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Prodhab contradice su propia resolución y ahora dice que medida cautelar contra Banco Central sigue vigente

Rivera fue cuestionada sobre qué son datos sensibles y concluyó que por sí mismos los datos crediticios no son sensibles, sino que pueden formar, junto con otras informaciones socidemográficas o financieras, parte de un perfil socioeconómico.

La directora nacional de la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB), Wendy Rivera, contradijo esta tarde una resolución emitida por esa entidad y firmada por ella misma, indicando que la medida cautelar que obliga al Banco Central de Costa Rica  a suspender la solicitud de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) está vigente.

En una comparecencia ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, la funcionaria dijo que lo que está suspendido a causa de que la Sala Constitucional está conociendo el tema, es el acto de resolución final y no así, la medida cautelar, como lo han entendido las autoridades del mencionado banco.

En la resolución del 5 de setiembre, sin embargo, se detalla que en agosto “mediante resolución N°697-2023” se dictaron medidas cautelares.  Al final de ese documento, textualmente, la agencia resuelve suspender “el conocimiento, análisis y cualquier tipo de resolución del procedimiento de protección de derechos que se tramita en esta agencia”. Además detalla que esa suspensión se mantendrá activa “hasta tanto la Sala Constitucional no se pronuncie respecto al fondo de la acción de inconstitucionalidad”.

Así, la jerarca puso en entredicho su propia resolución y las consecuentes interpretaciones que se han hecho de la misma, por ejemplo, la que hizo la División de Asesoría Jurídica del Banco Central, cuando indicó a la gerente general que “no existe una orden de carácter judicial o administrativo que restrinja al Banco Central de hacer uso de la prerrogativa que le otorga la ley de solicitar información con fines estadísticos”, el pasado 14 de setiembre.

También durante su comparecencia Rivera fue cuestionada sobre qué son datos sensibles y concluyó, como lo han hecho las autoridades del mismo banco, que por sí mismos los datos crediticios no son sensibles, sino que pueden formar, junto con otras informaciones socidemográficas o financieras, parte de un perfil socioeconómico.

Varios diputados, especialmente los liberacionistas Francisco Nicolás y Andrea Álvarez, trataron de que la funcionaria dijera que sí se trataba de datos sensibles, pero a lo más que llegó Rivera fue a decir que un listado que le leyó Álvarez eran datos “podían ser parte” de un perfil socioeconómico de las personas, que es lo que está protegido por ley.

Tras la comparecencia de la jerarca, compareció José Antonio Hidalgo, abogado de Latamlex (bufete que representa los intereses de la  Asociación Bancaria Costarricense, ABC) pero como presidente de Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu) quien defendió al accionar de Sugef (que se ha resistido a entregar la información solicitada) y consideró que el BCCR había actuado fuera del marco de la ley.

Los legisladores coincidieron con el compareciente en varias de sus consideraciones y le pidieron sus consideraciones sobre qué eran datos sensibles, a lo que dijo que los datos financieros lo eran.

El oficialista Daniel Vargas le preguntó cómo podría funcionar un sistema de control de riesgo financiero si la gente no compartiera información con las entidades bancarias y las autoridades, a lo que Idealización dijo que en ese caso “el usuario tendría interés” en que los bancos tuvieran los datos.

Hacia el cierre de la comparecencia Vargas le pidió detallar a Hidalgo la relación entre la asociación que supuestamente representa, el bufete para el que trabaja y la ABC. El compareciente, sin un ápice de sonrojo, admitió que toda la junta directiva de la asociación de “consumidores” está integrada por “compañeros de oficina”, es decir, que todos trabajan para la firma que defiende los intereses de los bancos.

“Entonces lo encontramos con muchos frentes”, dijo Vargas y de seguido cuestionó cómo separaba los intereses de los consumidores de los de sus clientes en el bufete. Hidalgo descartó que hubiera algún conflicto de interés y afirmó que puede representar a los consumidores porque “ tengo chequeras, tengo cuentas” en bancos.

 

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