisiones”.
Asimismo agregaron que de esta forma al Senasa le tocará ahora supervisar y garantizar la higiene e inocuidad de los alimentos de origen animal; y al Colegio, la supervisión del comportamiento de sus agremiados.
Finalmente, las autoridades de Gobierno externaron que la propuesta de decreto “tiene sustento técnico”, y facilitará a los pequeños productores sus emprendimientos, “al disminuir costos de producción, pero sin disminuir controles ni regulaciones”.
